Procedimiento para interrumpir voluntariamente el embarazo establece 3 consultas previas y una posterior

La ley 18.987 que regula las condiciones de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, busca, junto con la ley de Derechos en salud sexual y reproductiva, asegurar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población y garantizar el derecho a la procreación consciente y responsable. Así lo informa el sitio web del Ministerio de Salud Pública. Se trata de efectivizar la sistematización de prácticas que aseguren la calidad de atención, el trato digno y el respeto a derechos en la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
NORMAS GENERALES
La interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada para el caso que la mujer cumpla con los requisitos establecidos por ley. Para ello en primer lugar se establecen dos grupos de situaciones: generales y excepcionales.
La interrupción del embarazo en los casos generales debe realizarse durante las primeras doce semanas de gestación inclusive.
Dentro de los casos generales se definen 3 situaciones:
1. Mujeres que manifiestan su decisión de interrumpir voluntariamente la gestación, mayores de 18 años o menores habilitadas.
2. Mujeres menores de 18 años no habilitadas que manifiesten su decisión de interrumpir voluntariamente la gestación.
3. Mujer declarada incapaz judicialmente cuyo curador/a solicita la interrupción voluntaria de la gestación.
En situaciones excepcionales quedan definidos plazos diferenciales, donde se incluyen aquellos casos de violación, grave riesgo para la salud de la mujer y anomalías fetales incompatibles con la vida extrauterina. En estos casos la definición de la interrupción voluntaria del embarazo no requiere actuación del equipo interdisciplinario previsto por la ley, requiriendo la voluntad de la mujer.
PROCEDIMIENTO
El procedimiento definido por la Ley establece los siguientes tiempos para las situaciones generales:
1ª consulta con médico / Recepción de voluntad de interrupción del embarazo. La primera consulta se podrá realizar ante médico de cualquier disciplina ante un prestador integral de salud. Se verifican los requisitos:
· expresión verbal de la voluntad de la mujer
· ciudadanía natural o legal, o extranjera con residencia no menor de 1 año.
· edad gestacional (a verificarse por ecografía) según los casos (situaciones generales: dentro de las 12 semanas de gestación inclusive). Se solicitan estudios clínicos (establecimiento de edad gestacional, grupo sanguíneo, etc, resultados que deberán estar listos para la 3ª consulta, a los 6 días.) Se refiere en forma responsable a la 2ª consulta.
2ª consulta con equipo interdisciplinario / Asesoramiento. El equipo interdisciplinario deberá constituirse como un ámbito de apoyo piscológico y social a la mujer para asegurarse que disponga de la información necesaria y suficiente para una decisión consciente y responsable. Esta actuación deberá comenzar a cumplirse el mismo día de la consulta o al día inmediato de la misma. Tres profesionales – ginecobstetra, profesional del área social y profesional del área de salud mental – realizan asesoramiento e informan sobre el lapso de reflexión propuesto por la ley, no menor de 5 días corridos. Los profesionales deberán actuar en coordinación pero podrán entrevistarse en conjunto o en forma individual con la usuaria, según crean conveniente.
3ª consulta con ginecólogo / Expresión final de voluntad de la mujer. Se inicia el procedimiento de Interrupción Voluntaria del Embarazo definido en guías técnicas de implementación.
4ª consulta / control post IVE: ante ginecobstetra, obstetra partera o médico de familia (de preferencia ante el ginecobstetra que indicó la IVE). Esta consulta es muy importante, a efectos de asegurar la eficacia del procedimiento, la salud y seguridad de la paciente, y completar la información que requiere el MSP.
DEBERES DE LOS
PROFESIONALES
INTEGRANTES DEL EQUIPO
- Confidencialidad: el equipo de salud que actúe en el asesoramiento y procedimiento correspondiente deberá actuar según los principios de confidencialidad y secreto profesional.
- Entrevistarse con el progenitor en caso de que exista el consentimiento previo y expreso de la mujer. En caso de realizarse una entrevista, ésta será con el fin de informarle acerca de lo establecido por ley en cuanto a la IVE.
- Garantizar que el proceso de decisión de la mujer se encuentre libre de la presión de terceros.
- El equipo de profesionales no podrá denegar o autorizar la IVE es decir, que el equipo no podrá manifestarse a favor o en contra. Tampoco podrá emitir opinión al respecto, así como el personal de salud, quien no deberá emitir juicios de valor con relación a la decisión consciente y libre basada en la voluntad informada de la paciente.
DEBERES DE LAS
INSTITUCIONES MÉDICAS
Todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud tendrán la obligación de cumplir con lo previsto por Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, disponiendo de las condiciones técnicas, profesionales y administrativas para hacer posible el acceso a sus usuarias a esta prestación y dentro de los plazos establecidos. Ninguna mujer que manifieste su voluntad de interrupción del embarazo y cumpla con los requisitos quedará sin el derecho a la prestación por manifestar su institución una objeción de ideario o de conciencia.
En este caso, su prestador integral de salud deberá realizar todos los procedimientos previos al acto médico y luego dirigirla a otro prestador para culminar el proceso, cubriendo todos los gastos correspondientes.
En caso que la mujer denuncie la falta de confianza en el prestador para cumplir en tiempo y forma con el procedimiento, podrá solicitar el cambio de prestador en forma directa ante la JUNASA, en cuyo caso el nuevo prestador no podrá negarse a la incorporación de la usuaria.
Asimismo, en caso de apreciar otras faltas que no inhibieron el procedimiento (confidencialidad, trato degradante, emisión de objeciones), podrá realizar la denuncia ante la Oficina de Usuarios de su prestador, o directamente ante el MSP.
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La ley 18.987 que regula las condiciones de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, busca, junto con la ley de Derechos en salud sexual y reproductiva, asegurar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población y garantizar el derecho a la procreación consciente y responsable. Así lo informa el sitio web del Ministerio de Salud Pública. Se trata de efectivizar la sistematización de prácticas que aseguren la calidad de atención, el trato digno y el respeto a derechos en la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

NORMAS GENERALES

La interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada para el caso que la mujer cumpla con los requisitos establecidos por ley. Para ello en primer lugar se establecen dos grupos de situaciones: generales y excepcionales.

