La Fiscalía pidió el sobreseimiento de los tres dirigentes de ADEOMS que fueron denunciados por delito de difamación

La Fiscalía pidió el sobreseimiento de los tres dirigentes de ADEOMS que fueron denunciados por delito de difamación
Luego de haber escuchado a las partes, a los testigos y a los representantes de los medios de comunicación que fueron citados por reproducir las denuncias de acoso laboral y represión sindical  que la presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS), Mónica Rodríguez, había proferido en el acto del 23 de abril por el Día de los Municipales contra dos funcionarios catalogados como “mandos medios” de las termas del Arapey y Daymán, y que luego el secretario general de dicha organización, Antonio Rodríguez, así como también el directivo del sindicato de municipales, Juan Carlos Gómez, reprodujeron en otras oportunidades y a raíz de lo cual fueran pasibles de una denuncia de difamación, el fiscal letrado de 3º Turno, Ricardo Lackner, solicitó ayer el sobreseimiento de los denunciados.
En una instancia judicial cumplida en las primeras horas de la tarde de ayer, en la sede del juzgado letrado en lo Penal de 2º Turno, a cargo del Dr. Ismael Falco, el representante del Ministerio Público y Fiscal, que en el proceso penal es el titular de la acción punitiva, entendió que en el caso de la denuncia por difamación que le reclaman a los principales dirigentes de ADEOMS, no se han presentado “méritos suficientes” como para establecer la existencia de una acción delictiva que encuadre en el tipo penal reclamado, en este caso la difamación.
En ese aspecto, el fiscal entiende que los representantes sindicales deben ser sobreseídos, lo que implica que el juez deberá decidir entre dictaminar conforme a lo que solicita la fiscalía, que es el archivo del expediente o iniciar un proceso por el delito reclamado en caso de dar cabida a lo que solicitan los denunciantes.
SIN MÉRITO
El delito de difamación está establecido en el artículo 333 del Código Penal Uruguayo, donde establece que “El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría, o multa de 80 U.R. (ochenta unidades reajustables) a 800 U.R. (ochocientas unidades reajustables)”.
Sin embargo, la defensa de los denunciados, hizo pesar en el transcurso de las instancias judiciales que se sucedieron, distintos argumentos que incidieron a la hora de que el representante del Ministerio Público y Fiscal, evalúe qué determinación tomar en este caso.
En ese sentido, la libertad de expresión establecida en el artículo 29 de la Constitución de la República, la ley 16.099 sobre libertad de prensa y la ley de promoción y protección de la libertad sindical Nº 17.940, fueron fundamentos jurídicos esgrimidos por la defensa de los sindicalistas para avalar sus expresiones, encasillándolas en el marco de denuncias sindicales por parte de representantes de los trabajadores afectados.
En ese sentido, se trata de agentes que están legitimados para actuar en nombre y representación de los intereses de los trabajadores comprendidos en el sindicato al que pertenecen y además, refutaron  el hecho de que los representantes del sindicato, que en ese momento formularon públicamente las denuncias de persecución contra sus afiliados, contaban con las denuncias por escrito por parte de los trabajadores que denunciaron a sus jerarcas, los hoy denunciantes.
Por lo tanto, para la fiscalía quedó relegado el delito de difamación porque la denuncia existe y está en manos de los dirigentes sindicales. En su dictamen, el representante del Ministerio Público y Fiscal, Ricardo Lackner,  sostiene que la aprobación de la ley Nº18.515 que “exime de responsabilidad el que: efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que, por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia”. Esto para Lackner significó “un cambio radical”.
Establece que comparte la manifestación de Edison Lanza (abogado y periodista, director de Cainfo) que impulsó las modificaciones que dejaron establecido como principio general “la inmunidad penal para cualquier ciudadano que ejerza la libertad de expresión para manifestarse sobre asuntos de interés público”, dice el fiscal que todo eso es así “salvo cuando hay real malicia entiendo por tal la que impulsa el accionar referido a aspectos de la vida privada, o las conductas manifiestamente temerarias que suponen la utilización de la falsedad a sabiendas como herramienta de descrédito”.
A su turno, cita la posición del abogado penalista Diego Camaño Viera que dice que “a partir de esta ley (la 18.515) la imposición de un castigo por expresiones deberá ser excepcional, procediendo solamente cuando resulte probado que el actor actuó movido por el exclusivo propósito de agraviar o de afectar la vida privada de una persona. En otras palabras cuando la ofensa haya sido gratuita y perseguida con un fin en sí mismo”.
Asimismo, el fiscal también establece en su dictamen que “resulta evidente que las manifestaciones refieren a una cuestión de interés público, como lo son las relaciones laborales en un servicio de la administración municipal particularmente sensible, por la naturaleza de las tareas que desempeñan sus funcionarios y porque involucra a la actividad turística que distingue al departamento”.
Además Lackner indica a su juicio que “no surge acreditado que las manifestaciones vertidas tuvieran esa aviesa finalidad (la de dañar), ni que se hubieren efectuado gratuita o negligentemente. Por el contrario estima que fueron realizadas con el íntimo y honesto convencimiento de que se encontraban enmarcadas en el ejercicio de la actividad sindical de representación y defensa de los intereses laborales de afiliados que promovieron su intervención, ante la ineficacia comprobada de las actuaciones iniciadas en el ámbito administrativo, con anterioridad y tras aguardar un tiempo prudencial para hacerlo”.
En conclusión y “como derivación lógica de lo expuesto”, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de los denunciados. Firmó la nota el fiscal letrado departamental de 3º Turno, Ricardo Lackner. Ahora, el lunes 16 los denunciantes presentarán los alegatos y el próximo martes 24 de junio, el juez letrado en lo penal de 2º Turno, dictará su resolución sobre este asunto.

