Planta solar en Daymán emplea a trabajadores bolivianos y SUNCA denuncia que viven condición de “semiesclavitud”

Planta solar en Daymán emplea a trabajadores bolivianos y SUNCA denuncia que viven condición de “semiesclavitud”
Los pasillos de los juzgados letrados en el tercer piso del Palacio de Oficinas Públicas, se encontraban abarrotados de trabajadores ayer, reclamando el cumplimiento de sus derechos laborales. Entre ellos había decenas de trabajadores extranjeros, donde predominaban los de origen boliviano, que llegaron a Salto a través de una contratista chilena, trabajando en condiciones laborales que analizará hoy en Montevideo el Ministro de Trabajo, Ernesto Murro, al recibir la denuncia de manos de una delegación del sindicato de la construcción, SUNCA, que viajó anoche especialmente a la capital para hablar de la situación por la que atraviesan estas personas que cumplen tareas en la construcción de una nueva planta solar fotovoltaica en la zona del barrio la Chinita, cercano a las Termas del Daymán.
Si bien el sindicato de los obreros de la construcción ya denunció el incumplimiento de parte de las empresas contratistas en los haberes de los operarios en cuanto a la categorización y otros rubros, denunciaron además la falta de condiciones laborales básicas para la alimentación e higienización del personal y el incumplimiento de las normas legales básicas que amparan al trabajador como el derecho a sindicalizarse.
Pero a todo esto, el disparador del conflicto que determinó la ocupación de la planta por parte del sindicato en la actualidad, fue el despido de cinco obreros, entre ellos, uno de los delegados sindicales a quien según expresó a EL PUEBLO, el delegado del SUNCA, Pablo Torrens “lo echaron por reclamar como representante de los trabajadores que se cumplieran las normas laborales”.
Torrens explicó a este diario que los trabajadores organizados se encuentran ocupando la planta por la situación irregular que hay en el lugar. Dijo que las empresas contratistas son varias, dos de ellas son salteñas, las de Andrés Perdomo y la constructora de Álvaro Compá, pero que lo que estaba en discusión con ésta última era que había recibido de otra empresa la participación en esta obra con las condiciones así establecidas.
El hecho, es que esta tarde, a las 17 horas, la jueza de 5º turno con competencia en lo laboral, María Aurora Larramendi, dictará sentencia sobre la acción de amparo presentada por las empresas que gestionan la obra, las que pretenden que la planta sea desocupada por el sindicato y que además “se les permita entrar” a los demás trabajadores que están en contra de la medida, explicó a EL PUEBLO Pablo Torrens.
Aunque ayer al parecer hubo irregularidades en la presentación de la medida ante la justicia, ya que los denunciantes oficiaban como sus propios testigos y hubo además quienes fueron citados pero que aducían no haber asentido su participación como testigos en ningún caso.
ALGO RARO
El dirigente sindical explicó a EL PUEBLO que no se contrata mano de obra local y con la excusa de traer mano de obra calificada, traen gente de otro lado que termina siendo mano de obra barata, como el caso de decenas de bolivianos”, dijo Torrens.
Hubo cinco despidos entre los cuales estaba el de un delegado sindical, lo que terminó por agravar el conflicto. “Pero han echado mano de obra local, con la excusa de que traerán mano de obra calificada y aparecen con trabajadores extranjeros a los que no se les cumplen los derechos laborales y no se les respeta absolutamente nada, a los cuales incluso les pagan menos que a nosotros, por lo que consideramos que se trata en realidad de mano de obra barata”.
Torrens dijo que hay trabajadores “españoles, portugueses, rumanos y bolivianos” en la planta. Pero denunció que en el caso de los europeos “al menos vinieron con papeles” y “no se los llevan tan por delante”, pero denunció que el caso de los “bolivianos raya en el delito de trata de personas, porque apenas tienen un pasaporte y los tienen encerrados”. Estas cosas serán denunciadas hoy ante el Ministro de Trabajo por parte de la delegación del SUNCA que partió de Salto anoche a Montevideo con éste propósito.

