Sentencia revela que Lima decidió “dar los nombres” de los ediles denunciados cuando entró a la conferencia de prensa

Mañana a la tarde se cumplirá la audiencia única en el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, entre el Intendente de Salto, Andrés Lima y la Edil Dayana Añasco. La instancia, que será en Montevideo, donde están ubicados estos tribunales, tendrá como objetivo escuchar los alegatos de las partes antes de dictar la sentencia de limasegunda instancia, que puede confirmar o revocar la condena dictada por el juez penal de 4ºTurno de Salto, Dr. Hugo Rundie.
El contenido de la sentencia de condena al Intendente de Salto, Andrés Lima, fue difundida en la página web del Poder Judicial y de la misma, que tiene cerca de 30 páginas, se extraen los fundamentos que consideró el magistrado para fallar en esta decisión. El abogado del jefe comunal salteño en Montevideo, es el reconocido abogado penalista, Juan Fagúndez, quien aguarda una resolución favorable, sobre todo en lo pertinente a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, donde también se juega la calidad de ciudadano del condenado, requisito imprescindible en este caso para poder ostentar el cargo público.
LA SENTENCIA
En el contenido de la sentencia, la demandante consideró que “lo “lógico” era que se realizara una investigación administrativa (cumpliendo así con lo que establece el Decreto Departamental 5940/1997, sobre investigaciones y sumarios) y en caso de detectarse alguna irregularidad que así lo ameritara, se denunciara la misma ante la justicia, siendo innecesaria y cargada de malicia, la conferencia de prensa realizada”.
Por otro lado, agrega en su demanda “que unos días después –pero antes de culminarse la investigación interna- durante la realización de un Congreso de Intendentes, el Sr. L. P. declaró ante la prensa -y en especial ante un medio del departamento de Río Negro,- que por participar en el evento de febrero y al ser tres personas (entre ellos la denunciante) podría configurarse en su contra el delito de “Asociación para Delinquir””.
También indicó que “una vez finalizada la investigación interna que realizó la Intendencia, el denunciado invita o convoca a otra conferencia de prensa en la que da a conocer el “resultado o conclusiones de la misma”, expresándose -respecto a la denuncia-, que no se presentó nunca ante la citación del funcionario instructor. Entendiendo la edila demandante que la actitud “maliciosa” del denunciado se ve acentuada al ostentar el título de Doctor en Derecho, extremo que lo coloca en alto grado de consciencia sobre las eventuales consecuencias que provocarían sus dichos”. “Manifiesta también que a través de las expresiones del denunciado, se la expuso públicamente con una sola finalidad de índole político, pues hay un incipiente enfrentamiento entre el Sr. L. P. y el presidente de la Junta Departamental de Salto, dado que se disputarían la candidatura interna a la presidencia del Frente Amplio a nivel departamental. Insiste así en que el Intendente – con la conducta que da mérito a la denuncia- antepuso lo “político sobre lo jurídico”.
Concluye que se actuó “con desprecio hacia su persona, provocando en la sociedad un rechazo permanente hacia ella, pues luego de darse a conocer su nombre públicamente, recibió un “aluvión” de dichos e insultos a través de las redes sociales, cuestionándola a nivel familiar y social, dañándola tanto en su incipiente carrera política, como universitaria, pues cursa estudios en la UdelaR- Regional Norte”.
MALICIA TEMERARIA
Para el juez que actuó en la causa, el Intendente obró con “malicia temeraria” al brindar la conferencia de prensa el pasado 9 de marzo del corriente, lo que se repitió en diversas, puntuales y sucesivas declaraciones públicas sobre el tema de fondo. Y dijo que su accionar no está exento de responsabilidad por tratarse de personas públicas como establece el art. 4to de la ley 18.515.
Por su parte, la demandante aclaró en “audiencia que se enteró de la conferencia de prensa en la que se la identificaba como una de las partícipes de la adulteración, el mismo 9 de marzo mientras estaba en la Facultad y su novio la llama al celular, agregando que de inmediato en las redes sociales la han tildado de “ratera, corrupta, ladrona”, “la edil que se robó la plata”. Debió cerrar su cuenta en Facebook y suspendió por unos días su asistencia al centro educativo, dado que se hizo una publicación con su foto bajo el título “Acá está la Edil chorra”. Tuvo problemas con su familia y vecinos en general a raíz de ello”.