Luego de haber escuchado a las partes, a los testigos y a los representantes de los medios de comunicación que fueron citados por reproducir las denuncias de acoso laboral y represión sindical  que la presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS), Mónica Rodríguez, había proferido en el acto del 23 de abril por el Día de los Municipales contra dos funcionarios catalogados como “mandos medios” de las termas del Arapey y Daymán, y que luego el secretario general de dicha organización, Antonio Rodríguez, así como también el directivo del sindicato de municipales, Juan Carlos Gómez, reprodujeron en otras oportunidades y a raíz de lo cual fueran pasibles de una denuncia de difamación, el fiscal letrado de 3º Turno, Ricardo Lackner, solicitó ayer el sobreseimiento de los denunciados.

En una instancia judicial cumplida en las primeras horas de la tarde de ayer, en la sede del juzgado letrado en lo Penal de 2º Turno, a cargo del Dr. Ismael Falco, el representante del Ministerio Público y Fiscal, que en el proceso penal es el titular de la acción punitiva, entendió que en el caso de la denuncia por difamación que le reclaman a los principales dirigentes de ADEOMS, no se han presentado “méritos suficientes” como para establecer la existencia de una acción delictiva que encuadre en el tipo penal reclamado, en este caso la difamación.

En ese aspecto, el fiscal entiende que los representantes sindicales deben ser sobreseídos, lo que implica que el juez deberá decidir entre dictaminar conforme a lo que solicita la fiscalía, que es el archivo del expediente o iniciar un proceso por el delito reclamado en caso de dar cabida a lo que solicitan los denunciantes.

SIN MÉRITO

El delito de difamación está establecido en el artículo 333 del Código Penal Uruguayo, donde establece que “El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría, o multa de 80 U.R. (ochenta unidades reajustables) a 800 U.R. (ochocientas unidades reajustables)”.

Sin embargo, la defensa de los denunciados, hizo pesar en el transcurso de las instancias judiciales que se sucedieron, distintos argumentos que incidieron a la hora de que el representante del Ministerio Público y Fiscal, evalúe qué determinación tomar en este caso.

En ese sentido, la libertad de expresión establecida en el artículo 29 de la Constitución de la República, la ley 16.099 sobre libertad de prensa y la ley de promoción y protección de la libertad sindical Nº 17.940, fueron fundamentos jurídicos esgrimidos por la defensa de los sindicalistas para avalar sus expresiones, encasillándolas en el marco de denuncias sindicales por parte de representantes de los trabajadores afectados.

En ese sentido, se trata de agentes que están legitimados para actuar en nombre y representación de los intereses de los trabajadores comprendidos en el sindicato al que pertenecen y además, refutaron  el hecho de que los representantes del sindicato, que en ese momento formularon públicamente las denuncias de persecución contra sus afiliados, contaban con las denuncias por escrito por parte de los trabajadores que denunciaron a sus jerarcas, los hoy denunciantes.

Por lo tanto, para la fiscalía quedó relegado el delito de difamación porque la denuncia existe y está en manos de los dirigentes sindicales. En su dictamen, el representante del Ministerio Público y Fiscal, Ricardo Lackner,  sostiene que la aprobación de la ley Nº18.515 que “exime de responsabilidad el que: efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que, por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia”. Esto para Lackner significó “un cambio radical”.

Establece que comparte la manifestación de Edison Lanza (abogado y periodista, director de Cainfo) que impulsó las modificaciones que dejaron establecido como principio general “la inmunidad penal para cualquier ciudadano que ejerza la libertad de expresión para manifestarse sobre asuntos de interés público”, dice el fiscal que todo eso es así “salvo cuando hay real malicia entiendo por tal la que impulsa el accionar referido a aspectos de la vida privada, o las conductas manifiestamente temerarias que suponen la utilización de la falsedad a sabiendas como herramienta de descrédito”.

A su turno, cita la posición del abogado penalista Diego Camaño Viera que dice que “a partir de esta ley (la 18.515) la imposición de un castigo por expresiones deberá ser excepcional, procediendo solamente cuando resulte probado que el actor actuó movido por el exclusivo propósito de agraviar o de afectar la vida privada de una persona. En otras palabras cuando la ofensa haya sido gratuita y perseguida con un fin en sí mismo”.

Asimismo, el fiscal también establece en su dictamen que “resulta evidente que las manifestaciones refieren a una cuestión de interés público, como lo son las relaciones laborales en un servicio de la administración municipal particularmente sensible, por la naturaleza de las tareas que desempeñan sus funcionarios y porque involucra a la actividad turística que distingue al departamento”.

Además Lackner indica a su juicio que “no surge acreditado que las manifestaciones vertidas tuvieran esa aviesa finalidad (la de dañar), ni que se hubieren efectuado gratuita o negligentemente. Por el contrario estima que fueron realizadas con el íntimo y honesto convencimiento de que se encontraban enmarcadas en el ejercicio de la actividad sindical de representación y defensa de los intereses laborales de afiliados que promovieron su intervención, ante la ineficacia comprobada de las actuaciones iniciadas en el ámbito administrativo, con anterioridad y tras aguardar un tiempo prudencial para hacerlo”.

En conclusión y “como derivación lógica de lo expuesto”, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de los denunciados. Firmó la nota el fiscal letrado departamental de 3º Turno, Ricardo Lackner. Ahora, el lunes 16 los denunciantes presentarán los alegatos y el próximo martes 24 de junio, el juez letrado en lo penal de 2º Turno, dictará su resolución sobre este asunto.