Los pasillos de los juzgados letrados en el tercer piso del Palacio de Oficinas Públicas, se encontraban abarrotados de trabajadores ayer, reclamando el cumplimiento de sus derechos laborales. Entre ellos había decenas de trabajadores extranjeros, donde predominaban los de origen boliviano, que llegaron a Salto a través de una contratista chilena, trabajando en condiciones laborales que analizará hoy en Montevideo el Ministro de Trabajo, Ernesto Murro, al recibir la denuncia de manos de una delegación del sindicato de la construcción, SUNCA, que viajó anoche especialmente a la capital para hablar de la situación por la que atraviesan estas personas que cumplen tareas en la construcción de una nueva planta solar fotovoltaica en la zona del barrio la Chinita, cercano a las Termas del Daymán.

Si bien el sindicato de los obreros de la construcción ya denunció el incumplimiento de parte de las empresas contratistas en los haberes de los operarios en cuanto a la categorización y otros rubros, denunciaron además la falta de condiciones laborales básicas para la alimentación e higienización del personal y el incumplimiento de las normas legales básicas que amparan al trabajador como el derecho a sindicalizarse.

Pero a todo esto, el disparador del conflicto que determinó la ocupación de la planta por parte del sindicato en la actualidad, fue el despido de cinco obreros, entre ellos, uno de los delegados sindicales a quien según expresó a EL PUEBLO, el delegado del SUNCA, Pablo Torrens “lo echaron por reclamar como representante de los trabajadores que se cumplieran las normas laborales”.

Torrens explicó a este diario que los trabajadores organizados se encuentran ocupando la planta por la situación irregular que hay en el lugar. Dijo que las empresas contratistas son varias, dos de ellas son salteñas, las de Andrés Perdomo y la constructora de Álvaro Compá, pero que lo que estaba en discusión con ésta última era que había recibido de otra empresa la participación en esta obra con las condiciones así establecidas.

El hecho, es que esta tarde, a las 17 horas, la jueza de 5º turno con competencia en lo laboral, María Aurora Larramendi, dictará sentencia sobre la acción de amparo presentada por las empresas que gestionan la obra, las que pretenden que la planta sea desocupada por el sindicato y que además “se les permita entrar” a los demás trabajadores que están en contra de la medida, explicó a EL PUEBLO Pablo Torrens.

Aunque ayer al parecer hubo irregularidades en la presentación de la medida ante la justicia, ya que los denunciantes oficiaban como sus propios testigos y hubo además quienes fueron citados pero que aducían no haber asentido su participación como testigos en ningún caso.

ALGO RARO

El dirigente sindical explicó a EL PUEBLO que no se contrata mano de obra local y con la excusa de traer mano de obra calificada, traen gente de otro lado que termina siendo mano de obra barata, como el caso de decenas de bolivianos”, dijo Torrens.

Hubo cinco despidos entre los cuales estaba el de un delegado sindical, lo que terminó por agravar el conflicto. “Pero han echado mano de obra local, con la excusa de que traerán mano de obra calificada y aparecen con trabajadores extranjeros a los que no se les cumplen los derechos laborales y no se les respeta absolutamente nada, a los cuales incluso les pagan menos que a nosotros, por lo que consideramos que se trata en realidad de mano de obra barata”.

Torrens dijo que hay trabajadores “españoles, portugueses, rumanos y bolivianos” en la planta. Pero denunció que en el caso de los europeos “al menos vinieron con papeles” y “no se los llevan tan por delante”, pero denunció que el caso de los “bolivianos raya en el delito de trata de personas, porque apenas tienen un pasaporte y los tienen encerrados”. Estas cosas serán denunciadas hoy ante el Ministro de Trabajo por parte de la delegación del SUNCA que partió de Salto anoche a Montevideo con éste propósito.