Un análisis sobre cómo opera el delito de Difamación

Mucho se habla en los últimos días en la ciudad con respecto al delito de difamación debido a los episodios judiciales a los que dio lugar la denuncia por difamación entablada en el Juzgado Penal competente por una edil de la Junta Departamental de Salto contra el intendente de Salto (y por el cual el mismo tiene en su contra un pedido de difamacionprocesamiento con prisión por la Fiscal Letrado Departamental de 1º Turno, María Auxiliadora Cosse).
Sin emitir opinión sobre el caso concreto, daremos en el presente trabajo una mirada sobre la normativa legislativa vigente sobre el delito de difamación y algunas particularidades procesales.
El delito de difamación se halla regulado en nuestro derecho en el artículo 333 del Código Penal uruguayo, refiere a que: “El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría, o multa de 80 U.R. (ochenta unidades reajustables) a 800 U.R. (ochocientas unidades reajustables)”.
Sin perjuicio de lo extenso de las particularidades del proceso previsto cuando el delito se comete a través de los medios de prensa a las que no nos referiremos, sí haremos cuestión de la etapa de resolución judicial, en concreto a la normativa que orientara la decisión judicial, este es al artículo 336 del Código Penal Uruguayo en la redacción dada por la Ley 18515.
LA EXCEPCIÓN ES LA REGLA
El anterior artículo 336 del Código Penal establecía el principio o regla de que el probar que el hecho atribuido es cierto o notorio no exime de pena al autor de la difamación, luego el mismo artículo se establecían una serie de excepciones en las cuales el denunciado podía probar los hechos y por lo tanto evitar ser penalizado.
Fue con la ley 18.515 que se dio nueva redacción a este artículo y se establecieron lo que antes eran una causa de exención de pena, ahora lo son de exención de responsabilidad, es decir, el denunciado deberá ser declarado inocente por medio de una sentencia absolutoria en esas hipótesis.
Las hipótesis que la ley establece, son tantas y tan amplias que el Prof. Miguel Langón Cuñarro expresa que lo que son excepciones, en realidad es la regla y por lo tanto la prueba de la verdad puede estar presente en todos los casos, y entonces si el denunciado logra probar la verdad del hecho que atribuyó, no podrá ser responsabilizado penalmente en los siguientes casos, cuando: 1) efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que, por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Aquí se amplió el elenco de potenciales destinatarios de mensajes ofensivos, no solo como en la redacción anterior del art.336, funcionarios públicos por hechos atribuidos en el ejercicio de su función, sino a demás personas que por su profesión u oficio se encuentren expuestas a la crítica social.
2) Cuando reprodujere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público y el autor de las mismas se encuentre identificado; esta consagración legislativa mereció las críticas de la doctrina por la poca claridad de la norma en tanto se refiere a todo tipo de manifestaciones “sobre asuntos de interés público”, concepto que puede ser de carácter amplísimo, lo que para unos puede ser de interés público, para otros puede no serlo y en definitiva dejando ese concepto al criterio de interpretación del juez.
3) Cuando efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación humorística o artística, siempre que refiera a alguna de las hipótesis precedentes, este inciso es de más fácil interpretación, en tanto tradicionalmente tanto doctrina y jurisprudencia sostienen que la critica humorística o artística no tiene en principio relevancia penal.
A NO SER QUE INVENTARA ADREDE AHÍ HAY REAL MALICIA
De fundamental importancia resulta los dos últimos incisos del artículo 336 que establece las hipótesis en las que el denunciado no podrá ser exonerado de responsabilidad, estas son: La exención de responsabilidad no procederá cuando resulte probada la real malicia del autor de agraviar a las personas o vulnerar su vida privada. Los acusados de los delitos previstos en el artículo 333 y aun en el 334, cuando mediare imputación, tendrán derecho a probar la verdad de los hechos y la verosimilitud de las calidades atribuidas a la persona, excepto que el caso se refiera a la vida privada de la persona o cuando no sea de interés público la divulgación de los hechos. Si se probase la verdad o la verosimilitud, el autor de la imputación se verá exento de pena (no de responsabilidad penal), salvo que hubiese empleado real malicia (real malicia es atribuir algo a sabiendas de que es falso).
Con lo cual hay dos claves para la comprensión de esta norma, primero el concepto de real malicia y luego el hecho de que la norma establece que cuando la imputación de hechos se refiera a la vida privada de la persona o cuando no sea de interés público la divulgación de los hechos, el denunciado no podrá probarlos, pero si aún se probase su verdad o similitud el denunciado igualmente se verá exento de pena, salvo que hubiere actuado con real malicia, con lo cual el concepto fundamental resulta este.
Dice Dardo Preza Restuccia (pag. 73 de obra citada al final) que el concepto de la real malicia “se trata de un instituto extraído de la jurisprudencia estadounidense y al cual la ley 18515, le adjudica “patente de invención” y luego para ilustrarnos sobre el concepto se refiere a lo expresado por el Profesor Fernando Urioste Braga sobre las dos hipótesis en que esta puede configurarse (pag. 73 de obra citada al final): a) Cuando el sujeto activo sabe que el hecho atribuido es falso, y de la prueba reunida en el juicio se acredita el conocimiento por parte del agente de esa falsedad; y b) Cuando al sujeto no le preocupa indagar, en actitud francamente temeraria, si la versión es falsa o verdadera; de todos modos la difunde.
INTERÉS PÚBLICO
Concluye Langón (pag. 776 de la obra citada de este autor al final) que refiriéndose a la reforma del artículo 336 por la ley 18515 a que “La reforma de 2009, a mi juicio, lo que hace, en lo esencial, es establecer una excusa absolutoria (que excluye el tipo penal), respecto de toda manifestación que tenga relación con “asuntos de interés público”, la que operara siempre, como regla, salvo que el autor hubiere actuado con “real malicia”.
En más con absoluta claridad el jurista expresa que “Queda por otra parte abolida la interdicción de la prueba de la verdad , pues ahora , en cambio, se tiene “derecho” a ello, en términos amplios pues se admite: a) la prueba de la verdad lisa y llana y también b) la prueba de la “verosimilitud” de las calidades atribuidas a la persona concernida, de modo que basta que hubiere existido probabilidad de ser cierto, apariencia de verdad para quedar exento de responsabilidad el presunto autor.
Y en referencia al delito en sí por su claridad exponemos el concepto que expresa el Profesor Langón (pag. 776 de la obra citada de este autor al final) “Todo ello como puede verse, queda librado a la discrecionalidad reglada de los jueces que se convertirán en árbitros de la existencia o no del delito, según pautas particulares de cada cual respecto de sus puntos de vista en lo concerniente a que cosa pertenece a la vida privada , qué sentido tiene el agravio “malicioso”, cuándo existe interés público y cuándo no en la divulgación de aquellos aspectos, como es natural, pueden coexistir diferentes posicionamientos todos ellos respetables, pues son de una total subjetividad personal del juzgador”.
Así el panorama, la casuística de cada caso en particular, la forma de presentación de los hechos denunciados por parte de los abogados de cada una de las partes, la impronta personal de cada Ministerio Público y la de Juzgador principalmente serán las que decidirán la cuestión de si hubo o no difamación en un caso en concreto que sea presentado ante nuestros Tribunales.

Bibliografía consultada;
“La enseñanza del Derecho penal a partir de casos reales. Parte Especial. FCU , Pag.67 a 75
Código Penal (y leyes complementarias de la República Oriental del Uruguay) Tomo II. De los delitos en particular (arts. 132 -366) Universidad de Montevideo 2013. Prof.Dr. Miguel Langón Cuñarro . Pags 746 a 751