La interrupción del embarazo en los casos generales debe realizarse durante las primeras doce semanas de gestación inclusive.

Dentro de los casos generales se definen 3 situaciones:

1. Mujeres que manifiestan su decisión de interrumpir voluntariamente la gestación, mayores de 18 años o menores habilitadas.

2. Mujeres menores de 18 años no habilitadas que manifiesten su decisión de interrumpir voluntariamente la gestación.

3. Mujer declarada incapaz judicialmente cuyo curador/a solicita la interrupción voluntaria de la gestación.

En situaciones excepcionales quedan definidos plazos diferenciales, donde se incluyen aquellos casos de violación, grave riesgo para la salud de la mujer y anomalías fetales incompatibles con la vida extrauterina. En estos casos la definición de la interrupción voluntaria del embarazo no requiere actuación del equipo interdisciplinario previsto por la ley, requiriendo la voluntad de la mujer.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento definido por la Ley establece los siguientes tiempos para las situaciones generales:

1ª consulta con médico / Recepción de voluntad de interrupción del embarazo. La primera consulta se podrá realizar ante médico de cualquier disciplina ante un prestador integral de salud. Se verifican los requisitos:

· expresión verbal de la voluntad de la mujer

· ciudadanía natural o legal, o extranjera con residencia no menor de 1 año.

· edad gestacional (a verificarse por ecografía) según los casos (situaciones generales: dentro de las 12 semanas de gestación inclusive). Se solicitan estudios clínicos (establecimiento de edad gestacional, grupo sanguíneo, etc, resultados que deberán estar listos para la 3ª consulta, a los 6 días.) Se refiere en forma responsable a la 2ª consulta.

2ª consulta con equipo interdisciplinario / Asesoramiento. El equipo interdisciplinario deberá constituirse como un ámbito de apoyo piscológico y social a la mujer para asegurarse que disponga de la información necesaria y suficiente para una decisión consciente y responsable. Esta actuación deberá comenzar a cumplirse el mismo día de la consulta o al día inmediato de la misma. Tres profesionales – ginecobstetra, profesional del área social y profesional del área de salud mental – realizan asesoramiento e informan sobre el lapso de reflexión propuesto por la ley, no menor de 5 días corridos. Los profesionales deberán actuar en coordinación pero podrán entrevistarse en conjunto o en forma individual con la usuaria, según crean conveniente.

3ª consulta con ginecólogo / Expresión final de voluntad de la mujer. Se inicia el procedimiento de Interrupción Voluntaria del Embarazo definido en guías técnicas de implementación.

4ª consulta / control post IVE: ante ginecobstetra, obstetra partera o médico de familia (de preferencia ante el ginecobstetra que indicó la IVE). Esta consulta es muy importante, a efectos de asegurar la eficacia del procedimiento, la salud y seguridad de la paciente, y completar la información que requiere el MSP.

DEBERES DE LOS

PROFESIONALES

INTEGRANTES DEL EQUIPO

– Confidencialidad: el equipo de salud que actúe en el asesoramiento y procedimiento correspondiente deberá actuar según los principios de confidencialidad y secreto profesional.

– Entrevistarse con el progenitor en caso de que exista el consentimiento previo y expreso de la mujer. En caso de realizarse una entrevista, ésta será con el fin de informarle acerca de lo establecido por ley en cuanto a la IVE.

– Garantizar que el proceso de decisión de la mujer se encuentre libre de la presión de terceros.

– El equipo de profesionales no podrá denegar o autorizar la IVE es decir, que el equipo no podrá manifestarse a favor o en contra. Tampoco podrá emitir opinión al respecto, así como el personal de salud, quien no deberá emitir juicios de valor con relación a la decisión consciente y libre basada en la voluntad informada de la paciente.

DEBERES DE LAS

INSTITUCIONES MÉDICAS

Todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud tendrán la obligación de cumplir con lo previsto por Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, disponiendo de las condiciones técnicas, profesionales y administrativas para hacer posible el acceso a sus usuarias a esta prestación y dentro de los plazos establecidos. Ninguna mujer que manifieste su voluntad de interrupción del embarazo y cumpla con los requisitos quedará sin el derecho a la prestación por manifestar su institución una objeción de ideario o de conciencia.

En este caso, su prestador integral de salud deberá realizar todos los procedimientos previos al acto médico y luego dirigirla a otro prestador para culminar el proceso, cubriendo todos los gastos correspondientes.

En caso que la mujer denuncie la falta de confianza en el prestador para cumplir en tiempo y forma con el procedimiento, podrá solicitar el cambio de prestador en forma directa ante la JUNASA, en cuyo caso el nuevo prestador no podrá negarse a la incorporación de la usuaria.

Asimismo, en caso de apreciar otras faltas que no inhibieron el procedimiento (confidencialidad, trato degradante, emisión de objeciones), podrá realizar la denuncia ante la Oficina de Usuarios de su prestador, o directamente ante el MSP.