La Suprema Corte de Justicia determinó que los delitos de homicidio y desaparición forzada, prescriben este año

La Suprema Corte de Justicia admite que los delitos de Homicidio y desaparición forzada cometidos durante la dictadura prescriben a los 25 años, o sea en noviembre próximo. Al desestimar una solicitud de la Fiscal Penal de Segundo Turno en lo Nacional, que interpuso recurso de aclaración y ampliación de sentencia, la Suprema Corte admitió, por el voto de cuatro de sus 5 integrantes (el Dr. Leslie Van Rompaey se opuso), que dichos delitos prescriben a los 25 años. Específicamente la solicitud de la Fiscal incluía la solicitud de que se declarara que estos delitos no prescribían, alcance que fue rechazado por la SCJ.

El texto de la resolución del máximo órgano judicial uruguayo, es el que sigue:

Montevideo, treinta de mayo de dos mil once

VISTOS:

Estos autos caratulados: “Gavazzo Pereira, José Nino y Arab Fernández, José Ricardo, por veintiocho delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real. Casación Penal. Recurso de aclaración y ampliación”, IUE 98-247/2006.

RESULTANDO QUE: 

A fs. 9447 y ss. la Fiscal Letrada en lo Nacional de lo Penal de 2º Turno, interpuso recursos de aclaración y ampliación de la Sentencia No. 1501/2010, dictada el día 6/05/10, señalando en síntesis que “…en lo que tiene que ver con la prescripción de los delitos imputados, considero errónea la afirmación de que los delitos de homicidio imputados están sujetos a prescripción. Tratándose de graves violaciones a los derechos humanos, cometidas contra la población civil, en el marco de un ataque sistemático (política de terrorismo de Estado), fueren homicidios o desapariciones forzadas, configuran crímenes contra la humanidad, y por lo mismo son imprescriptibles”, sosteniendo más adelante, “…los hechos de autos, esto es, los acontecimientos cualquiera fuera la tipificación que se le adjudicara, constituían delitos de lesa humanidad y como tales no se les aplicaba la prescripción”.

Al respecto, señaló que la cuestión radicaba en establecer que, sin perjuicio de considerar que la desaparición Forzada de Personas es  un crimen de lesa humanidad, la Fiscalía no limitó     su petición a esa figura delictiva, sino que el planteamiento refería a los crímenes de lesa humanidad  y su connatural consecuente de no resultar alcanzados por la prescripción.

Por lo que indicó que la aclaración y ampliación que reclamó tenía que ver con la decisión del petitorio segundo, es decir, se trate o no de Desaparición Forzada, los Homicidios (como en el subexamine) cometidos por el aparato represivo estatal, son crímenes de lesa humanidad. Se le aplican las normas corrientes de prescripción de los delitos. 

Haciendo referencia a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, expresó que al ser la misma obligatoria y contener una serie de enunciados que incidían en la cuestión de autos, al no aclarar la Corte que las ejecuciones arbitrarias, asesinatos políticos, torturas, cometidos bajo un patrón sistemático por funcionarios estatales, son crímenes de lesa humanidad   y que su persecución no puede ser obstaculizada por    la prescripción, se estaría vulnerando la Convención e incumpliendo con la interpretación que de ella ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, pidió a la Corte “expedirse sobre los principios que informan     el sistema Interamericano de Derechos Humanos, la interpretación de los mismos que ha hecho la Corte Interamericana y su compatibilidad con la legislación vigente” (fs. 9450 vto.).

CONSIDERANDO QUE:

1.- Según expresara la Corporación en reiterados pronunciamientos, los recursos de aclaración y ampliación tienen una muy clara finalidad: en un caso aclarar algún  concepto oscuro o palabras dudosas que las providencias contengan o, en el otro, ampliar la resolución sobre algún punto esencial que    se hubiere omitido (Código General del Proceso, arts. 244.1 y 244.2).

Esto es, aclarar la fórmula que se hubiera empleado, a efectos de que las palabras utilizadas no creen dudas en cuanto a lo que  se quiso decir, o ampliar la providencia en tanto se omitió pronunciamiento sobre algunos de los puntos pretendidos (v. Sents. Nos. 196/04, 430/04, 446/05, entre muchas otras).