“La denunciante mantiene su posición en cuanto a la negativa de su participación en el evento (presunta adulteración) que se le atribuye, no realizando ni participando (a diferencia de los otros ediles) de otra “conferencia de descargo”, pues en la fecha que P. y G. se manifestaron públicamente a través de los medios de prensa, ella priorizó su asistencia a clases en la Facultad, actitud coherente con el motivo de la denuncia que da impulso a obrados”.
“Del relevamiento testimonial se concluye que el Sr. B. (novio de la denunciante) le avisó por teléfono de los dichos emergentes de la conferencia de prensa, reaccionando A. “mal, a nadie le gustaría prender la televisión y ver que la están culpando de algo de lo que no tenía conocimiento… no quería ir a la Facultad, todo el tiempo estaba mal, no comía. Se creó un ambiente malo en la casa”.
Por su parte, el Intendente expresó en audiencia que se resolvió brindar la conferencia de prensa el pasado 7 de marzo (dos días antes) en la tardecita en una reunión con parte de su equipo de gobierno y de su fuerza política. “Momentos previos a darse la noticia a los medios de comunicación, hubo distintas opiniones (entre los integrantes del equipo de gobierno) sobre identificar o no públicamente a los tres Ediles”.
Al ser preguntado por el Juez respecto a cuando decidió dar los nombres contestó “al momento de entrar a la conferencia de prensa”. El denunciado “aclara que dicha decisión no fue a instancia de ningún periodista o comunicador que estuviera allí presente, que fue estrictamente personal y lo hizo con la finalidad de hacer pública una situación “grave e irregular que afectaba al Gobierno Departamental y que no debía conocerse a través de otro actor político y menos por la oposición”. “Es relación a ello, de los testimonios vertidos se concluye que fue una funcionaria de la propia Intendencia quien habría detectado la presunta irregularidad, por lo que la decisión de realizar la conferencia de prensa, fue impulsada para evitar que rápidamente se filtrara la información. El Sr. L. P. fundamenta su posición en la transparencia y honestidad en que se maneja en la vida política, agregando que durante los dos días posteriores al 9 de marzo, recayeron en él muchas solicitudes de entrevistas periodísticas, decidiendo no volver a dar nombres, dado que ya estaba en curso la investigación administrativa en la que el mismo 9 de marzo resultó designado funcionario instructor el Dr. J. L.”.
El Juez Hugo Rundie subrayó que “el título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y el ejercicio activo de la profesión que ostentó el denunciado hasta mayo de 2015, lo ubican en una posición particular sobre lo acontecido y sobre todo en cuanto a su accionar, pues como lo entiende la representante del Ministerio Público no puede atribuirse igual o más responsabilidad a quienes no tienen conocimiento de las normas jurídicas. En el caso, la responsabilidad se enfatiza si se tiene en cuenta la evidente discrepancia previa que hubo entre los cuatro exponentes o partícipes de la conferencia de prensa (L. P., B., S. e I.) y las declaraciones del denunciado en otros medios de prensa, donde se utilizaron expresiones de índole técnico y de la exclusiva materia penal como “reiteración real”, “asociación para delinquir”, sumándole a “adulteración de documentos”.
Conforme a todo lo relacionado anteriormente es evidente que se actuó con “real malicia” al momento de brindar la conferencia de prensa y sobre todo al identificar puntualmente a la denunciante. Dicho instituto –el de la real malicia- emerge como límite a la inmunidad que en principio se concede a quien critica o informa algo públicamente.
Definida la “real malicia” como “el conocimiento de que la aseveración de la noticia es falsa, o con indiferencia temeraria por determinar si lo era o no”. Entonces, el haber actuado impulsado por dar transparencia al asunto y con el apuro, premura o anticipación necesaria para que la noticia no se difunda por la oposición político-partidaria, ubica al denunciado en una posición totalmente indiferente y despreocupada sobre la evidente lesión que sus dichos ocasionaban en la denunciante.