Movimiento por un Uruguay Sustentable sostiene que el “gobierno no debate beneficios económicos que deja UPM”

La organización dice que se trata de “un gasto de más de 4.000 millones de dólares que el Uruguay hará solo para la posibilidad de que UPM decida instalar una nueva planta”

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) dio a conocer la información que el gobierno no responde al desafío de debatir públicamente los supuestos beneficios económicos para el país del proyecto de UPM y difunde por la Web como propios, estudios ya conocidos de la consultora CPA Ferrere que trabaja para UPM.
Recientemente el gobierno nacional presentó a través de la página web de la Presidencia unos documentos proporcionados por la multinacional finlandesa UPM para justificar su proyecto de una nueva planta de celulosa sobre el Río Negro.plantaupm
Queda claro que, más allá de la propaganda, el gobierno no posee argumentos para debatir seria y abiertamente, entre uruguayos, un gasto de más de 4.000 millones de dólares que el Uruguay hará solo para la posibilidad de que UPM decida instalar una nueva planta que, operando en zona franca, no dejará beneficio alguno al país.
El principal documento con el que se pretende justificar el gasto es el de “Evaluación Financiera” que en siete carillas contabiliza las ventas de celulosa de UPM como “exportaciones” del Uruguay, un dato que no aparece en los registros de la Aduana y el Banco Central de Uruguay, por hacerse desde una zona franca.
En ninguno de los documentos presentados se trata el consumo de agua del Río Negro que requerirá esa planta, en especial la exigencia de un caudal mínimo que obliga a UTE a considerar la suba de la cota del lago de Rincón del Bonete, inundando 10.000 hectáreas productivas y las playas de San Gregorio de Polanco.
Tampoco se analiza la pertinencia y conveniencia de realizar a costo de Uruguay el tren para UPM.
En tal sentido las condiciones económicas sobre las que se apoya el posible ahorro en transporte, fuera de UPM es que una consultora privada “asume” como costo ferroviario un valor de doce dólares.
Así, sin justificación alguna. Se habla largamente de que la planta se instalaría en una zona económicamente deprimida del país pero paradójicamente no se presenta ningún plan alternativo para esa zona si la planta no se instalara.
Los 500 empleos que promete ocupar la planta no compensan los que se perderían en el turismo y la pesca en la zona. Los documentos presentados tardíamente, solo buscan llenar el ojo de ciudadanos desinformados, pero la población está conociendo día a día los perjuicios de este compromiso para el país.
Se reitera ahora el desafío al gobierno nacional a un debate público frente a los medios de difusión para analizar estos aspectos.