No hay derecho

Por el Dr. Juan Pablo Pío Guarnieri. Coordinador General del
Programa Consultorios Jurídicos en el Interior del País.
Por el Dr. Juan Pablo Pío Guarnieri. Coordinador General del Programa Consultorios Jurídicos en el Interior del País.
Actualmente, todavía aguardamos se prosiga el trámite de demandas por pensiones alimenticias, visitas y tenencias de menores presentadas en 2014; audiencias 3 ó 4 veces prorrogadas por ausencia de notificaciones de partes o testigos; resoluciones judiciales dictadas que no pueden hacerse efectivas por falta de notificación; imposibilidad de libramiento de oficios (por ausencia de firma) lo que impide, por ejemplo, que una madre perciba la pensión alimenticia del salario del padre debido a que el empleador no descuenta sin esa comunicación formal, o que a un sujeto se asigne una prestación social debida; dilaciones en expedientes remitidos al Ministerio Público y Fiscal; por referir a los más notorios.
No nos referimos a demandas por cobro de pesos ni sucesiones de significativos patrimonios, lo que también revisten legítimos intereses, sino de niños o niñas sin recibir sus pensiones alimenticias; personas sin recursos sin percibir sus prestaciones sociales que les son debidas; padres sin ver a sus hijos; tenencias de menores no resueltas que resultan imprescindibles para tramitar pensiones en BPS; costos de traslados a la capital departamental de testigos y partes de convocatorias que se suspenden en el momento; desconfianza de los “empleadores” cuando se les anuncia suspensión y prórroga; entre otras tantas.
Procesos que duraban largas semanas, ahora llevan insólitos meses. ¿Acaso puede ser un zorro el guardián del gallinero? ¿Acaso en un conflicto se puede ser juez y parte a la vez? El Programa Consultorios Jurídicos en el Interior del País es un proyecto de extensión universitaria que funciona en el marco de un convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Centro Estudiantes de Derecho – Universidad de la República, desde julio de 2012.
Consiste en un servicio de atención de consultas y eventual patrocinio, principalmente en materia de familia, de ciudadanos con escasos recursos. En cada departamento funciona un centro de atención
liderado por un abogado y su respectivo equipo de estudiantes universitarios y, en algunos casos, de educación secundaria. Se atienden más de 4.000 consultas anuales y se han constituido en auténticos centros de construcción y promoción de ciudadanía.
En vinculación con nuestro trabajo, casi todos sabemos acerca del conflicto que se viene desarrollando en el Poder Judicial desde hace varios meses. Jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio entienden que les corresponde cobrar un aumento (26%) a partir de la Ley de Presupuesto 2010 – 2015, con una sentencia en contra, dos declaraciones de inconstitucionalidad por la misma Corte de dos leyes posteriores y una erogación que, según P. Ejecutivo, superaría los 500 millones de dólares durante el quinquenio, entre otros factores, que complejizan más aún la discusión.
Asimismo, en el encuentro que mantuvo el Presidente Tabaré Vázquez con los Ministros de la SCJ el pasado 19 de marzo, hubo una clara voluntad de ensayar vías de “diálogo” y apelar a la “ética” en un contexto de situación económica “complicada”. Por otra parte, pocos son quienes conocen, cercanamente, lo que significa la prolongación de este conflicto para un sector importante de la población y esto es lo que pretendemos trasladar al lector, ajeno o no, a la temática que nos convoca.
Claro está que no cuestionamos, de ninguna manera, el legítimo derecho de todo trabajador, máxime del judicial, a formular sus reivindicaciones. Sin embargo, cuando le ponemos nombres y contextos críticos, con otra perspectiva desde el plano de sus consecuencias, entendemos que es tiempo de asimilar como país que un conflicto – que lleva más de 4 meses – en uno de los poderes del Estado y que, justamente, ha paralizado la administración de justicia, es un problema de toda la sociedad en su conjunto y, en particular, para los de siempre, los que están en situación de mayor desamparo.
