Reforma a ley de juicios laborales exonera de pagos al trabajador y suprime depósito de los empleadores

Buscan que el trabajador no escatime reclamos y que el empleador no pague por adelantado

4El mundo de las relaciones laborales es el que más transformaciones ha sufrido desde el año 2005, cuando se instaló el gobierno de izquierda en nuestro país. Desde entonces las modificaciones han sido diversas y las leyes que se han sancionado han demostrado un fuerte contenido ideológico por parte del Gobierno, que ha buscado “equilibrar la balanza hacia el lado de los trabajadores”, según han expresado los distintos ministros del ramo que se han sucedido desde la presidencia de Tabaré Vázquez hasta la fecha.

La ley de abreviación de juicios laborales ha sido parte de esa reforma que se ha instrumentado hasta el momento, y como todos proceso de transformaciones, la misma ha incurrido en algunos aspectos que han sido juzgados como negativos, lo que ha ameritado un cambio sobre la marcha en materia legislativa.

En una nota remitida a nuestra Redacción, el diputado por Salto del Frente Amplio, Andrés Lima, dio a conocer algunas de las modificaciones que se plantean en torno a esta ley, que desde su sanción ha promovido intensos debates en cuanto a si su vigencia ha promovido un aumento de la conflictividad en las relaciones laborales.   

Según el abogado y legislador nacional, la reforma alcanzada en esta norma, da lugar a la audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo como requisito ineludible para presentar una demanda laboral y entre otros aspectos que reforma, suprime el depósito del 50 por ciento del monto condenado en primera instancia por la Justicia al empleador, cuando el dictamen es favorable al trabajador, ya que esta situación había sido denunciada como inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, exonera del pago de tasas y tributos a los trabajadores, con la finalidad de que esto no escatime la intención de reclamar por éstos.   

ABREVIACIÓN Y REFORMA DE LOS PROCESOS LABORALES

Lima asegura que “el propósito de esta reforma que se introduce es construir un proceso laboral ágil, preciso y de pronta administración de justicia; que se suma a una serie de nuevos instrumentos legales que establecieron la negociación colectiva, tanto pública como privada, una ley de protección de la libertad sindical, leyes de descentralización laboral, reforma del seguro de desempleo, y nuevos estatutos para el trabajador doméstico y rural”.

Según señala el legislador en su nota “entre las nuevas reformas” que se han  hecho “cabe indicar que se elimina una norma legal que habilitaba en algunas zonas geográficas del país eludir el requisito de la previa conciliación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

El diputado informa que además ahora se admite que “el abogado con la sola suscripción o firma de la demanda laboral queda investido del carácter de representante del trabajador. En consecuencia, llegada la audiencia, si el trabajador no se encontrare, el letrado tendrá facultades suficientes para representarlo y seguir adelante con el proceso”.

NO MÁS DEPÓSITO

Uno de los cambios sustantivos que impone esta reforma es la “supresión del depósito del cincuenta por ciento de la condena como requisito previo para deducir el Recurso de Apelación. La Suprema Corte de Justicia había manifestado en más de una oportunidad, la inconstitucionalidad de esta exigencia, y por tal motivo es que se elimina”.

Lima señaló que “para reforzar la celeridad y la rapidez del proceso, se establece que solo se notificará a domicilio la providencia del Juez que concede el traslado de la demanda laboral. Las restantes notificaciones se realizarán mediante la notificación electrónica”.

Uno de los considerados avances en este proceso de reforma de esa importante ley es que “todas las actuaciones administrativas y judiciales serán gratuitas para la parte trabajadora, incluidos impuestos y tasas registrales y catastrales, expedición de testimonios de partidas del Registro de Estado Civil, certificados y sus legalizaciones”.

Sostiene que el “objetivo es que todo trabajador en este país, tenga la posibilidad de hace valer y reclamar sus derechos en vía judicial. Ya que muchas veces ha ocurrido que por el costo que tiene el acceso a determinada documentación, o bien el pago de certificaciones o testimonios, el trabajador no reclamaba, aceptando muchas veces acuerdos que no le eran beneficiosos”. Asimismo, sostiene el diputado Lima que “ésta realidad es la que se intenta modificar, permitiendo a los trabajadores uruguayos, el acceso a la justicia sin costo. Es sin dudas unos de los puntos más fuertes de la reforma introducida”. 

El legislador frenteamplista estimó que “mediante estas modificaciones el sistema procesal y laboral quedará en mejores condiciones, cumpliendo con los principios de celeridad y economía procesal, dejando el sistema jurídico nacional, una norma de avanzada si se repasan los sistemas de los países vecinos”.







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