Arresto domiciliario para cuatro jóvenes opositores que estaban asilados en Uruguay

Asunción, 4 ene (EFE).- Un juez paraguayo dictaminó el arresto domiciliario para cuatro jóvenes opositores imputados por su supuesta participación en los hechos de violencia de marzo contra la reelección presidencial, y que hoy regresaron de Uruguay, donde el pasado año se les concedió asilo político. Luis Osvaldo Sánchez, Brian Martínez, Rubén Galeano y Daniel Aquino fueron conducidos por la Policía a las dependencias del Palacio de Justicia tras haber sido arrestados en el aeropuerto de Asunción tras viajar desde Uruguay en un aparato privado. Los jóvenes estaban bajo orden de captura en Paraguay y procesados por supuesta fabricación de bombas molotov en el marco de las protestas contra un intento de reelección presidencial. Su abogada, Liliana Boccia, dijo a Efe que el juez aplicó la “igualdad procesal” a la hora de otorgar el arresto domiciliario, que el pasado diciembre ya benefició a Stiben Patrón, también procesado por presunta fabricación de bombas caseras. Patrón estaba en un principio en prisión preventiva hasta que un juez sustituyó la medida por el arresto domiciliario y luego por la libertad condicional. Los cuatro jóvenes liberales habían solicitado asilo en Uruguay el pasado junio alegando persecución política y presiones políticas de la Fiscalía para procesarlos. Líderes del Partido Liberal explicaron que su decisión de regresar a Paraguay se debe a la divulgación de unos audios en los que se probaría esa influencia política en el estamento judicial para obtener sus imputaciones. En el mismo sentido se manifestó Boccia, quien dijo que esas escuchas “cambian la óptica” del caso y de la defensa. En esos audios, difundidos el mes pasado por un medio local, se escucharía a Raúl Fernández, secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, hablar con Carmelo Caballero, exministro del Interior y abogado de José Ortiz, gerente de la tabacalera Tabesa, propiedad del presidente paraguayo, Horacio Cartes. En una parte de esa conversación se haría referencia a las protestas contra la reelección y a una presunta connivencia entre la Fiscalía y el Gobierno para encarcelar a los presuntos responsables de aquellos hechos. El proceso contra los cuatro jóvenes se inició tras la iniciativa de varias fuerzas políticas de habilitar mediante una enmienda constitucional la habilitación de la reelección presidencial, prohibida por la Carta Magna. Ello generó una ola de violencia, con la quema parcial del edificio del Congreso, enfrentamientos con la Policía, saqueos y cientos de detenciones. Horas después, la Policía allanó la sede del Partido Liberal, donde falleció un joven de esa formación, presuntamente por el disparo de un agente. EFE







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