Es factible que, con rostros humanos y descripción de situaciones críticas, podamos comprender un poco más lo que queremos trasmitir. Arribar a una fórmula que ponga fin a esta lucha entre poderes, que tiene de rehén a gran parte de la ciudadanía y que, como en toda transacción, requiere recíprocas concesiones, ahora ya es urgente. Pero también, desde nuestra perspectiva, desnuda que nuestro Poder Judicial requiere, de forma inexcusable, una revisión reflexiva – no sólo por los operadores – sino de toda la sociedad, que es a quien se debe, como poder legítimo del Estado. Las posiciones combatidas son algo más que elementales technicalities y encierran más trascendencia que las que en principio pueden imaginarse.
En efecto, el pasado 10 de marzo, por acordada de la Suprema Corte de Justicia, se dispuso que Jueces y Presidente de Tribunales de Apelaciones informaran la incidencia de determinadas medidas gremiales en el funcionamiento de las Sedes.
Algo no está funcionando del todo bien en nuestra Democracia. Cuando, en el Poder Judicial, una categoría determinada de funcionarios adopta una medida, se afecta a todo el servicio. Trabajamos sobre la base de una insatisfacción permanente de derechos de la población más vulnerable, que proviene, muchas veces, del interior de los departamentos. Hablamos de mujeres que no denuncian violencia doméstica por no contar con el dinero equivalente de un boleto, de personas que, sí en Uruguay, trabajan para pagar las herramientas al patrón. No en pocas ocasiones, hemos escuchando a varios consultantes que su asunto puede “trancarse” por los conflictos, alejando más aún la vaga decisión de iniciar acciones legales.
NO HAY DERECHO
No hay derecho sin Poder Judicial. El juez es una pieza absolutamente esencial, no en su mera función particularizadora, sino en el más tradicional de iurisdictio, de decir derecho cuando las partes discrepan en el alcance de sus derechos y obligaciones. No hay derecho a acentuar la fragmentación y marginación de los más excluidos a quienes, el mismo derecho protege y garantiza condiciones de vidas dignas que se pueden exigir y a las que deben acceder.
Se vulnera de forma frontal y casi cínica las garantías constitucionales. ¿Qué extraño derecho natural, capaz de oponerse a la propia Constitución, se nos está imponiendo? ¿Cómo puede una exaltación del Estado Democrático llegar a desconocer lo que la propia Constitución dispone? El conflicto constituye un obstáculo más para el acceso a la justicia.
Giovanni Sartori sostuvo que el consenso sobre el modo de resolver los conflictos es otra condición del sistema democrático. Una generalización de la justicia es un factor imprescindible para la efectiva integración democrática. Pues bien, el Estado garantizador (sobre el gestor o planificador) asume una función de árbitro en el seno de un espacio policéntrico donde cada parte se ordena por medio de la creación permanente de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado de Justicia, en sentido judicial y no en cualquier otro más etéreo. Las normas constitucionales no son meramente programáticas sino que tienen un valor aplicativo inmediato.
Es tiempo de agotar todas las alternativas posibles y arribar a un fin de un legítimo conflicto (salarial) en el Poder Judicial. Pero, a diferencia de sus predecesores, también nos resulta una
buena oportunidad de apertura de un diálogo social en tanto su mandato expreso constitucional a todos los poderes públicos, y por lo tanto también al juez, de hacer esos valores reales y efectivos y de remover los obstáculos que, estando a su alcance, impidan o dificulten su plenitud. Revisemos todo: desde su legitimidad popular hasta la existencia de las ferias judiciales. No hay teoría jurídica ni interpretación del Derecho inocente ni desprendida de la política.
Una Democracia liberal, como les complace decir a algunos, no es aquella en la que la vida pública se reduce a la representación política sino en la que, políticos y ciudadanos, debatimos la naturaleza de los problemas y sus eventuales soluciones. Los ciudadanos (no súbditos) nos definimos partícipes permanentes en la cosa pública. La clase política no son señores sino servidores y la Democracia está impregnada de un proceso colectivo y necesarios de constante formación de opinión. El papel principal en la construcción democrática debe ser juzgado por los actores sociales mismos y no por vanguardias o senior pars. Más se radicalizan nuestras alegaciones cuando, reiteramos, aterrizamos las consecuencias en el consultorio barrial, con trabajo honorario y economías solidarias.
Ergo, ¿en la versión fundamentalista de los históricos adoradores monoteístas de la Constitución, con las denuncias explícitas, no ingresa esta discusión auténticamente republicana?