Prohíben a las empresas exigir test de embarazo para la contratación de personal

Según lo establece el artículo 1º de la ley 18868, del 14 de diciembre del año pasado “se prohíbe exigir la realización o presentación de test de embarazo o certificación médica de ausencia de gravidez, como requisito para el proceso de selección, ingreso, promoción y permanencia en cualquier cargo o empleo, tanto en la actividad pública como privada. Asimismo se prohíbe la exigencia de toda forma de declaración de ausencia de embarazo”.

SANCIONES

El incumplimiento de lo dispuesto habilita a que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aplique las “más severas sanciones administrativas, pecuniarias o de la naturaleza que corresponda”. Las multas se graduarán según la gravedad de la infracción en una cantidad fijada entre los importes de uno a ciento cincuenta jornales o días de sueldo de cada trabajador comprendido en la misma, o que pueda ser afectado por ella”. Y, en caso de reincidencia, “se duplicará la escala anterior”. La clausura de un establecimiento podrá darse “ante la comprobación de infracciones que demuestren una clara defraudación al Estado o perjuicio a los trabajadores”.

La eventual clausura no podrá ser mayor a los seis días, y las empresas quedan obligadas a abonar la totalidad de los sueldos, salarios y demás obligaciones emergentes de la relación de trabajo, por el término que dure el cierre de los mismos. El producido de las sanciones será destinado a la implementación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo.

PRÁCTICA DETECTADA EN EL PAÍS

Según se informa desde Presidencia de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en su carácter de órgano rector de las políticas de género, detectó que en ocasiones las trabajadoras eran sometidas a test de embarazos o certificados médicos a la hora de postularse. 

Incluso en algunos casos, se hace referencia al hecho en los contratos, que llega hasta la disposición que compromete a la trabajadora a no embarazarse durante cierto período de tiempo”. Esta exigencia reviste una evidente ilegalidad y un hecho discriminatorio, como también lo puede ser la exigencia de certificados de VIH u otras enfermedades. Ocurre que por lo general esta situación no se denuncia.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social agregará en sus inspecciones habituales, preguntas vinculadas a conocer si esa práctica se realiza en las empresas inspeccionadas, o si los ascensos y promociones de las mujeres son postergados o impedidos a raíz de la maternidad.