El niño trabajador es el pobre del futuro Países latinoamericanos debaten abolir o regular el trabajo infantil

Hace apenas dos meses los niños bolivianos sorprendieron al mundo pidiendo la paralización de una ley que les impediría seguir trabajando. Después de que sus manifestaciones fueran repelidas de forma violenta por las fuerzas de seguridad en las calles de La Paz, el presidente Evo Morales accedió a reunirse con ellos y apoyó la retirada del Código de la Niñez y Adolescencia, una norma elaborada con el fin de garantizar su derecho a estudiar, tener acceso a servicios de salud y educación, pero que en su texto inicial prohibía el trabajo a los menores de 14 años.
Desde entonces, el proyecto se debate en una comisión integrada por niños y políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La reacción adversa de organismos internacionales ha puesto en aprietos a los parlamentarios, que se enfrentan al reto de lograr conciliar el nuevo código boliviano con los tratados de la Organización Internacional del Trabajo —que prohíbe el empleo a los menores de 15— y el texto de la Convención de la ONU sobre Derechos de la Infancia: “El derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
Chavales bolivianos
frenaron una ley que veta
al menor de 14 años
El debate planteado en Bolivia, donde el Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (UNATsBO) tiene presencia desde 2000, se repite, aunque con matices y distinta intensidad, en toda América Latina. El empleo infantil en la región es una realidad. Alrededor de 12,5 millones de niños, el 8,8% de la población infantil, desempeña algún trabajo, según datos de la OIT. De estos, 9,6 millones realizan labores peligrosas, que son aquellas que se realizan en condiciones peligrosas o insalubres que pueden causar la muerte, una lesión o una enfermedad.
“El último informe global de octubre en la tercera conferencia mundial contra el trabajo infantil habla de 168 millones de niños trabajadores en todo el mundo, el 10,7%. En Asia hay 77,7 millones y la tasa es del 9,3%, en África subsahariana es un 21,4% y en Europa y los países de ingresos medianos altos o altos, la incidencia del trabajo infantil resulta menor. El factor número uno del trabajo infantil es el económico, pero también hay otras causas ligadas a la cultura, donde el empleo forma parte de la organización familiar, como ocurre en los países andinos”, expone Guillermo Dema, especialista para América Latina y el Caribe en Empleo Juvenil y Trabajo Infantil de la OIT.
“Las cifras de América Latina están por debajo de la tasa global. En los últimos años ha habido un descenso pronunciado en el número de niños trabajadores, pasando de 20 millones en 2000 a 12,5 en el último informe”. Pero los cambios van más allá: “También hemos avanzado en el compromiso y la voluntad política de los países”. En este sentido, en toda América Latina han ratificado los convenios de la OIT 182 —sobre las peores formas de trabajo infantil— y 138 —que establece la edad mínima de admisión al empleo (15 años con algunas excepciones). Todos los Estados menos uno, México, que todavía no ha suscrito el 138 porque para ello es necesario modificar la Constitución nacional, donde se recoge que “queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años”. En la actualidad 3,6 millones de niños trabajan en el país.
Uriel Cabello, oficial de Save the Children en México, explica que el cambio constitucional genera una polémica: “Todos los niños de 14 quedarían desplazados, no serían reconocidos como trabajadores, lo que los condena a una situación de irregularidad porque no van a dejar de trabajar”. El centro histórico y los barrios nobles de la Ciudad de México se llenan por las tardes de pequeños vendedores ambulantes que recorren las terrazas de los bares en busca de compradores de caramelos, cacahuetes y lápices que cargan en una caja a menudo demasiado grande para ellos. Aldo Gallegos, coordinador del proyecto de Save the Children en el centro de la capital mexicana, explica que el comercio informal es una de las actividades principales que mantiene a las familias que llegan de Estados aledaños.
“En el programa atendemos a 1.800 niños. El 60% trabaja en el puesto familiar o están empleados por alguien más en las tiendas. Nuestra labor se centra en la prevención de la violencia en el interior de las familias: identificamos casos de riesgo, los canalizamos con un psicólogo y les damos seguimiento. También realizamos talleres con padres sobre los derechos de los niños”. El trabajo de Save the Children viene a cubrir el vacío de las instituciones públicas. “El DF no cuenta con personal ni infraestructura para ocuparse de la problemática. Pese a la imagen internacional que tiene la capital en cuanto a desarrollo, vemos que en el corazón de la ciudad, a espaldas del Palacio Nacional, hay situaciones de enorme atraso: en cuartos de 12 metros cuadrados viven hasta 15 personas hacinadas. En estos ambientes se dan actividades de narcomenudeo y prostitución”, explica el responsable.
El colectivo asciende a 12,5 millones en América Latina
Para el especialista regional de la OIT, Guillermo Dema, el debate generado en Bolivia desde diciembre pasado está siendo planteado por “un sector minoritario pero que tiene fuerza porque está organizado”. Desde su punto de vista, la polémica no es nueva. “Forma parte de la historia de la propia humanidad. Basta con mirar lo que pasaba en los países industrializados en el siglo XIX”. La postura de la Organización Internacional del Trabajo es firme al respecto: “La OIT regula el trabajo infantil estableciendo una edad mínima por debajo de la cual no se debe trabajar, con la intención también de proteger a los niños de entre 15 y 18 años. El intentar regular condiciones por debajo de esta edad en nada favorece a los niños, sino que genera un círculo de pobreza y explotación”.
El Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATS) abarca a 8.000 niños organizados en nueve países de la región. Perú, Paraguay, Colombia y Bolivia fueron las naciones fundadoras, pero en los últimos 10 años se han incorporado Argentina, Chile, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Para el sindicato infantil, el criterio de la edad no debe ser el que regule el acceso al empleo. “La legislación o la prohibición en función de los años no resuelve el problema, sino que invisibiliza a una gran parte de la población que ya está trabajando”, explica Ángel González, colaborador del secretariado de MOLACNATS desde 2011.

