Inclusión laboral y cambio cultural

El acceso laboral de colectivos históricamente postergados en el ejercicio de su derecho comienza a tener fuerza de ley

Las personas con discapacidad, según el Censo de Población, Hogares y Viviendas del Uruguay de 2011, representan aproximadamente un 17,6 % de la población uruguaya. Alrededor de 514.000 presentan alguna discapacidad y, de ellas, un 36,89 % tiene posibilidad de trabajar”, especificó la directora del Programa Nacional de Discapacidad, Begoña Grau, días atrás, en oportunidad de presentar una guía para mejorar el acceso laboral de este colectivo en Montevideo.

Este grupo de personas que ha permanecido por años alejada de la actividad laboral, discriminada y sesgada en ese derecho, ha logrado alcanzar en la actualidad una cota legal en todos los llamados públicos paInclusiónra ingresos de trabajadores y ahora lucha porque algo similar se de en el orden privado.
Por primera vez en la historia de Uruguay, la inclusión de personas con discapacidad en puestos laborales en el Estado llegó al 1,37 %, con el objetivo de llegar al 4 % y el trabajo continúa también en los sectores privados.
La conquista de este colectivo ha sido seguida por otros grupos que históricamente han sufrido algún tipo de discriminación y dificultades en el acceso al empleo como los afrodescendientes, el colectivo LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales) e incluso por las mujeres (como sucedió con el proyecto de ley de cuotas a nivel político).

GUÍA PARA INCORPORAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A NIVEL LABORAL
Recientemente, el Estado realizó el lanzamiento de una guía para incorporar a las personas con discapacidad en plantillas laborales apoyando a las empresas en esta creación. En lo que respecta a esta guía para empresas “Inclusión laboral de personas con discapacidad”, de 31 páginas, se aborda la definición de discapacidad, el marco normativo vigente y el proyecto de ley a estudio del Parlamento. También sugiere cómo realizar la inclusión, la adaptación y el apoyo necesario para cumplir las metas de ese puesto de trabajo, cómo derribar mitos y prejuicios, así como las experiencias de inclusión laboral desarrolladas en empresas uruguayas.
Este proyecto incluye algunos cambios en lo que respecta a discapacidad y trabajo, propone que sea obligatorio que las empresas privadas que tienen más de 25 trabajadores lleguen a emplear a un 4 % de personas con discapacidad, incluyendo a los actuales empleados, además de crear la figura del operador laboral, una especie de facilitador o mediador en el ámbito del trabajo.
El proyecto de ley establece que será obligatorio y en forma gradual, para las empresas que tengan más de 25 trabajadores, la inclusión de personas con discapacidad.
En Uruguay hay 5.000 empresas que ocupan a 550.000 personas. Las empresas con 500 empleados o más comenzarán con un 3 % el primer año y alcanzarán un 4 % el segundo año de vigencia de la ley. Se considerará, además, a las personas con discapacidad que no ingresaron por cuota porque lo hicieron mediante concursos de méritos generales.
Este proyecto de ley sobre discapacidad y trabajo fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente está en la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social del Senado.
COLECTIVOS

HISTÓRICAMENTE EXCLUÍDOS DEL ÁMBITO LABORAL
Esta situación, denota un interés gubernamental por incluir a colectivos que han permanecido históricamente alejados del ámbito laboral por diferentes motivos lo que a su vez va acompañado de un cambio cultural que nutre a toda la población y permite que estos cambios legales se reflejen por la vía de los hechos. En el presente informe, EL PUEBLO, recoge la opinión de los referentes de estos colectivos que buscan una mayor inclusión laboral y social como es el caso de las personas con discapacidad, afrodescendientes y el colectivo LGBT, que poco a poco van consiguiendo conquistas a su favor pero que aún sienten que falta mucho por hacer.

«No es correcto y no es políticamente correcto discriminar» como sucedía abiertamente en otras épocas, dijo Azambuja

Yo creo que falta mucho por trabajar, desde las instituciones tenemos una gran responsabilidad, pero todavía falta», dijo a EL PUEBLO la referente en Salto del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), Marcela Azambuja, en relación a la inclusión de los colectivos históricamente postergados en el ejercicio de sus derechos, principalmente los laborales.

