La denunciante sostiene que se sintió vulnerada en su honor al ser identificada como una de las personas que adulteraron boletas

La denunciante sostiene que se sintió  vulnerada en su honor al ser identificada como  una de las personas que adulteraron boletas

El resultado del auto de procesamiento historia cómo se consustanció el juicio, señalando:
Con fecha 5 de abril del corriente se presentó en esta Sede la Sra. D. S. A. (Dayana Añasco) promoviendo denuncia por el delito de difamación cometido a través de medios de prensa contra el Sr. A. L. P. (Andrés Lima Proserpio) en su calidad de intendente de Salto. En síntesis, advierte que en su calidad de edil de la Junta Departamental, se sintió

Dayana Añasco, flanqueada por uno de los abogados defensores ingresa al juzgado ayer

Dayana Añasco, flanqueada por uno de los abogados defensores ingresa al juzgado ayer

vulnerada en su honor cuando el Sr. intendente, el pasado 9 de marzo del corriente, brindó una conferencia de prensa a medios radiales, escritos y televisivos, tanto de difusión local como nacional, identificándola como una de las tres autoras de una maniobra de adulteración de boletas, -aumentando su valor o precio- en oportunidad de llevarse a cabo un Congreso de Ediles en la ciudad de Rivera.
“CARGADA DE MALICIA”
Considera que lo “lógico” era que se procediera a realizar una investigación administrativa (cumpliendo así con lo que establece el Decreto Departamental 5940/1997, sobre investigaciones y sumarios) y en caso de detectarse alguna irregularidad que así lo ameritara, se denunciara la misma ante la justicia, siendo innecesaria y cargada de malicia, la conferencia de prensa realizada. Por otro lado, agrega que unos días después –pero antes de culminarse la investigación interna- durante la realización de un Congreso de Intendentes, el Sr. L. P. declaró ante la prensa -y en especial ante un medio del departamento de Río Negro,- que por participar en el evento de febrero y al ser tres personas (entre ellos la denunciante) podría configurarse en su contra el delito de “Asociación para Delinquir”. También indica que una vez finalizada la investigación interna que realizó la Intendencia, el denunciado invita o convoca a otra conferencia de prensa en la que da a conocer el “resultado o conclusiones de la misma”, expresándose -respecto a quien denuncia-, que no se presentó nunca ante la citación del funcionario instructor. Entiende la promotora que la actitud “maliciosa” del denunciado se ve acentuada al ostentar el título de Doctor en Derecho, extremo que lo coloca en alto grado de consciencia sobre las eventuales consecuencias que provocarían sus dichos.
ENFRENTAMIENTO LIMA – PERTUSSATI
Manifiesta también que a través de las expresiones del denunciado, se la expuso públicamente con una sola finalidad de índole político, pues hay un incipiente enfrentamiento entre el Sr. L. P. y el presidente de la Junta Departamental de Salto, dado que se disputarían la candidatura interna a la presidencia del Frente Amplio a nivel departamental. Insiste así en que el intendente – con la conducta que da mérito a la denuncia- antepuso lo “político sobre lo jurídico”. Concluye que se actuó con desprecio hacia su persona, provocando en la sociedad un rechazo permanente hacia ella, pues luego de darse a conocer su nombre públicamente, recibió un “aluvión” de dichos e insultos a través de las redes sociales, cuestionándola a nivel familiar y social, dañándola tanto en su incipiente carrera política, como universitaria, pues cursa estudios en la UDELAR- Regional Norte. Ofrece prueba de sus dichos (documental y testimonial), funda el derecho con fragmentos doctrinarios y normativa relacionada (arts. 333 y siguientes del Código Penal y ley 16.099), peticionando que luego de tramitadas las diferentes etapas del proceso, se condene al denunciado por el delito de difamación (fs.12 y sig). II) Por Decreto Nro 931/2016, se ordena la intimación al denunciado a que designe Defensor, bajo apercibimiento de nombrársele el de Oficio que por turno corresponda y se convoca al mismo, a la denunciada y al Ministerio Público a la audiencia de precepto (art. 35 de la ley 16.099), disponiéndose además sobre los medios de prueba ofrecidos en el escrito inicial. (fs.28). III) A fs. 77 y 80, obra la comparecencia del Dr. A. L. P., quien en tiempo y forma (por encontrarse los autos de manifiesto), nombra abogado Defensor al Dr. Claudio Opazo, solicitando se diligencie en audiencia prueba testimonial, prueba por informes al Hotel Petit de Rivera y se agregue como prueba trasladada, el testimonio de la denuncia que oportunamente se promovió en esta misma sede, luego de finalizada la instrucción administrativa. A todo lo cual se hizo lugar por providencia Nro 966/2016. (fs.81). IV) Abierto el acto (fs.124 y siguientes, 162 y siguientes, 225 y siguientes, 247 y siguientes, 287 y 296, respectivamente) se contó –y se dejó constancia en acta por las Actuarias de la Sede- con la presencia de la denunciante asistida de sus dos letrados, del denunciado asistido de su designado Defensor y del Ministerio Público debidamente representado.
Asimismo y ante la presencia –en todas las oportunidades- de varios medios de prensa escrita, radial y televisiva de difusión local y nacional, se hizo uso de las potestades establecidas en el art. 36 de la ley 16.099, por lo que las audiencias no fueron públicas, permitiéndose sí el ingreso a la Sala de todos los comunicadores y periodistas presentes por el término de diez minutos – y al inicio de cada acto- a los efectos de que puedan registrar imágenes. Por otro lado, y para otorgarle transparencia y garantías al proceso y a las partes, se resolvió por este proveyente contar con la presencia de personal de Policía Científica, quienes registraron en soporte digital todas las audiencias. V) Culminada la instrucción probatoria, conferido el traslado respectivo al Ministerio Público, su representante historió los hechos en forma detallada, relacionó los medios de prueba obrantes en autos, citó doctrina, jurisprudencia y dedujo formal acusación contra el Sr. A. L. P. (fs. 280 a 286), solicitando que se lo condenara a la pena de diez (10) meses de prisión, siendo además de su cargo las obligaciones legales de rigor (art.105 lit e del Código Penal) como autor penalmente responsable de un delito de difamación cometido a través de un medio de comunicación.
EL FALLO
fallo: condénase al Sr. A. L. P. como autor penalmente responsable del delito de difamación cometido a través de medios de comunicación, a la pena de ocho (8) meses de prisión, con descuento de la preventiva no sufrida y poniendo a su cargo las accesorías legales de rigor (art. 105 lit e del código penal). Conforme lo establece el art. 11 de la ley 17.726, concédesele a L. P. el beneficio de la suspensión condicional de la pena, al que podrá optar en el término de diez días hábiles, quedando el encausado sujeto a la vigilancia policial por el término legal, intimándosele la constitución de domicilio a esos efectos, haciéndole conocer las obligaciones que le imponen los arts. 102 y 126 del Código Penal. consentida o ejecutoriada, comuníquese al Instituto Técnico Forense, a la Corte Electoral, a la Suprema Corte de Justicia (art. 140 de la ley 15.750), a la Junta Departamental de Salto y a la Jefatura de Policía de Salto; liquídese la pena; elévese en consulta si correspondiere y resérvense por el término de la vigilancia.