Hace apenas dos meses los niños bolivianos sorprendieron al mundo pidiendo la paralización de una ley que les impediría seguir trabajando. Después de que sus manifestaciones fueran repelidas de forma violenta por las fuerzas de seguridad en las calles de La Paz, el presidente Evo Morales accedió a reunirse con ellos y apoyó la retirada del Código de la Niñez y Adolescencia, una norma elaborada con el fin de garantizar su derecho a estudiar, tener acceso a servicios de salud y educación, pero que en su texto inicial prohibía el trabajo a los menores de 14 años.

Desde entonces, el proyecto se debate en una comisión integrada por niños y políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La reacción adversa de organismos internacionales ha puesto en aprietos a los parlamentarios, que se enfrentan al reto de lograr conciliar el nuevo código boliviano con los tratados de la Organización Internacional del Trabajo —que prohíbe el empleo a los menores de 15— y el texto de la Convención de la ONU sobre Derechos de la Infancia: “El derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

Chavales bolivianos frenaron una ley que veta al menor de 14 años

El debate planteado en Bolivia, donde el Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (UNATsBO) tiene presencia desde 2000, se repite, aunque con matices y distinta intensidad, en toda América Latina. El empleo infantil en la región es una realidad. Alrededor de 12,5 millones de niños, el 8,8% de la población infantil, desempeña algún trabajo, según datos de la OIT. De estos, 9,6 millones realizan labores peligrosas, que son aquellas que se realizan en condiciones peligrosas o insalubres que pueden causar la muerte, una lesión o una enfermedad.

“El último informe global de octubre en la tercera conferencia mundial contra el trabajo infantil habla de 168 millones de niñosNiñosBolivianos trabajadores en todo el mundo, el 10,7%. En Asia hay 77,7 millones y la tasa es del 9,3%, en África subsahariana es un 21,4% y en Europa y los países de ingresos medianos altos o altos, la incidencia del trabajo infantil resulta menor. El factor número uno del trabajo infantil es el económico, pero también hay otras causas ligadas a la cultura, donde el empleo forma parte de la organización familiar, como ocurre en los países andinos”, expone Guillermo Dema, especialista para América Latina y el Caribe en Empleo Juvenil y Trabajo Infantil de la OIT.