Azambuja señaló que este organismo no es el que resuelve temas laborales a nivel país sin embargo tiene un gran trabajo en el ámbito de la promoción y organización de estos colectivos, sobre todo en la difusión de sus derechos.
El MIDES, está desarrollando acciones de fortalecimiento de estos grupos ante la sociedad, aseguró Azambuja.
A modo de ejemplo mencionó dos colectivos particulares como los afrodescendientes y las personas de la diversidad sexual, donde se trabaja para que estas personas sepan trabajar en equipo y presentar un proyecto, rendirlo y gestionarlo.
«Hay un discurso que se ha impuesto relativo a los derechos humanos que no permite de manera tan facil la discriminación como en otras épocas.
No es correcto y no es políticamente correcto discriminar por razones de raza, etnia o de identidad sexual ni tampoco por discapacidad.
Hay muchos avances pero también hay que seguir trabajando mucho en esta línea», señaló la jerarca del MIDES en Salto en relación a la real inclusión de estos colectivos ante el discurso que así lo manifiesta.

EL TRABAJO DEL MIDES EN LA ORGANIZACIÓN DE ESTOS COLECTIVOS
Azambuja informó que desde la Dirección de Promoción Sociocultural del MIDES, se trabaja en un proyecto que busca la promoción de dos colectivos, como el LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales), y población afrodescendiente.
También desde la Dirección de Economía Social (otra de las direcciones del MIDES), lo que se hace es tener cupos en programas como Uruguay Trabaja (que abre sus inscripciones este 25 de julio).
En este caso, se mantiene para este programa un cupo para personas con discapacidad, afrodescendientes y persoans trans.
Ésto, fue catalogado como algo «muy importante» por la referente de esta cartera de Estado en Salto, sobre todo en el acceso al campo laboral a través del programa Uruguay Trabaja para las personas trans, porque «desarrolla y potencia sus capacidades laborales sobre todo si pensamos que históricamente han sido condenadas a la explotación sexual».
De esta forma, Azambuja aclaró, que desde el MIDES, se busca promover la inserción de personas que tengan aglún tipo de dificultad en esa inclusión, siempre apuntando a la difusión de sus derechos, a la organización como colectivo y al acceso a esas oportundidades y derechos.

PROMOCIÓN DE SU IDENTIDDAD Y SUS DERECHOS
En ese sentido, la entrevistada se refirió particularmente a la ley de acciones afirmativas para el colectivo de personas afrodescendientes, una línea de trabajo que consiste en fomentar la participación social de personas afro, fomentar la colectivización de este grupo de personas y promover actividades como las que se llevan a cabo en este mes que es de la afrodescendencia donde se incluye la promoción de la identidad afro y sus valores.
«Todo lo que tiene que ver con esos colectivos, con el asociativismo y la difusión de sus derechos es algo en lo que trabaja el MIDES», precisó Azambuja.

LA INCLUSIÓN DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
«Generalizar es bastante dificil, lo que sucede es que todavía hay mucha resistencia en diferentes lugares pero de a poco se va avanzando», dijo Azambuja en referencia a la inclusión real de estos colectivos.
En ese sentido, señaló como ejemplo, lo que pasa en el sistema educativo con los niños con discapacidad y la promoción de su inclusión.
«Si bien hay escuelas bastante amigables o muy amigables con la inclusión también vemos que hay otras a las que les cuesta tratar este tema y presentan dificultades a la hora de la inclusión y eso es algo que lo manifiestan los mismos grupos de personas con discapacidad en las reuniones que mantenermos», comentó la entrevistada.
Más allá de eso, fue enfática en señalar que ese tipo de situaciones «no pueden quedar a criterio de la Dirección de una escuela, tiene que ser una política universal» y en ese sentido aseguró que «se ha avanzado muchísimo y se trabaja también para eso, pero es evidente que todavía falta y siempre hay mucho trabajo por delante», dijo Azambuja.

EL «DISCURSO» IMPIDE UNA DISCRIMACIÓN AÚN MAYOR
En lo que respecta a la hipocrecía que se plantea cuando todavía hay gente que se resiste a la inclusión más allá de la normativa que defiende el derecho de estas personas, Azambuja remarcó que actualmente «hay un discurso que se ha impuesto relativo a los derechos humanos que no permite de manera tan facil la discriminación como en otras épocas. No es correcto y no es políticamente correcto discriminar por razones de raza, etnia o de identidad sexual ni tampoco por discapacidad.
Hay muchos avances pero también hay que seguir trabajando mucho en esta línea», concluyó la jerarca del MIDES en Salto.

