Oxandabarat dijo que para lograr habilitación del centro de mediación en Salto fue importante el aporte de la comuna

El Director de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Raúl Oxandabarat, destacó el esfuerzo realizado por la Justicia para extender la experiencia de los Centros de Mediación a todo el país. Mencionó, además, que con este mecanismo existe una mejora sustancial de la convivencia ciudadana y, como corolario, se descomprime la creciente demanda sobre los servicios de justicia, evitando la necesidad de que intervengan los jueces cuando el asunto puede ser resuelto por acuerdo entre las partes.
¿Por qué eligieron Salto para la creación del primer Centro de Mediación del norte del país? ¿Fue en virtud de la población? ¿O por el hecho de tener muchas denuncias y pocos juzgados penales para atender tantos casos y en cierta medida se intentó suplir esa carencia?
La experiencia de los centros de mediación para la autocomposición de conflictos se originó en 1995. Los resultados fueron muy alentadores, pero en la práctica se limitaban solamente a la capital del país. Frente a esta realidad, la Suprema Corte de Justicia entendió prioritario extender estos servicios a todo el territorio nacional, impulsando ante el Parlamento nacional la necesaria dotación de recursos para lograrlo. Fue así que con la última ley presupuestal, se dispuso la creación escalonada de veinte cargos de mediador para implantar diez centros de mediación en el interior del país. De este modo, a los cinco centros de mediación de Montevideo se sumaron otros en Las Piedras, Ciudad de la Costa, Maldonado y Piriápolis. Luego se crearon los de Salto y Paysandú, que son las dos capitales departamentales de mayor importancia al norte del país. En el caso de Salto tuvo especial relevancia el aporte de la comuna, porque uno de los requerimientos más complejos es contar con la infraestructura edilicia para abrir los centros de Mediación. La cooperación de la Intendencia en este esfuerzo fue determinante.
La intención de la Suprema Corte de Justicia es seguir con el plan de implantación en otros departamentos hasta utilizar completamente los veinte cargos creados al efecto en la ley de presupuesto de 2010. Debe comprenderse que este esfuerzo no tiene motivo específico en un crecimiento de la demanda de servicios en el ámbito de la justicia penal, sino que más bien responde a la necesidad de regular la conflictividad social en los pequeños asuntos de convivencia y vecindad que pueden solucionarse mediante el diálogo y el entendimiento. El mediador es, justamente, un guía experto que ayuda a las partes en conflicto a comunicar sus necesidades y encontrar una solución en común. Siendo este un medio alternativo de conflictos, que no requiere la realización de un juicio ni la presencia de un juez, redunda en una mayor eficiencia del sistema porque evita la judicialización de problemas que de otro modo tendrían que ser resueltos por ese magistrado llamado a emitir un fallo. La experiencia nos dice que la autocomposición es una mejor solución que la imposición de un fallo judicial, porque las partes en conflicto se disponen voluntariamente a cumplir la solución acordada y, por esa razón, lo hacen con un mayor compromiso.
¿Cuánto es la relación inversión – ahorro que tiene el Poder Judicial con la creación de este tipo de centros? ¿O el ahorro de tiempo y dinero es solamente para el justiciable?
Con la mediación tenemos una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que no es directamente cuantificable desde el punto de vista económico. Más que un ahorro de dinero lo que se logra es un mejor entorno social para todos. Con la reducción de la conflictividad y los esfuerzos de superación desplegados por toda la población se logra más bienestar y entonces sí, de un modo indirecto pero real, aumenta la productividad y por tanto la prosperidad económica de todos los uruguayos.
La mayor ventaja es para el ciudadano, para el justiciable como decimos nosotros en la jerga judicial, que se evita molestias, largas esperas y variadas situaciones de estrés. Pero también hay un beneficio en cuanto se evita la recarga de los servicios, porque un conflicto mediado a tiempo evita un litigio judicial que puede ser largo y costoso, trayendo desvelos y penurias para las partes intervinientes.
¿Los resultados hasta ahora han sido los esperados por el sistema judicial al momento de su creación?
Los resultados han sido muy auspiciosos. Las estadísticas del año 2012, que son las más recientes que tenemos disponibles, dan cuenta de un éxito del 98% en los cinco centros de mediación de Montevideo. Solamente en un 2% de los casos no se alcanzó un acuerdo entre las partes en conflicto. Esto significa que si ambas partes concurren a la audiencia mediatoria, 9 de cada diez veces se consigue el acuerdo entre ellas. Los asuntos más comunes que se ventilan en los centros de mediación refieren a problemas de vecindad o de familia. Pero también se interviene en asuntos de violencia doméstica, cuestiones laborales, temas penales e incluso problemas de relacionamiento entre las personas. Las posibilidades de este instrumento son muy amplias y por esa razón la Suprema Corte de Justicia ha puesto tanto empeño en extender la experiencia a todo el país, evitando centralizarla únicamente en Montevideo.

