Iglesia en Argentina cuestiona eventual baja de la edad para la imputabilidad

Buenos Aires, 6 ene (EFE).- La Iglesia católica en Argentina cuestionó hoy la idea bajo estudio del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad para los menores desde los 16 a los 14 años y pidió no convertir a los adolescentes infractores a la ley penal en “enemigos sociales”.
La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogodependencia de la Conferencia Episcopal Argentina dijo en un comunicado que el debate para adecuar la legislación penal juvenil “no puede centrarse solamente en la persecución estatal de los adolescentes en conflicto con la ley penal”.
“No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos”, sostuvo la comisión.
El pasado miércoles, el Gobierno de Mauricio Macri anunció que planea impulsar un proceso de debate público para reformar actual el régimen penal juvenil, que data de 1980, durante la dictadura militar, y establece que entre los 16 y los 18 años los adolescentes son punibles penalmente.
La idea de bajar ese límite a los 14 años ha sido ya rechazada por organismos como Unicef, que advirtió que incluso el régimen vigente contraviene las normas internacionales.
La Comisión de Pastoral de Adicciones pidió tener en cuenta que “un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, y de baja calificación laboral”.
“Es evidente que la justa distribución de la renta, y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas impacta en la infancia y en lo que le sucede a cada familia, que representa el sostén psicosocial y cultural en el crecimiento de cualquier niño”, señaló la comisión.
Según el comunicado, cada chico que pueda estar involucrado en una cuestión penal es la “expresión cabal” de un “fracaso institucional”.