Espacio de Orientación en Formación e Inclusión Laboral para personas con Discapacidad

Marisabina Minteguiaga – funcionaria de la oficina de MIDES Salto – vinculada al temática de la discapacidad – manifestó que si bien no se manejan estadísticas concretas en este momento que reflejen la realidad del acceso laboral de las personas con discapacidad, se cuenta con una normativa a nivel nacional que plantea un decreto que establece que un cuatro por ciento de los funcionarios e instituciones públicas, que un cuatro por ciento de la plantilla de los trabajadores pueda correponder a personas con discapacidad como una normativa que pueda facilitar y estimular la inclusión laboral de esas personas.

“La normativa tiene vigencia en todo el territorio nacional pero no estamos en conocimiento de que hasta el momento haya una estadística específica que nos diga cuál es la realidad del departamento de Salto” – destacó Minteguiaga.
En estos momentos se está discutiendo a nivel parlamentario la posibilidad de ampliar esta normativa a los sectores privados del mercado formal.Discapacidad
Este tema en el entorno del Parlamento está en proceso de debate y a fines del año pasado se trabajó para recoger firmas con la finalidad de estimular esta iniciativa.
Desde la Comisión Departamental de Discapacidad en Salto el año pasado se estuvo acompañando esta propuesta de juntar firmas y demás para poder estimular la normativa en el departamento, de los sectores privados.
La Comisión Departamental de Discapacidad está integrada por algunas asociaciones e instituciones.
Este año se están trabajando cuestiones vinculadas a la formación y a aspectos administrativos y legales que interfieren y se relacionan con las personas en situación de discapacidad como son las curatelas parciales y totales.
Se está trabajando actualmente en una actividad para que en el segundo semestre para que las presonas con discapacidad puedan resolver temas cotidianos y proyectarse.

ESPACIO DE ORIENTACIÓN EN FORMACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL

En PRONADIS se está teniendo un espacio de orientación formación e inclusión laboral que es llevado adelante por una psicóloga que viaja desde Montevideo y mediante entrevistas se conecta a las personas interesadas en formación e inclusión laboral como para tener un registro a nivel nacional de los distintos perfiles con edad laboral en cada uno de los departamentos a fin de poder incidir y negociar cursos de formación y posibilidades laborales en espacios concretos.

LA INTEGRACIÓN DESDE LA EDUCACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Para toda persona el trabajo constituye una actividad necesaria y muy significativa, aporta a la autonomía y a una total independencia y favorece significativamente altos índice de la calidad de vida. Por lo tanto, acceder a un puesto de trabajo en el empleo competitivo será la llave que abrirá mundo y espacio para una persona con discapacidad intelectual.
Es por lo anterior, que la inserción al mundo laboral de las personas con discapacidad se ha constituido en un fin prioritario tanto a nivel internacional como nacional, ya que responde a cambios ideológicos de la sociedad actuales, donde se reconocen los derechos de las personas y se promueve la integración desde la educación y la participación social.
La inserción sociolaboral es clave para luchar contra la discriminación y para superar círculos viciosos de la pobreza, con la que a menudo se vincula la discapacidad intelectual.
Disponer de un trabajo relativamente estable constituye un logro muy significativo para una persona con discapacidad intelectual, pero el proceso de encontrar un puesto de trabajo en la empresa competitiva se complejiza cada vez más, por las características propias de las exigencias del mercado laboral actual.
Las personas con discapacidad, según el Censo de Población, Hogares y Viviendas del Uruguay de 2011, representan aproximadamente un 17,6 % de la población uruguaya. Alrededor de 514.000 presentan alguna discapacidad y, de ellas, un 36,89 % tiene posibilidad de trabajar.
Coordinar, asesorar, promover y difundir todas aquellas acciones que contribuyan directa o indirectamente a la inclusión de las personas con discapacidad.Promover, coordinar y ejecutar programas y apoyos que permitan la implementación de políticas focalizadas sobre la inclusión de personas con discapacidad, con intervención de los organismos nacionales, departamentales y municipales.
Fomentar la transversalización de la discapacidad en las políticas sociales centrales y descentralizadas, coordinando la implementación de tales políticas.
Orientar, coordinar y colaborar con la implementación y ejecución del Sistema de Cuidados para personas en situación de dependencia por discapacidad
Promover la participación de la sociedad civil en la implementación de propuestas, programas y proyectos innovadores que promuevan la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.
Apoyar el fortalecimiento de las asociaciones de personas con discapacidad y de familiares como movimiento social
Articular programas y propuestas para la promoción de derechos con la participación de organizaciones privadas de o para personas con discapacidad, participando en la elaboración y evaluación de iniciativas destinadas a tales fines.
Efectivizar acciones con el objeto de evaluar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Promover y articular acciones que atiendan a personas con discapacidad en situación de vulneración socio – económica.
Generar y difundir información sobre información sobre discapacidad tanto nacional como internacional.

