Unos 2.000 peruanos marchan contra el fujimorismo y piden cerrar el Congreso

Lima, 16 dic (EFE).- Cerca de 2.000 peruanos marcharon hoy por Lima contra el fujimorismo, que desde el Congreso, donde tiene mayoría absoluta, promueve la destitución del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski; del Fiscal de la Nación (fiscal general), Pablo Sánchez, y de varios magistrados del Tribunal Constitucional.
La concentración, bautizada como la “marcha contra el golpe fujimorista”, comenzó en la céntrica Plaza San Martín de la capital peruana, convocada en redes sociales por organizaciones y colectivos sociales solo un día después de que el parlamento aprobara debatir la destitución de Kuczynski el próximo jueves 21.
Los organizadores de la movilización denunciaron que el partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, pretende copar el resto de instituciones del Estado desde el Congreso, lo que es considerado por estos como un golpe de Estado encubierto.
Durante la movilización, los participantes corearon arengas como “Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más”, “Perú, te quiero, por eso te defiendo”, “Que cierren el Congreso, afuera los corruptos”, “Keiko, corrupta, el pueblo te repudia”, “Esos ‘fujiratas’ no nos representan” y “Democracia sí, dictadura no”, entre otras.
También demandaron al mandatario peruano disolver el Congreso al considerar que el fujimorismo utiliza el poder legislativo para desestabilizar al país por intereses personales y políticos.
Además del pedido de destitución de Kuczynski, por supuestamente haber ocultado sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, el fujimorismo ha censurado a dos ministros y ha forzado la renuncia de otros dos desde que hace años y medio el mandatario inició su mandato.
Asimismo, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó esta semana un informe elaborado por el congresista fujimorista César Segura que recomienda destituir al magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña y suspender a sus compañeros Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda.
La propuesta sostiene que estos cuatro jueces cambiaron el voto de otro magistrado en una sentencia de 2013 sobre la supuesta ejecución extrajudicial de presos rendidos tras un motín en 1986, cuando lo que hicieron fue únicamente agrupar su posición sobre la imposibilidad de que el Constitucional decida si son crímenes de lesa humanidad.







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