“La falta de claridad, plantea distintas interpretaciones que generan inseguridad jurídica”, se sostuvo en la Proclama

Escribanos movilizados ante entrada en vigencia de ciertos artículos de la Ley de Inclusión Financiera

El pasado lunes 19, una multitudinaria concentración tuvo lugar en Plaza de los Treinta y Tres Orientales, en respaldo a los reclamos efectuados por la Asociación de Escribanos, en el marco de la entrada en vigencia el próximo 1º de abril, de ciertos artículos de la ley de Inclusión Financiera, que afectaría seriamente a la profesión, debido a las sanciones desmedidas que establece la ley, que puede llegar hasta la desinvestidura por cuatro años. EL PUEBLO estuvo presente en dicha instancia, obteniendo la palabra de miembros de la directiva de dicha institución.

Escribana María Julia Weston
Pedir una prórroga para la entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41 de la Ley 19210 de Inclusión Financiera, porque la Asociación de Escribanos entiende que no están dadas las condiciones, ya que el país no está preparado para tan importante cambio.
La ley en sí es buena, aunque tiene cosas a cambiar. Lo que hay que destacar es que, a partir del primero de abril, toda compra que usted realice, así sea un bien mueble o inmueble, mayor a 40 mil UI (Unidades Indexadas), que hoy en día sería el equivalente a unos U$S 5.000, tienen que pagarse necesariamente por los métodos o por los medios que la ley exige.
Su dinero tiene que estar bancarizado; usted no puede pagar más al contado. Se tendrá que pagar con cheques cruzados no a la orden; con letra de cambio; transferencia de cuenta a cuenta; transferencia dentro del mismo banco. Eso acarrea perjuicios; y además, la ley establece que si usted, por ejemplo, hace una compraventa y tiene una transferencia de banco a banco, su dinero no se acredita enseguida, y la ley le está dando carta de pago, y eso puede acarrearle perjuicios al vendedor.
Existe una multa y es muy importante; puede llegar hasta la desinvestidura temporaria de 4 años del Escribano. Imagínese que, si compra un inmueble de U$S 100 mil y quiere pagar al contado porque no tiene tiempo y no puede ir hasta el banco; usted, pagando una multa equivalente al 25% del precio, su negocio se subsana; pero al Escribano, lo suspenden.
Debemos aclarar que tanto el comprador como el vendedor, son solidariamente responsables por el dinero entregado en efectivo. Peo, el Escribano, tiene sanciones muy graves.
Esta ley está desde el año 2014 y, desde ese entonces, la Asociación ha sido convocada en diversas oportunidades, hemos concurrido al Parlamento, incluso, ahora, se está redactando un proyecto que va a ser enviado al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ec. Balcorba.

Escribana Mariela Soto
Si la ley 19210 de Inclusión Financiera entra en vigencia, tal como está previsto, a partir del 1º de abril próximo, ninguna operación superior a 40 mil Unidades Indexadas (UI), que son aproximadamente unos U$S 5.000, deberá efectuarse por pago bancarizado.
Nosotros entendemos que, en este momento, la gente del interior, en particular la de Salto, no tenemos la infraestructura suficiente para poder hacer frente a lo que viene, a lo que está previsto en la ley.
Con esto no queremos decir que la ley sea mala, ni que nos perjudique; en este momento, no es posible, por lo menos desde el interior, cumplir con las disposiciones que la ley establece; por eso los hemos convocado, porque estamos, una vez más, pidiendo que se prorrogue la entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41de la ley.
Escribano César Da Cunda
Deseamos aclarar algunas cosas que no son correctas sobre el tema, que circulan vía whats app. Las operaciones de compraventa que se realicen de vehículos automotores e inmuebles, en su operativa, es igual. Lo que cambia, es la forma de pago, donde los escribanos vamos a tener que documentarlo de otra forma.
Luego, lo que respecta a las transmisiones por sucesiones, se darán de la misma forma que se vienen dando hasta ahora y lo decimos porque andaban diferentes comentarios al respecto que no son ciertos.
Las sucesiones se transmiten a los familiares, de la misma forma en que se vienen haciendo hasta el momento.
Lo mismo sucede con las donaciones; éstas son contratos que habitualmente no se usaban mucho, y a partir de ahora, se van a usar, pero no sin ningún problema, tal cual está estipulado ahora.
Por lo tanto, recomendamos a toda la sociedad, que vaya a su Escribano de confianza, realice todas las consultas, puesto que se las van a evacuar y de esa forma evitamos los comentarios que tergiversan la información.
También, desde la Directiva de la Asociación, queríamos recomendar a quienes hayan comprado vehículos o inmuebles, sobre todo vehículos, y que ya han hecho el pago –hay muchos automotores en esa situación-, que el Escribano le va a transmitir, de que si lo solucionan o normalizan el título antes del 1º de abril, lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema.
Por eso, reiteramos, que se consulte ante cualquier duda, que es la forma de estar tranquilo y de proteger sus bienes.
PROCLAMA
Es imprescindible prorrogar la entrada en vigencia de algunas disposiciones de la Ley de Inclusión Financiera, porque se aprecian defectos de técnica legislativa que deben corregirse tanto en la ley como en el decreto reglamentario.
Una ley de esta magnitud, debe evitar tropiezos a la hora de su aplicación. La falta de claridad, plantea distintas interpretaciones que generan inseguridad jurídica.
La Asociación de Escribanos del Uruguay y otras gremiales, desde el inicio, han planteado observaciones, algunas de las cuales no han sido recogidas.
El país no tiene aún la infraestructura necesaria para instrumentar todos los cambios proyectados, y el sistema bancario uruguayo, no está preparado ni es accesible a toda la población.
A modo de ejemplo, el propio Banco República del Uruguay, en el año 2017, ha cerrado o fusionado sucursales, la mayoría en el interior del país; de igual forma ha sucedido con la banca privada.
Existen cajeros y buzoneras que se encuentran fuera de funcionamiento y tienen horarios limitados.
Hace mucho tiempo, las entidades gremiales, estamos trasmitiendo esta problemática. Hemos hecho planteos como correspondía, y no se han visto las soluciones esperadas. Entonces, ¿qué ha cambiado dese la última prórroga concedida?; ¿por qué las autoridades entienden que ahora sí están dadas las condiciones y no habrá ningún inconveniente?
Los escribanos uruguayos, garantes de la seguridad jurídica con la que se construye la tan preciada paz social, consideramos inadmisible, que quien quiera lavar dinero tenga la opción de pagar una multa lograr su fin; es antijurídico y por tanto inadmisible, establecer como opción, ante un negocio inexistente, el pago de una multa que pretende subsanar el incumplimiento de la norma.
La población de menores ingresos, es la que tiene mayores dificultades para abrir una cuenta bancaria. Es necesario aumentar el monto mínimo establecido para operar con efectivo.
Los escribanos podemos perder nuestra fuente de trabajo, debido a las sanciones desmedidas que establece la ley, que puede llegar hasta la desinvestidura por cuatro años.
Exigimos a las autoridades vinculadas al tema, una mesa de diálogo con todos los sectores involucrados.







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