Magistrado judicial constata “tremenda dificultad de los adultos en el relacionamiento con los más jóvenes”

Juez aplicó “ley del coscorrón” por trato humillante de padre a hijo

5El juez Ricardo Pérez Manrique, especialista en derecho de la Niñez y de la Adolescencia y Presidente del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno, el pasado mes de noviembre mantuvo una entrevista con EL PUEBLO en donde destacó que  se han perdido los parámetros y el trato violento es el único recurso que los adultos tienen como forma de actuar para contener de esa manera a los niños y niñas”. Eso pone en evidencia un verdadero problema  sobre “la manera de educar”. También tuvo la oportunidad de criticar la manera en que los medios, especialmente la televisión, abordan la problemática de los menores infractores.

LEY DEL COSCORRÓN

La ley 18214 sobre “la integridad personal de niños, niñas y adolescentes”, denominada comúnmente como “ley del coscorrón”, fue aplicada por Pérez Manrique en su sede judicial. Dicha norma establece que se prohíbe el castigo físico o cualquier trato humillante  como forma de corrección. La decisión del magistrado implicó el traslado de la tenencia del menor de un padre a otro. El juez indicó a EL PUEBLO que  en el caso en que actuó su tribunal “hubo un testigo imparcial observó un castigo humillante, en donde también hubo otros elementos que aconsejaban que ese niño pasara a vivir con la madre, y eso fue lo que se decretó”.

MUNDO ADULTO VS MUNDO DE LOS JÓVENES

Para Pérez “hay una tremenda dificultad del mundo adulto en el relacionamiento con los más jóvenes”. El mundo adulto “ha perdido los parámetros con los que nos trataban a nosotros, y hoy por hoy va quedando como único recurso el trato violento, sea en la familia, como en la escuela, en la barra de amigos, en el deporte. Hay una forma de actuar prepotente para contener de esa manera a los niños y niñas, porque no se sabe otra forma de hacerlo. Lo que hace la ley es plantear el desafío sobre la manera de educar ni en la violencia ni en la humillación”. Esto hace a toda la sociedad, porque “estos chicos infractores quizá nunca fueron educados o lo fueron en la violencia y degradación”. Actualmente “estamos educando en la violencia y no es un problema solo de los infractores, sino también de la disciplina escolar y en los liceos”. Estas leyes procuran “la búsqueda de una fórmula que permita juntar derechos con responsabilidad, de unos y de otros: de los padres hacia los hijos y viceversa, y de la sociedad hacia los niños”.

LOS INFORMATIVOS EXACERBAN INFRACCIONES DE MENORES

“La incidencia que en la seguridad tienen las noticias vinculadas con infracciones cometidas por personas menores de 18 años de edad es comparativamente de más peso que la del resto de la población”. Hizo referencia a que en un encuentro desarrollado en Córdoba (Argentina) en noviembre de este año “se presentó un estudio de los principales medios de comunicación sobre cuáles eran los temas que predominaban y qué vinculación tenían los jóvenes en esos temas. Hay dos temas que son absolutamente predominantes: la seguridad y la educación. Le parece que de alguna forma en “Uruguay pasa algo parecido, sobre todo en la televisión hay un fenómeno que empezó este año que es la extensión de los informativos centrales casi a 2 hs. Eso motivó la necesidad de llenar espacios, con noticias de tipo policial. En esas noticias empezó a aparecer, como una exacerbación las infracciones cometidas por menores de edad, y eso fue generando la conciencia de que el problema de la seguridad pasaba por lo menores de edad, cosa que no es así”. Estas cosas “han hecho que el miedo se instalara en la población y que el sistema político se ve en la necesidad de dar respuestas frente a esas demandas, que se articulan sin que hayan iniciativas nuevas”. Hoy las deficiencias que tiene el sistema “funciona no para los chicos que generan más riesgos y que necesitan un trabajo más profundo, sino que es eficaz con aquellos chicos que no se escapan porque no quieren. Es una especie de premio castigo invertido: los peores se van  y los mejores se quedan”.

PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL

En los últimos 4 años se han producido una serie de reformas legislativas que han incrementado la demanda del servicio judicial. Pero además hubo un gran incremento de la necesidad de recursos humanos, porque se han creado procesos que son muy cortos, sumarios y que requieren una atención total del juez mientras se están desarrollando: por ejemplo violencia doméstica (2003), Código de la Niñez (2004), proceso laboral (2009). Esto significa que un juez del interior tiene que dejar todo lo que está haciendo en el juzgado para dedicarse en muy pocos días a resolver”. Estas reformas requieren “de jueces, de defensores, de oficinas, de fiscales, etc. Y es muy difícil adecuar la oferta  a la demanda, cuando la oferta está restringida por la falta de autonomía económica”. Siempre “estamos corriendo de atrás”. Si bien en el presupuesto se crearían 5 nuevos juzgados para el interior, con especialización en violencia y protección de los derechos de los niños, “se demuestra que hay muy buena voluntad pero seguimos poniendo parches”.