Denuncian que escuchas del caso Campanita se hicieron sin orden judicial escrita

La defensa de uno de los procesados por el caso Campanita, el más grande de los casos de narcotráfico, por el cual se desbarató una red internacional y se procesó a 30 personas, pidió la nulidad de las actuaciones por la violación “flagrante” de derechos constitucionales y denunció que las escuchas telefónicas se realizaron sin autorización judicial. La abogada Paula Gutiérrez, defensora de Ricardo Hougham, procesado el 5 de setiembre de 2006 por el delito previsto en el articulo 31 de la ley de drogas (Ley 17.016) en la modalidad  transporte y almacenamiento, pidió a la jueza del caso la nulidad de las actuaciones. ““En el escrito al que accedió El Observador, la abogada planteó que “las técnicas especiales de investigación fueron utilizadas al margen del ordenamiento jurídico sin tener presente que dichas técnicas buscan mantener el justo equilibrio entre los fines de la investigación y ciertos derechos y libertades de las personas como el derecho a la intimidad, la privacidad, la libertad de comunicación y expresión, el debido proceso”.
Esta petición coincide con una movida de varios abogados que vienen cuestionando las escuchas telefónicas como medio de prueba. Si la Justicia hiciera lugar al reclamo y anulara las causas podrían caer decenas de procesamientos (ver nota aparte). La Justicia rechazó el planteo de la defensora pero el caso fue a un tribunal de apelaciones. Si los ministros anulan lo actuado, los procesados quedarán liberados. La jueza de ese caso, y quien cometió la presunta omisión que se denuncia, fue Anabella Damasco, quien terminó procesada por corrupción. Se probó que se quedó con dinero incautado en algunas causas judiciales de narcotráfico. En el caso Campanita, la defensora sostuvo que en la medida que las escuchas suponen la violación de derechos fundamentales garantizados por la Constitución, deben aplicarse “bajo decisión judicial, la que debe ser fundada”.
En el escrito se explicó que las normas que fundan la interceptación telefónica como medio de prueba (los artículos 212 del Código del Proceso Penal y 5 de la ley 18.494) exigen que exista resolución fundada del juez que disponga la interceptación. Esa resolución fundada que se hará constar “deberá indicar el nombre del afectado, la identidad del teléfono, forma, alcance, duración, y autoridad encargada de la diligencia”, especificó la abogada.  También se exige  certificación  de las actas para incorporarse al proceso, control de las actas  por parte de la defensa y sometimiento del material al indagado. Ninguno de estos requisitos se cumplió en el expediente, máxime cuando nunca se libró una orden fundada”, dijo. Aclaró que si bien la ley 18.494 no se encontrara vigente había en ese momento “abundante legislación” en  que imponía fundamentar la prueba. De acuerdo con ello, Gutiérrez planteó que las pruebas de escuchas que figuran en el expediente “deben ser anuladas” ya que  todo el proceso “es absolutamente contrario a las normas y a la Constitución”. “La abogada relató que cuando la Policía comenzó a solicitar al juzgado algunas autorizaciones, ya efectuó una investigación previa de lugares y teléfonos que no habían sido autorizados y debidamente fundamentado por la justicia.
“En ningún lugar luce como se llegó a determinada información, y tampoco surge la autorización de interceptación telefónica solo la de los allanamientos en forma escueta y carente de fundamentación”, agrego la abogada. “Sin embargo, fuentes de la Brigada Antidrogas que participaron de la investigación dijeron a El Observador que todas las solicitudes que presentaron a las compañías telefónicas para pedir la autorización estaban firmadas por la jueza, más allá de lo que haya ocurrido en el expediente.
Prueba ilícita
La defensora del narco planteó que la prueba recopilada en el caso es “ilícita”. Señaló que existe en el expediente “un sin numero de escuchas telefónicas, pero no se encuentra es una resolución fundada donde se adopte una decisión de imponerlas”.
Recién en la pieza número cuatro luego de mas de 600 fojas vemos las declaraciones de los detenidos que por primera vez declaran en sede judicial en presencia de sus respectivas defensas”, agregó.

