ONG “Techo” detectó en Salto 27 asentamientos informales, con un total de 2.135 viviendas

ONG “Techo” detectó en Salto 27 asentamientos  informales, con un total de 2.135 viviendas

Estuvieron ayer en Salto representantes de la ONG “Techo” (llamada hasta hace unos años “Un techo para mi país”). Llegaron como parte de una recorrida por gran parte del país que vienen cumpliendo con el objetivo de realizar, ante autoridades departamentales y otros referentes de la comunidad, una devolución de datos obtenidos como resultado de un “relevamiento de asentamientos informales en todo el territorio nacional”, realizado en 2018. Laura Posada (colombiana radicada en Montevideo) es la Directora Territorial de Techo y Giovana Tomasiello la Directora de Comunicación; ambas dialogaron con EL PUEBLO y explicaron que a partir de los datos obtenidos, se dividió el país en diferentes categorías.
SALTO: 27 ASENTAMIENTOS, 2.135 VIVIENDAS
Salto, donde se detectaron 27 asentamientos informales, con un total de 2.135 viviendas, quedó comprendido en “categoría alta”, junto a Paysandú, Rivera y Maldonado. Sin embargo hay casos bastante más complejos, como Artigas, Canelones y Montevideo, que conforman lo que se ha denominado “categoría crítica”. Pero las entrevistadas quisieron destacar especialmente la curiosidad que se da en nuestra ciudad en cuanto a que hay un porcentaje muy alto, a diferencia de lo que ocurre en otros puntos del país, de “organización comunitaria entre vecinos del asentamiento”. En Salto, “en 1 de cada 2 asentamientos hay organización comunitaria, es decir vecinos agrupados para generar cambios en su entorno, que lo vemos como algo positivo -dijeron-; en este punto la media nacional es 1 de cada 3”. Asimismo, se refirieron a la “vulnerabilidad en las condiciones de vida en los asentamientos, que tiene que ver con los materiales con que está construida la vivienda y el acceso a los servicios básicos”. En ese sentido, en Salto hay un 53 % de vulnerabilidad. Cabe recordar que se considera asentamiento al conjunto de al menos 10 viviendas, sobre terreno (público o privado) que no sea de su propiedad, y que no tengan por lo menos un servicio básico.