Licenciada Cristina Rundie: “Habría que evaluar, revisar la aplicación de la Ley luego de un tiempo de su sanción para ver el impacto”.

Realidad del Acceso Laboral al colectivo Afrodescendiente

Cristina Rundie es Licenciada en Ciencias Sociales y Docente Investigadora del Departamento de Ciencias Sociales del CENUR Litoral Norte.

No tengo un seguimiento sobre cuánto y cómo se está aplicando la Ley.
Sí me consta que se aplica en algunos llamados públicos.
La ley 19.122 de acciones afirmativas para la población afrodescendiente busca principalmente revertir su vinculación con la esfera laboral, tratando de garantizar el acceso a empleos formales y de buena calidad.
Se exige una cuota de un 8% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año, a través de llamados públicos.
Habría que evaluar, revisar la aplicación de la Ley luego de un tiempo de su sanción para ver ecristina rundie 001l impacto.
Hay personas afrodescendientes que continúan insertas en empleos informales, en su mayoría.
No he hecho investigaciones sobre ese punto, el seguimiento al que me refiero, por eso es que no puedo darte una respuesta con tanta certeza.
Pero desde la cercanía que tengo con el tema y con personas afrodescendientes me animo a decir que, por un lado, todavía no se conoce mucho respecto a las acciones afirmativas, o sea que falta llegar a estas personas y que ellas se apropien de las políticas destinadas a mejorar sus condiciones de vida. Por otro, no sé si todas las empresas públicas lo están aplicando aunque me consta de algunas.
También me consta de que se están realizando capacitaciones a funcionarios públicos en torno a la dimensión etnico-racial y las desigualdades que emergen de allí.
Si bien hay cierto nivel de desempleo en las personas afro, considero que parte de la problemática de la situación está también en que muchos se encuentran empleados pero en mercados informales y eso no les garantiza estabilidad salarial, y otros aspectos que hacen a la calidad del trabajo.
Entonces, las estrategias podrían pasar por continuar trabajando en la sensibilización de las empresas públicas y también privadas sobre la necesidad de incluir a estas personas y de hecho hacerlo.
Una vez incluidas, propiciar capacitaciones internas para el desempeño de las tareas, considerando que en su mayoría tienen bajos niveles educativos, por eso la capacitación es central. Que esa vida laboral pueda ir acompañada de estrategias que les posibiliten minimamente concluir estudios secundarios, vía convenios con Educación Secundaria.
Y desde las políticas sociales, llegar a ellas, conocerlas e implementar estrategias para que se apropien de Políticas que son suyas”.

LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES Y LOS LLAMADOS PÚBLICOS
El componente laboral público tiene como principal cometido la aplicación de una cuota de al menos un 8% de personas afrodescendientes en cada uno de los llamados públicos que se realicen desde la entrada en vigencia de la Ley. Eso implica la más amplia difusión de la cuota. Por otro lado, desde la Comisión Implementadora es central generar mecanismos de incentivo para revertir las brechas de acceso diferenciada por escalafón, por lo que se deberá pensar en la estrategia de aumentar las contrataciones de personas afrodescendientes en los llamados de mayor calificación. Asimismo, se deberá desarrollar un trabajo conjunto con la ONSC que permita generar los insumos necesarios para mejorar cada año los informes de procesos de los organismos del Estado. Se propone la existencia de una instancia anual de presentación del informe.
En tercer lugar, se trabajará en equipo con INEFOP para colaborar en la incorporación de los cupos en cada uno de sus cursos. De igual forma esta institución será parte de los informes anuales.
El Estado uruguayo, a través de los diferentes instrumentos de derecho internacional público, se ha comprometido y obligado a combatir todas las formas de discriminación y racismo. Para el cumplimiento de esos objetivos, el primer paso de la estrategia ha sido la introducción de la variable étnico-racial en las políticas y programas sociales que permitan una lectura diferenciada sobre la realidad de las personas afrodescendientes, así como acciones afirmativas apuntadas a reducir las brechas de desigualdad que devienen de las inequidades raciales estructurales, y de esa forma eliminar las prácticas discriminatorias, ya sea en lo social, cultural e institucional.
El racismo y otras formas de discriminación refuerzan formas de desigualdad social, como la pobreza y la indigencia, y la situación de desventaja en el goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. En este escenario, la situación de las personas afrodescendientes quienes duplican los índices de pobreza y triplican los índices de indigencia, con postergación y muestran las áreas donde hay que reconstruir y reparar.
Se puede afirmar que el Estado uruguayo está llevando a los hechos la igualdad de derechos que ha consagrado ante la comunidad internacional, teniendo como hoja de ruta y marco conceptual, normativo y ético: los pactos, tratados, convenciones, declaraciones, recomendaciones y observaciones relacionadas a derechos humanos, racismo y no discriminación.
En Salto particularmente las empresas no ofrecen trabajo digno a personas trans.

