La Justicia, la Policía, el delito y la “debilidad del sistema”

La falta de coordinación entre el Poder Judicial y la Policía, y las dificultades para establecer condenas rápidas son un obstáculo para enfrentar con eficacia a la delincuencia, según advierte el último Reporte de Economía y Desarrollo (RED) del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
El documento se difunde en una coyuntura en la que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se encuentra enfrentado a la Justicia porque, entiende, asume una actitud pasiva frente a determinados delitos. Esa coyuntura también contiene una realidad que se repite desde hace varios años: cerca de 60% de los presos no tienen condena definitiva.
Bonomi había aprovechado la presentación del reporte del organismo regional realizada el pasado jueves 19 para criticar a la jueza que liberó a dos personas con antecedentes penales que tenían un arsenal en su casa del barrio Ituzaingó.
“Existe una ley de armas que establece que ese tipo de delitos deben ser procesados con prisión y eso no sucedió. Si los actores no se ponen en línea tenemos problemas”, sostuvo el secretario de Estado en esa oportunidad.Por su lado, el documento del Banco de Desarrollo de América Latina dice que “para que haya castigo (a los delincuentes) con la Policía no alcanza”. “Tanto las fiscalías como las cortes judiciales son determinantes fundamentales del castigo esperado porque determinan la probabilidad de que el castigo efectivamente tenga lugar una vez que la persona entró en contacto con el sistema de justicia criminal”, señala el escrito.
“El sistema de justicia criminal es responsable de usar los mecanismos de control del Estado para disuadir el comportamiento delictivo, y de usar la fuerza para impedir e incapacitar a las personas que no logran ser disuadidas. La amenaza del castigo es el mecanismo más poderoso para lograr este efecto, de tal manera que la efectividad en la captura y ejecución de las penalidades sea importante bajo cualquier escenario de prioridades de política pública. Las instituciones que componen la Justicia criminal –la Policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario- se encuentran íntimamente relacionadas, y en la medida en que una de ellas funcione de manera deficiente, el poder disuasivo del sistema en su conjunto se debilita”, señala el escrito.
Luego de que Bonomi criticó la actuación de la Justicia en el caso del arsenal del barrio Ituzaingó, la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado en el que señaló que la jueza que decidió en esa oportunidad “dispuso varias diligencias para profundizar la investigación” sobre las armas incautadas, entre las que se encuentran dos pistolas, miras telescópicas y diversos tipos de municiones. La SCJ sostuvo que “aún no se ha determinado con certeza la procedencia de las armas”, motivo por el que “la investigación continúa”.

La falta de coordinación entre el Poder Judicial y la Policía, y las dificultades para establecer condenas rápidas son un obstáculo para enfrentar con eficacia a la delincuencia, según advierte el último Reporte de Economía y Desarrollo (RED) del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El documento se difunde en una coyuntura en la que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se encuentra enfrentado a la Justicia porque, entiende, asume una actitud pasiva frente a determinados delitos. Esa coyuntura también contiene una realidad que se repite desde hace varios años: cerca de 60% de los presos no tienen condena definitiva.

Bonomi había aprovechado la presentación del reporte del organismo regional realizada el pasado jueves 19 para criticar a la jueza que liberó a dos personas con antecedentes penales que tenían un arsenal en su casa del barrio Ituzaingó.

“Existe una ley de armas que establece que ese tipo de delitos deben ser procesados con prisión y eso no sucedió. Si los actores no se ponen en línea tenemos problemas”, sostuvo el secretario de Estado en esa oportunidad.Por su lado, el documento del Banco de Desarrollo de América Latina dice que “para que haya castigo (a los delincuentes) con la Policía no alcanza”. “Tanto las fiscalías como las cortes judiciales son determinantes fundamentales del castigo esperado porque determinan la probabilidad de que el castigo efectivamente tenga lugar una vez que la persona entró en contacto con el sistema de justicia criminal”, señala el escrito.

“El sistema de justicia criminal es responsable de usar los mecanismos de control del Estado para disuadir el comportamiento delictivo, y de usar la fuerza para impedir e incapacitar a las personas que no logran ser disuadidas. La amenaza del castigo es el mecanismo más poderoso para lograr este efecto, de tal manera que la efectividad en la captura y ejecución de las penalidades sea importante bajo cualquier escenario de prioridades de política pública. Las instituciones que componen la Justicia criminal –la Policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario- se encuentran íntimamente relacionadas, y en la medida en que una de ellas funcione de manera deficiente, el poder disuasivo del sistema en su conjunto se debilita”, señala el escrito.

Luego de que Bonomi criticó la actuación de la Justicia en el caso del arsenal del barrio Ituzaingó, la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado en el que señaló que la jueza que decidió en esa oportunidad “dispuso varias diligencias para profundizar la investigación” sobre las armas incautadas, entre las que se encuentran dos pistolas, miras telescópicas y diversos tipos de municiones. La SCJ sostuvo que “aún no se ha determinado con certeza la procedencia de las armas”, motivo por el que “la investigación continúa”.







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