Por ello, en relación a los medios recursivos ejercitados, cabe precisar que:  la aclaración tiene por objeto asegurar la inequivocidad de la sentencia (Couture, «Procedimiento, Tomo III, págs. 206 y ss. y Vescovi, Tomo VI, págs. 54 y ss.) y  la equivocidad puede resultar tanto de una palabra ambigua como de una cláusula o conjunto de ellas (Barrios De Angelis, Curso publicado por el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, 1974, Tomo II, pág. 331), esto es, de un contexto contradictorio. Así lo establece Tarigo en su estudio sobre el tema («La corrección de  la sentencia: su aclaración y ampliación», Revista Uruguaya de Derecho Procesal, No. 4, 1978, pág. 11).

2.- Ahora bien, la sentencia en cuestión al confirmar el pronunciamiento del Tribunal, en lo que hacía a la figura delictiva imputada   a los encausados, indicó que en aplicación del principio de legalidad el delito de Desaparición Forzada, al ser un delito creado contemporáneamente, devenía inaplicable en autos.

Obsérvese que al fundar sus conclusiones la Corporación a fs. 25-29., se refirió tanto a normas de orden interno como internacionales, coincidiendo con el Fiscal de Corte que recién a partir de ratificación de la Convención Interamericana del   año 1995, se podría sostener su vigencia, siendo de aplicación para hechos acaecidos hacia el futuro (fs. 9.398), en virtud de lo cual no correspondía que se pronuncie sobre los delitos que se consideran de lesa humanidad. 

3.- Asimismo, corresponde señalar que llama la atención que la Sra. Fiscal esgrima en la recurrencia y en el presente estado de las actuaciones que la Corte se expida sobre los “nuevos pedidos” agregados en el petitorio final de su recurso, como ser, cuáles son los principios que informan el sistema Interamericano de Derechos Humanos, la interpretación de los mismos que ha hecho la Corte Interamericana y su compatibilidad con la legislación vigente, cuando en puridad se advierte que solicita aclaración sobre puntos que no fueron objeto del proceso, en ninguna de las instancias del mismo, incluida la casación, lo que resulta suficiente para el rechazo del planteo.

Pronunciarse o aclarar cuál es la posición de la Corte con respecto a los principios orientadores del sistema interamericano de los Derechos Humanos, tal como lo pretende la representante del Ministerio Público, haría incurrir a la Corporación en una suerte de desborde respecto de     los límites del proceso penal y ajeno a la naturaleza misma del medio impugnativo movilizado, así como recaer en una posible causal de prejuzgamiento. Supondría una decisión abstracta y genérica impropia de la competencia de los órganos jurisdiccionales en el vigente régimen normativo nacional. Cuando además resulta evidente que la declaración que se pretende persigue constituir un precedente para hacer valer en otras causas, lo que no es admisible en este proceso, sin perjuicio de lo que se resuelva en las diversas causas en que se ejercite pretensiones análogas.

 4.- Igualmente, existe un hecho relevante e insoslayable que conduce al rechazo de los recursos y es precisamente que en la demanda  acusación, que luce a fs. 8.022 y ss de la pieza 27,    la Fiscalía se limitó a solicitar la condena de los encausados como coautores responsables de los delitos   de desaparición forzada (fs. 8146), por lo que no corresponde exceder los términos de su pretensión punitiva.

5.- En la medida que en el fallo en recurso no hay conceptos oscuros o palabras dudosas que den mérito a aclaración por parte de la Corporación y tampoco se ha omitido pronunciamiento acerca de algún punto integrante del objeto de la  litis, la Suprema Corte de Justicia

RESUELVE:

No hacer lugar a los recursos  de aclaración y ampliación interpuestos.

Dr. Daniel Gutiérrez Proto

Ministro de la Suprema

Corte de Justicia

Dr. Jorge Ruibal Pino

Ministro de la Suprema

Corte de Justicia

Dr. Jorge T. Larrieuxrodríguez

Ministro de la Suprema

Corte de Justicia

Dr. Jorge Omar Chediakgonzález

Ministro de la Suprema

Corte de Justicia