La sentencia del caso AFE vs. Intendencia de Salto confirma que el ente no tiene “inmunidad tributaria”

EL PUEBLO accedió al texto completo de la sentencia

Mientras la discusión jurídica sobre si AFE tiene que pagar la Contribución Inmobiliaria a la Intendencia de Salto ya fue zanjada por las Suprema Corte de Justicia, los políticos siguen generando una discusión sobre el asunto y ahora el exintendente de Salto, Germán Coutinho proclama que él “tenía razón” cuando promovió la acción de inconstitucionalidad. AFEelpueblo2002
Además, el senador colorado dijo ayer a medios locales que “Salto necesita cobrar ese dinero de una forma u otra, porque son más de 600 millones de pesos que corresponde que sean abonados”.
En tanto, desde el gobierno departamental tomaron con mesura el tema y sostienen que harán convenios y buscarán incluso canjear parte de la deuda con inmuebles que ayuden a reducir el monto de lo establecido como deuda entre AFE y la Intendencia de Salto.
En tanto, EL PUEBLO accedió al texto íntegro de la Sentencia Nº2065 de la Suprema Corte de Justicia, dictada en el mes de diciembre del año pasado por parte del Poder Judicial que hizo llegar el texto legal, allí quedan en claro los motivos por los cuales los ministros establecen la diferencia entre lo que es la “inmunidad tributaria” y la “exoneración” de los tributos, que en este caso el Gobierno Departamental de Salto no le concede al ente estatal.
A continuación damos a conocer parte de la sentencia que acredita lo establecido como inconstitucionalidad de la ley a favor de la parte reclamante, en este caso, la Intendencia de Salto.

EL TEXTO
En los considerandos, la sentencia firmada por los ministros Felipe Hounié y el expresidente de la Corte, Jorge Chediak, dice: “A diferencia de lo que acontece con la contribución inmobiliaria urbana y suburbana, la potestad tributaria respecto de la contribución inmobiliaria rural es del legislador nacional. Si bien es una fuente de recursos de los Gobiernos Departamentales, el constituyente optó por asignar la competencia para su creación al Poder Legislativo, tal como surge del artículo 297 numeral 1 de la Carta”.
“Y ello supone que el legislador nacional es competente para establecer exoneraciones. Precisamente, en la sentencia Nº 351/2003, la Corte expresó: (…) consideramos que resulta absolutamente claro que la recaudación y la totalidad del producido de la contribución inmobiliaria rural -que es lo único que permanece en la órbita departamental- no comprende la potestad tributaria que implica crear, modificar o exonerar dicho impuesto, que en la especie, se le confiere al Gobierno Nacional”.
La Corte también estima pertinente agregar las siguientes consideraciones: “En el presente caso se discute la constitucionalidad de una ley nacional que dispuso una exoneración tributaria, concepto jurídico distinto del de inmunidad tributaria. Como lo ha señalado autorizada doctrina (incluso quienes se pronuncian a favor de la inmunidad tributaria de las entidades estatales), se descarta que tal inmunidad alcance a las “actividades industriales y comerciales”, como las que son propias del giro de la AFE (cf. Andrés Blanco, Estudios críticos sobre finanzas y Derecho Tributario, FCU, 2013, pág. 123). En consecuencia, la AFE en ningún supuesto gozaría de “inmunidad tributaria”.
La Corte también establece que la “potestad del legislador de dictar leyes interpretativas de la Constitución es indiscutible. Igualmente indiscutible es que tal potestad presupone que el resultado de la interpretación tenga sustento constitucional, o que, por lo menos, no sea contrario a la Carta. No hay ninguna disposición constitucional que avale la existencia de “inmunidad tributaria” en función de la naturaleza de los bienes que se pretende gravar. Por el contrario, hay normas constitucionales expresas que preceptúan que ciertas fuentes tributarias son exclusivas de los Gobiernos Departamentales, que pueden ser gravadas sin condicionamiento alguno”.

FALLO
En tal sentido, la SCJ falló: “Declárase la inconstitucionalidad del artículo 17 del decreto-ley 14.396 en cuanto exonera a la AFE del pago de la contribución inmobiliaria urbana”.
Ahora está en manos de la Intendencia de Salto cómo ejecuta el pago de lo adeudado por el ente estatal ferroviario.







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