Está en estudio una ley que proteja a estas personas

Tomás Bentos Pereira, referente del colectivo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) manifestó que en lo que refiere a personas con discapacidad lo que se busca es una ley que ampare el empleo a nivel privado, ya que actualmente lo que está vigente es una ley para llamados públicos que refiere a que un porcentaje de las vacantes deben llenarse con personas con discapacidad, al igual que para personas afrodescendientes, lo cual está costando, «si bien hoy se está empezando a cumplir la cuota, pero no sé si se ha logrado alcanzar el 8% para las personas afro».
«Al día de hoy es una realidad que nosotros estimamos que no se está cumpliendo, sí se empezó a realizar un mejor control y en el portal donde se publican todos los llamados del Estado, la Oficina Nacional del Servicio Civil que es la encargada del reclutamiento de personal a nivel estatal, lleva un control de esto, pero en la realidad no sé si todavía se ha logrado cumplir con esa cuota».
Bentos Pereira agregó que para los demás colectivos está en estudio en el Parlamento una ley que es la Ley Integral para Personas Trans que busca la protección de las personas trans (que son los colectivos trasvestis, transexuales y transgénero), que son los más discriminados de todos, en cuanto a lo que son oportunidades laborales y educativas, ya que es un colectivo que a temprana edad en su adolescencia, cuando empieza a expresar su género, son expulsados de sus hogares en su mayoría y eso le corta las posibilidades de seguir estudiando, ya se desvincula del sistema educativo y eso no le permite tener una capacitación para enfrentar la vida laboral». Agregó que «de esta manera el acceso a las oportunidades laborales son muy limitados y a eso se suma que las empresas del medio y más aún en Salto, pasa la particularidad que no ofrecen esa posibilidad de trabajo digno para las personas que terminan siendo «presas» del trabajo sexual como única salida laboral».
El entrevistado explicó que esta ley busca además que estas personas tengan su cuota en los llamados públicos (el 1%) que es más o menos el porcentaje de personas trans que se estima en relación a la población total del Uruguay.
«Como colectivo, estamos conformando la Coordinadora por la Diversidad, que se creó el año pasado por la marcha por la diversidad pero que ahora quedó funcionando como organización de la sociedad civil y estamos trabajando en algunos proyectos para presentar al MIDES referidos a la concientización y sensibilización, así como trabajar en talleres desde el ámbito educativo; la idea es que se sumen empresas e instituciones, para ir abatiendo esas barreras que encuentran esas personas así como los miembros de nuestro colectivo y tener una igualdad real en los hechos y en todos los ámbitos». «Indicó que además el colectivo está abocado a los preparativos del mes de la diversidad que es en setiembre, informó que ya está confirmada la fecha de la marcha que es el 14 de setiembre y el día anterior se realizará por primera vez en Salto el «Transforma» que es una actividad que lleva a delante el MIDES donde se discuten las políticas públicas para el colectivo, las dos actividades se realizarán por primera vez en Salto de manera regional, participando de la misma los colectivos de toda la región; Artigas, Paysandú, Bella Unión, Fray Bentos y también de Concordia».

“Los comerciantes, cuando hacen la evaluación, tratan de buscar a quien se ajuste más al perfil necesario para el cargo que están buscando”

Atilio Fabián Minervine – Secretario del Centro Comercial e Industrial de Salto

EL PUEBLO dialogó con el Secretario del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCS), Atilio Fabián Minervine, quien manifestó que se está tratando de generar un ambiente de trabajo, de colaboración e interrelación, para que “esta situación circunstancial que estamos viviendo en lo económico y en lo social”, se algo pasajero y que a mediano o muy corto plazo, “lo podamos solucionar”.

