Detienen a otros dos empresarios en causa por sobornos en Argentina

Buenos Aires, 11 ago (EFE).- El extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain (2008-2010) y el empresario de la construcción Raúl Vertúa fueron detenidos en un caso en el que se investiga una presunta red de sobornos durante el kirchnerismo y por el que buscan también a dos exfuncionarios.
Según informaron medios locales, a última hora del viernes Lascurain y Vertúa fueron arrestados en sus respectivos domicilios en Buenos Aires por orden del juez Claudio Bonadio, a cargo de una causa abierta a raíz de una investigación del diario “La Nación” en la que se apunta al supuesto pago de millones de dólares en efectivo por empresarios a miembros del anterior Ejecutivo.
Ese periódico recordó que el primero -que permaneció unos días detenido el pasado marzo por otra causa que investiga irregularidades en la obra pública- había declarado ante el magistrado el jueves pasado, cuando protagonizó un enfrentamiento con los periodistas que lo esperaban a las puertas de los tribunales federales de la ciudad.
Mientras, Vertúa también prestó declaración esta semana por supuestamente haber cobrado 733 millones de pesos (unos 25 millones de dólares, al cambio actual) por la construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino, que nunca terminó.
Bonadio también ordenó detener a los exfuncionarios kirchneristas Claudio Uberti y José María Olazagasti, exsecretario de Julio De Vido, que fue ministro de Planificación Federal durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), actualmente senadora.
Se trata de la segunda ola de arrestos que tiene lugar en esta causa tras la ocurrida el 1 de agosto pasado, cuando la Justicia llevó a cabo más de una decena de detenciones, tanto de empresarios como de antiguos altos cargos kirchneristas.
La investigación se inició a partir de unos cuadernos escritos por Oscar Centeno, que fue chófer del exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, quien supuestamente coordinaba los pagos que se realizaban a cambio de adjudicaciones de obra pública y que, según medios locales, podrían rondar los 200 millones de dólares.
Bonadio también pidió autorización al Senado para allanar los domicilios de Fernández, con el fin de hallar datos relacionados con una causa en la que se investiga si formó parte de una red de sobornos a funcionarios de su Gobierno y el de su fallecido esposo, y por la que fue citada a declarar el próximo lunes.
EFE







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