“Las cifras de América Latina están por debajo de la tasa global. En los últimos años ha habido un descenso pronunciado en el número de niños trabajadores, pasando de 20 millones en 2000 a 12,5 en el último informe”. Pero los cambios van más allá: “También hemos avanzado en el compromiso y la voluntad política de los países”. En este sentido, en toda América Latina han ratificado los convenios de la OIT 182 —sobre las peores formas de trabajo infantil— y 138 —que establece la edad mínima de admisión al empleo (15 años con algunas excepciones). Todos los Estados menos uno, México, que todavía no ha suscrito el 138 porque para ello es necesario modificar la Constitución nacional, donde se recoge que “queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años”. En la actualidad 3,6 millones de niños trabajan en el país.

Uriel Cabello, oficial de Save the Children en México, explica que el cambio constitucional genera una polémica: “Todos los niños de 14 quedarían desplazados, no serían reconocidos como trabajadores, lo que los condena a una situación de irregularidad porque no van a dejar de trabajar”. El centro histórico y los barrios nobles de la Ciudad de México se llenan por las tardes de pequeños vendedores ambulantes que recorren las terrazas de los bares en busca de compradores de caramelos, cacahuetes y lápices que cargan en una caja a menudo demasiado grande para ellos. Aldo Gallegos, coordinador del proyecto de Save the Children en el centro de la capital mexicana, explica que el comercio informal es una de las actividades principales que mantiene a las familias que llegan de Estados aledaños.

“En el programa atendemos a 1.800 niños. El 60% trabaja en el puesto familiar o están empleados por alguien más en las tiendas. Nuestra labor se centra en la prevención de la violencia en el interior de las familias: identificamos casos de riesgo, los canalizamos con un psicólogo y les damos seguimiento. También realizamos talleres con padres sobre los derechos de los niños”. El trabajo de Save the Children viene a cubrir el vacío de las instituciones públicas. “El DF no cuenta con personal ni infraestructura para ocuparse de la problemática. Pese a la imagen internacional que tiene la capital en cuanto a desarrollo, vemos que en el corazón de la ciudad, a espaldas del Palacio Nacional, hay situaciones de enorme atraso: en cuartos de 12 metros cuadrados viven hasta 15 personas hacinadas. En estos ambientes se dan actividades de narcomenudeo y prostitución”, explica el responsable.

El colectivo asciende a 12,5 millones en América Latina

Para el especialista regional de la OIT, Guillermo Dema, el debate generado en Bolivia desde diciembre pasado está siendo planteado por “un sector minoritario pero que tiene fuerza porque está organizado”. Desde su punto de vista, la polémica no es nueva. “Forma parte de la historia de la propia humanidad. Basta con mirar lo que pasaba en los países industrializados en el siglo XIX”. La postura de la Organización Internacional del Trabajo es firme al respecto: “La OIT regula el trabajo infantil estableciendo una edad mínima por debajo de la cual no se debe trabajar, con la intención también de proteger a los niños de entre 15 y 18 años. El intentar regular condiciones por debajo de esta edad en nada favorece a los niños, sino que genera un círculo de pobreza y explotación”.

El Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATS) abarca a 8.000 niños organizados en nueve países de la región. Perú, Paraguay, Colombia y Bolivia fueron las naciones fundadoras, pero en los últimos 10 años se han incorporado Argentina, Chile, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Para el sindicato infantil, el criterio de la edad no debe ser el que regule el acceso al empleo. “La legislación o la prohibición en función de los años no resuelve el problema, sino que invisibiliza a una gran parte de la población que ya está trabajando”, explica Ángel González, colaborador del secretariado de MOLACNATS desde 2011.







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