Para “optimizar recursos” ante falta de presupuesto el Poder Judicial tuvo que reorganizar juzgados del interior de Salto

Suprimen juzgado de paz de Paso Cementerio y extienden jurisdicción de Lavalleja y Biassini.

Invocando razones de mejor servicio y en el marco de un plan de reorganización de la administración de justicia, con el fin de reorganizar las jurisdicciones y aprovechar así los escasos recursos con los que que aduce contar el Poder Judicial, fueron dispuestas las supresiones de varios de los juzgados de paz rurales del interior de los departamentos en todo el país y el efecto de esta medida, también alcanzó a Salto.
Justificando el accionar de ese poder del Estado en el marco de una situación presupuestal compleja por la que vienen atravesando, en reiterados actos públicos el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ricardo Pérez Manrique ha justificado la optimización de recursos del Poder Judicial diciendo que “la situación del Poder Judicial desde el punto de vista presupuestal es mínima”.
Según la versión que se recoge del sitio web oficial del Poder Judicial uruguayo, en ocasión del acto de inauguración de una sala de interrogatorio para menores en Montevideo, Pérez Manrique hizo referencia pública a las carencias que enfrenta para los próximos tiempos.
En ese sentido declaró que “el otro día recordábamos que en dos rendiciones de cuentas del gobierno anterior, el Poder Judicial no recibió ni un centésimo de refuerzo, la misma situación la tuvimos en ocasión del presupuesto 2015-2020 y también con la última Rendición de Cuentas. Porque los únicos fondos que se asignaron al Poder Judicial tienen que ver con un destino específico que es la implementación de la reforma del Código Procesal Penal”.
El titular del Poder Judicial dijo en las últimas horas que el mismo “tiene que seguir funcionando porque cumple un rol fundamental y esencial para que exista Estado de Derecho en el Uruguay. Sin jueces y juezas independientes, imparciales y honestos no es posible el Estado de Derecho y si esos jueces no tienen los recursos mínimos necesarios para cumplir sus funciones también se dificulta el funcionamiento del Estado de Derecho».
Con esa línea de razonamiento los ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron la supresión de algunos juzgados rurales del interior del país, entre los cuales comprenden a dos de nuestro departamento. A uno lo suprimieron y a otro le dieron más potestades.
LA NORMA
En la Circular Nº80 del año 2016, la Suprema Corte de Justicia resuelve, entre varios otros casos que: el magistrado del Juzgado de Paz de la 7º Sección de Salto (Pueblo Lavalleja) actuando en su sede y en régimen de oficina única, se ocupará de las funciones correspondientes al Juzgado de Paz de la 6º Sección Judicial de Artigas (Pueblo Sequeira) como único titular de ambos juzgados.
En tanto, que al magistrado de Paz de la 4º Sección Judicial de Salto (Pueblo Biassini) actuando en su sede y en régimen de oficina única, se ocupará de las funciones correspondientes al Juzgado de Paz de la 6º Sección Judicial (Paso Cementerio) como el titular de ambos juzgados.
La misma situación le pasa al juzgado de Paz de la 5º Sección Judicial de Artigas de Colonia Palma, cuyas actuaciones fueron absorbidas por el juzgado de Bella Unión, suprimiendo su existencia.
“Lo que se hizo fue para poder optimizar recursos, porque había juzgados que no tenían casi actividad o que la misma era muy poca. Entonces era mejor traerlos para las capitales departamentales y que sean de mayor ayuda por su capacidad y experiencia en la función en los juzgados de la ciudad”, dijeron fuentes consultadas del Poder Judicial.
Los informantes señalaron que en esos juzgados que fueron suprimidos las actividades eran “muy pocas” y dentro de la política de aprovechamiento de los recursos con los que cuenta el Poder Judicial, las autoridades entendieron que era necesario un recorte de aquellos lugares donde el servicio de justicia podía reagruparse en “comunidades geográficas” más amplias que las que se venían cumpliendo hasta la actualidad, según informaron a EL PUEBLO fuentes del Poder Judicial consultadas al respecto. Salto sigue teniendo tres juzgados de paz departamentales y siete juzgados letrados de primera instancia, junto a cuatro juzgados de paz rurales, lo que lo hace uno de los departamentos del norte del país con mayor presencia de oficinas judiciales por habitante.