La defensa de uno de los procesados por el caso Campanita, el más grande de los casos de narcotráfico, por el cual se desbarató una red internacional y se procesó a 30 personas, pidió la nulidad de las actuaciones por la violación “flagrante” de derechos constitucionales y denunció que las escuchas telefónicas se realizaron sin autorización judicial. La abogada Paula Gutiérrez, defensora de Ricardo Hougham, procesado el 5 de setiembre de 2006 por el delito previsto en el articulo 31 de la ley de drogas (Ley 17.016) en la modalidad  transporte y almacenamiento, pidió a la jueza del caso la nulidad de las actuaciones. ““En el escrito al que accedió El Observador, la abogada planteó que “las técnicas especiales de investigación fueron utilizadas al margen del ordenamiento jurídico sin tener presente que dichas técnicas buscan mantener el justo equilibrio entre los fines de la investigación y ciertos derechos y libertades de las personas como el derecho a la intimidad, la privacidad, la libertad de comunicación y expresión, el debido proceso”.

Esta petición coincide con una movida de varios abogados que vienen cuestionando las escuchas telefónicas como medio de prueba. Si la Justicia hiciera lugar al reclamo y anulara las causas podrían caer decenas de procesamientos (ver nota aparte). La Justicia rechazó el planteo de la defensora pero el caso fue a un tribunal de apelaciones. Si los ministros anulan lo actuado, los procesados quedarán liberados. La jueza de ese caso, y quien cometió la presunta omisión que se denuncia, fue Anabella Damasco, quien terminó procesada por corrupción. Se probó que se quedó con dinero incautado en algunas causas judiciales de narcotráfico. En el caso Campanita, la defensora sostuvo que en la medida que las escuchas suponen la violación de derechos fundamentales garantizados por la Constitución, deben aplicarse “bajo decisión judicial, la que debe ser fundada”.

En el escrito se explicó que las normas que fundan la interceptación telefónica como medio de prueba (los artículos 212 del Código del Proceso Penal y 5 de la ley 18.494) exigen que exista resolución fundada del juez que disponga la interceptación. Esa resolución fundada que se hará constar “deberá indicar el nombre del afectado, la identidad del teléfono, forma, alcance, duración, y autoridad encargada de la diligencia”, especificó la abogada.  También se exige  certificación  de las actas para incorporarse al proceso, control de las actas  por parte de la defensa y sometimiento del material al indagado. Ninguno de estos requisitos se cumplió en el expediente, máxime cuando nunca se libró una orden fundada”, dijo. Aclaró que si bien la ley 18.494 no se encontrara vigente había en ese momento “abundante legislación” en  que imponía fundamentar la prueba. De acuerdo con ello, Gutiérrez planteó que las pruebas de escuchas que figuran en el expediente “deben ser anuladas” ya que  todo el proceso “es absolutamente contrario a las normas y a la Constitución”. “La abogada relató que cuando la Policía comenzó a solicitar al juzgado algunas autorizaciones, ya efectuó una investigación previa de lugares y teléfonos que no habían sido autorizados y debidamente fundamentado por la justicia.

“En ningún lugar luce como se llegó a determinada información, y tampoco surge la autorización de interceptación telefónica solo la de los allanamientos en forma escueta y carente de fundamentación”, agrego la abogada. “Sin embargo, fuentes de la Brigada Antidrogas que participaron de la investigación dijeron a El Observador que todas las solicitudes que presentaron a las compañías telefónicas para pedir la autorización estaban firmadas por la jueza, más allá de lo que haya ocurrido en el expediente.

Prueba ilícita

La defensora del narco planteó que la prueba recopilada en el caso es “ilícita”. Señaló que existe en el expediente “un sin numero de escuchas telefónicas, pero no se encuentra es una resolución fundada donde se adopte una decisión de imponerlas”.

Recién en la pieza número cuatro luego de mas de 600 fojas vemos las declaraciones de los detenidos que por primera vez declaran en sede judicial en presencia de sus respectivas defensas”, agregó.