El Director de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Raúl Oxandabarat, destacó el esfuerzo realizado por la Justicia para extender la experiencia de los Centros de Mediación a todo el país. Mencionó, además, que con este mecanismo existe una mejora sustancial de la convivencia ciudadana y, como corolario, se descomprime la creciente demanda sobre los servicios de justicia, evitando la necesidad de que intervengan los jueces cuando el asunto puede ser resuelto por acuerdo entre las partes.

¿Por qué eligieron Salto para la creación del primer Centro de Mediación del norte del país? ¿Fue en virtud de la población? ¿O por el hecho de tener muchas denuncias y pocos juzgados penales para atender tantos casos y en cierta medida se intentó suplir esa carencia?

La experiencia de los centros de mediación para la autocomposición de conflictos se originó en 1995. Los resultados fueron muy alentadores, pero en la práctica se limitaban solamente a la capital del país. Frente a esta realidad, la Suprema Corte de Justicia entendió prioritario extender estos servicios a todo el territorio nacional, impulsando ante el Parlamento nacional la necesaria dotación de recursos para lograrlo. Fue así que con la última ley presupuestal, se dispuso la creación escalonada de veinte cargos de mediador para implantar diez centros de mediación en el interior del país. De este modo, a los cinco centros de mediación de Montevideo se sumaron otros en Las Piedras, Ciudad de la Costa, Maldonado y Piriápolis. Luego se crearon los de Salto y Paysandú, que son las dos capitales departamentales de mayor importancia al norte del país. En el caso de Salto tuvo especial relevancia el aporte de la comuna, porque uno de los requerimientos más complejos es contar con la infraestructura edilicia para abrir los centros de Mediación. La cooperación de la Intendencia en este esfuerzo fue determinante.

La intención de la Suprema Corte de Justicia es seguir con el plan de implantación en otros departamentos hasta utilizar completamente los veinte cargos creados al efecto en la ley de presupuesto de 2010. Debe comprenderse que este esfuerzo no tiene motivo específico en un crecimiento de la demanda de servicios en el ámbito de la justicia penal, sino que más bien responde a la necesidad de regular la conflictividad social en los pequeños asuntos de convivencia y vecindad que pueden solucionarse mediante el diálogo y el entendimiento. El mediador es, justamente, un guía experto que ayuda a las partes en conflicto a comunicar sus necesidades y encontrar una solución en común. Siendo este un medio alternativo de conflictos, que no requiere la realización de un juicio ni la presencia de un juez, redunda en una mayor eficiencia del sistema porque evita la judicialización de problemas que de otro modo tendrían que ser resueltos por ese magistrado llamado a emitir un fallo. La experiencia nos dice que la autocomposición es una mejor solución que la imposición de un fallo judicial, porque las partes en conflicto se disponen voluntariamente a cumplir la solución acordada y, por esa razón, lo hacen con un mayor compromiso.

¿Cuánto es la relación inversión – ahorro que tiene el Poder Judicial con la creación de este tipo de centros? ¿O el ahorro de tiempo y dinero es solamente para el justiciable?

Con la mediación tenemos una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que no es directamente cuantificable desde el punto de vista económico. Más que un ahorro de dinero lo que se logra es un mejor entorno social para todos. Con la reducción de la conflictividad y los esfuerzos de superación desplegados por toda la población se logra más bienestar y entonces sí, de un modo indirecto pero real, aumenta la productividad y por tanto la prosperidad económica de todos los uruguayos.

La mayor ventaja es para el ciudadano, para el justiciable como decimos nosotros en la jerga judicial, que se evita molestias, largas esperas y variadas situaciones de estrés. Pero también hay un beneficio en cuanto se evita la recarga de los servicios, porque un conflicto mediado a tiempo evita un litigio judicial que puede ser largo y costoso, trayendo desvelos y penurias para las partes intervinientes.

¿Los resultados hasta ahora han sido los esperados por el sistema judicial al momento de su creación?

Los resultados han sido muy auspiciosos. Las estadísticas del año 2012, que son las más recientes que tenemos disponibles, dan cuenta de un éxito del 98% en los cinco centros de mediación de Montevideo. Solamente en un 2% de los casos no se alcanzó un acuerdo entre las partes en conflicto. Esto significa que si ambas partes concurren a la audiencia mediatoria, 9 de cada diez veces se consigue el acuerdo entre ellas. Los asuntos más comunes que se ventilan en los centros de mediación refieren a problemas de vecindad o de familia. Pero también se interviene en asuntos de violencia doméstica, cuestiones laborales, temas penales e incluso problemas de relacionamiento entre las personas. Las posibilidades de este instrumento son muy amplias y por esa razón la Suprema Corte de Justicia ha puesto tanto empeño en extender la experiencia a todo el país, evitando centralizarla únicamente en Montevideo.