¿De qué forma se ha encarado la nueva normativa que establece cupos para personas con capacidades diferentes en las empresas?
Nosotros, hace alrededor de dos años, mantuvimos una reunión con representantes que nuclea a transexuales, donde se habló precisamente de las oportunidades laborales, y cómo ante el tema, muchas veces ciertos grupos de la sociedad se sienten discriminados.
Pero llegamos a la conclusión que, al final de la evaluación, todo se ve de acuerdo con las capacidades que pueda tener quien desea acceder a un puesto de trabajo, y que las mismas sean acorde al puesto laboral que se ofrece; a la vista está que inclusión existe.
Sin dudas que, los comerciantes, cuando hacen la evaluación de los currículums presentados, tratan de buscar a quien se ajuste más al perfil necesario para el cargo que están buscando; en Salto hay muchos ejemplos de comercios que han incluido personas con capacidades diferentes en distintos rubros.
El tema de las cuotas, es bien visto por los comerciantes o por la mayoría de ellos. No hay nada en contra de que haya inclusión, de que todos puedan tener la oportunidad de trabajar, que cuanto más personas tengan acceso al trabajo mucho mejor va a ser; pero repito, cuando llega el momento de tomar a alguien, lo hacen según el perfil que se adapte al trabajo que necesitan.
Hay una realidad, nadie tomará a ningún funcionario, aunque sea por cuota, en tanto y en cuanto este no se ajuste a la que se necesita. Por ejemplo: si hay un llamado y no se presenta nadie con las exigencias que hay para llenar esa cuota, nadie saldrá a buscar a gente con dicho perfil obligándolo a trabajar, si tuvo la oportunidad de presentarse y no lo hizo, está claro, verdad.
Ese lugar, si la empresa necesita llenarlo, lo hará con quien se presente.

¿Cuál es la postura que ha adoptado el Centro Comercial sobre el tema?
La Constitución de la República habilita a trabajar a cualquier persona; también establece que la misma se destacará y que no habrá otra diferencia que la de los talentos y virtudes, y creemos que todos lo entendemos; sucede que hay un tema conceptual, de aceptación, de que todos pueden y deben acceder a una fuente laboral, por lo tanto no vemos que esa discriminación sea tan alta, por lo menos en Salto.
El Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), está abierto al asunto; de hecho, se ha recibido a personas de diferentes asociaciones, trabajamos en una relación bastante directa con las comisiones que conformamos con la Intendencia; se trabaja también con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); se apoya a muchas actividades, etc.
El gran tema es que, muchas veces, quien se presenta para ocupar una bacante, no es que no se lo tome por discriminarlo, sino porque no reúne las condiciones mínimas que la empresa necesita, o porque no cuenta con la capacitación adecuada, o porque creía que el trabajo pera otra cosa, o porque no demuestra el interés mínimo.
Ojalá de que puedan haber muchas fuentes de trabajo más, para que todo aquel que desee trabajar, pueda hacerlo.
Creo que como comerciante y uruguayo, que todos estamos tratando de generar un ambiente de trabajo, de colaboración e interrelación, para que esta situación circunstancial que estamos viviendo en lo económico y en lo social, se algo pasajero y que a mediano o muy corto plazo, lo podamos solucionar.

¿Han recibido en algún momento alguna denuncia por presunta discriminación a la hora de adjudicarse un lugar de trabajo?
No. La verdad es que no vemos que exista un tabú por el género, el color de la piel o el físico.
Tampoco decimos con esto que no haya habido casos donde sí se produjo discriminación; a nosotros, por ahora, no nos consta, ni ha quedado registrado en actas ninguna denuncia formal al respecto.
Lo que siempre hay, son pedidos de comunidades, de que si existe la posibilidad de trabajo, que se los tenga en cuenta. De hecho, en el Centro Comercial, funciona un estilo de bolsa de trabajo, llamado Centro T, el cual es abierto, y cualquier persona puede entrar a la página web de la institución, lo encontrará, y puede cargar allí su currículum, el que se tomará en cuenta de acuerdo a su perfil, en caso de que haya una bacante. De más está decir que no entran en juego conceptos como los que estamos hablando; sino que importa la capacidad de la persona que se presenta.
El Centro Comercial nunca dejó de recibir a nadie, a ninguna persona o grupo, por ninguna condición (género, sexual, raza, etc.), porque nosotros somos una gremial empresarial que nos movemos dentro de los parámetros y normativas, no haciendo juicios de valor, ya que no está en el perfil de la institución, ni en las personas que la representamos.







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