Según cifras del Poder Judicial “de cada 100 asuntos penales que se instruyen en la justicia 6 son cometidos por menores de 18 años”

Según cifras del Poder Judicial “de cada 100 asuntos penales que se instruyen en la justicia 6 son cometidos por menores de 18 años”

Dr. Ricardo Pérez

Lo dijo ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Ricardo Pérez Manrique

Hay una campaña de prensa que difunde un incremento de delitos de menores” pero las cifras dicen otra cosa, manifestó Ricardo César Pérez Manrique, Presidente del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno. En diálogo con EL PUEBLO, a raíz de su presencia en Salto, también se refirió a la legislación vigente y a las debilidades por las que atraviesa el sistema.

CAMPAÑA DE PRENSA E IRRACIONALIDAD
Consultado sobre el tema de la delincuencia juvenil y de los menores infractores nos dijo el magistrado que tiene “hay una campaña inspirada fundamentalmente por algunos medios de comunicación y por algunos sectores políticos que han repicado ese planteo, en el sentido de que ha habido un incremento muy importante de los delitos cometidos por personas menores de edad”.  Según indicó “las cifras oficiales del Poder Judicial, que toman el 100% de los casos penales iniciados ante la justicia en todo el país, marcan que el porcentaje de casos que tienen como protagonistas a personas menores de 18 años es de cada 100 asuntos iniciados, el 5.9 %, o sea de que cada 100 asuntos que se instruyen en la justicia en el Uruguay 6 son cometidos por personas menores de 18 años”. Expresó que “la campaña de prensa y determinada irracionalidad que existe en algunos delitos cometidos por adolescentes llevan a magnificar ante la opinión pública el fenómeno de la delincuencia infantil”.
EL CÓDIGO DE LA ADOLESCENCIA ES SATISFACTORIO
Para el ministro de Apelaciones “el miedo en la sociedad es un problema real y hay que atenderlo”. ¿Cómo? “Hay propuestas que van desde rebajar la edad de imputabilidad penal desde los 18 a los 16 años, o mantener esa edad pero para el caso de determinados delitos gravísimos, llevar el máximo de privación de libertad de 5 a 10 años (en el caso de mayores de 16 años). Otro planteo es el tema vinculado con los antecedentes de los menores y  finalmente la creación de una institucionalidad especializada y específica en lo que es administrar las medidas que los jueces decretamos respecto de las personas menores de 18 años de edad que cometen delitos”. Entiende Pérez que “para llevar adelante estas medidas hay que avanzar sobre las propuestas y soluciones del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que en si es satisfactorio”. El Instituto Nacional del Menor y del Adolescente (INAU) tiene que tomar algunas medidas: “asegurar contención, reeducación y asegurar que el adolescente se haga responsable de sus actos y que sea preparado en el respeto de los demás”.
HAY QUE ATACAR LA
“FÁBRICA”
¿Qué es lo que está pasando ahora entonces? Según Pérez Manrique indica que “hay determinados sectores donde hay una tendencia a cometer más acciones ilícitas, sobre todo delitos contra la propiedad. Se ha saltado del pequeño hurto a lo que es una pequeña rapiña, y esto ha generado gran conmoción en la población”. Otro problema es “la desintegración familiar: en cualquier expediente que tiene un chico que comete una infracción, uno nota el fracaso por lo menos de 3 generaciones, la de los abuelos, la de los padres  y este chico que va camino a eso”. Entonces , agrega, “hay que hacer políticas reforzando la institución familiar como tal, sea una familia nuclear o uniparental, pero habilitándola a que pueda cumplir su función integradora; hay que dar la posibilidad a que aquellos chicos que no estudian ni trabajan, puedan hacerlo porque el trabajo es un elemento integrador, y de esa manera vamos a estar atacando lo que yo llamo “la fábrica”.
EL SISTEMA NO EDUCA NI CONTIENE
Para el juez “cuando se cometió la infracción el Estado tiene que dar una respuesta eficaz, inteligente y selectiva”, logrando que no vuelva a reincidir, desarrollando estrategias que hagan efectiva la respuesta. “Hoy tenemos un sistema que no educa ni contiene, y al no hacerlo se fugan y al fugarse generalmente vuelven con un delito más grave  del que habían cometido, que era por el que estaban, y no hay rehabilitación. Entonces el núcleo duro de la delincuencia infantil en el Uruguay, y sobre todo en el cinturón urbano, son 150 o 200 muchachos y muchachas que usufructúan las debilidades del sistema”.

Date un baño y andate

Nuestro entrevistado relató que en un expediente que tuvo en sus manos, en el que se tomó una medida de privación de libertad, “un chico cayó nuevamente a los 20 días con otra rapiña,  y al preguntarle porqué se escapó y en qué condiciones respondió que cuando llegó al Hogar le dijeron “- Date un baño y andate”. El juez entiende que esto es “una especie de estafa por no cumplir los deberes del Estado frente a la población”. Yo no puedo “educar a alguien si no tengo la seguridad de que todos los días va a ir a la escuela”. Para poder planificar un programa de rehabilitación y cumplir ciertos objetivos tengo que asegurarme de que el tiempo que el juez determinó la privación de libertad se cumpla”. También indicó que “hace poco hubo un caso en donde cada salida o fuga era un nuevo homicidio”. Entonces se pregunta “¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento de estos requisitos, para esos muchachos pero también para la sociedad?. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Reformar este sistema porque no sirve,  o hacerlo funcionar? ¿El sistema va a funcionar mejor porque en vez de 5 años los mandemos 10? ¿No se van a escapar en la misma cantidad de tiempo?”.