DGI canceló el impuesto a la tierra y ahora le tendrá que devolver el dinero a unos mil productores que ya pagaron

La DGI canceló el vencimiento del cobro de impuesto a la tierra. El Estado había cobrado US$ 10 millones correspondientes a la primera cuota. Unos 1.000 productores -de 1.200- habían pagado. Ahora estudian cómo se hará la devolución del dinero. Ayer de tarde, molesto con todo este asunto, el presidente José Mujica, reunió a sus ministros.
El titular de la Dirección General Impositiva. Pablo Ferreri adelantó por Twitter que dejará sin efecto oficialmente el vencimiento de pagos para el Impuesto a la Concentración de Bienes Inmuebles (ICIR).
Se trata de la primera respuesta oficial a la decisión de la Suprema Corte de Justicia -aún no oficializada- de rechazar como inconstitucional al ICIR. La DGI había establecido una postergación de los plazos a pedido de los productores. Pero la decisión de la Suprema Corte dejó en evidencia que el Estado deberá desandar el camino que se inició con la aprobación parlamentaria del impuesto, que grava a los tenedores de tierras de más de 2.000 hectáreas.
En diciembre se hizo el pago de la primera cuota del tributo. Unos 1.000 -de 1.200 productores- volcaron 10 millones de dólares a las arcas del estado. El debate ahora es si el erario público devolverá el dinero a todos los contribuyentes o sólo a aquellos que presentaron actos administrativos en la justicia.
Para la DGI sólo habría que optar por aquellos que presentaron recursos, pero en algunos estudios que llevan adelante las demandas ya comenzaron las gestiones para que la devolución se haga extensiva a todos.
En definitiva, Economía deberá resolver el asunto en las próximas horas. Es un asunto estratégico ya que igualmente, y a la larga, el recurso de inconstitucionalidad generará jurisprudencia y habilitará al resto a exigir el dinero argumentando las mismas razones.
La Suprema Corte habría decidido la inconstitucionalidad a partir de la presentación de 127 recursos individuales presentados por productores rurales contra el impuesto. Sin embargo, trascendió que el fallo analizará caso por caso los recursos y algunos serán descartados por tener argumentos inválidos.
Los principales argumentos en contra del impuesto ICIR es la violación de las autonomías financieras municipales, ya que el proyecto de ley derogaba impuestos locales como el correspondiente a los semovientes.
También se cuestiona la superposición de impuestos a los productores en la ingeniería impositiva del Estado uruguayo. El ICIR significó un cambio en las reglas de juego establecidas por la reforma Tributaria de 2008, impulsada por la Administración de Tabaré Vázquez, en cuyo gobierno fue ministro de Economía el actual vicepresidente de la República, Danilo Astori.
Desde 2011, Astori -el economista más reconocido de la izquierda- venía advirtiendo sobre la inconveniencia del ICIR. Su posición estaba vinculada a que el impuesto grava sobre todo la tenencia de tierras y no la renta. El gobierno de Mujica -desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- defendió el nuevo tributo aduciendo que el tema productividad estaba saldado por la variable del Índice Coneat 100 como forma de atacar a las inversiones improductivas y a los inversores especulativos.
El Índice Coneat es una exigencia que indica el promedio de productividad de la tierra en las 16 millones de hectáreas cultivables que posee Uruguay. El precio de la tierra en Uruguay se ha visto multiplicado por 8 en la zona premium del litoral oeste, en especial las zonas de Soriano, Colonia, Fray Bentos y Paysandú.
Allí se instaló buena parte de los productores de granos -en especial de soja- que han aprovechado en la última década la explosión de precios en lo commodities. El Frente Amplio -en especial sectores como el MPP y el Partido Comunista, principales defensores del ICIR- han mostrado su preocupación por la concentración de la tierra en manos de extranjeros.
Se estima que 60% de la tierra uruguaya está en manos de empresas de agronegocios con capitales provenientes del extranjero. El ICIR planeaba recaudar unos 60 millones de dólares para destinarlos a rubros como la caminería rural y para la adquisición de tierras del Instituto Nacional de Colonización.
(En base a Subrayado)

La DGI canceló el vencimiento del cobro de impuesto a la tierra. El Estado había cobrado US$ 10 millones correspondientes a la primera cuota. Unos 1.000 productores -de 1.200- habían pagado. Ahora estudian cómo se hará la devolución del dinero. Ayer de tarde, molesto con todo este asunto, el presidente José Mujica, reunió a sus ministros.

El titular de la Dirección General Impositiva. Pablo Ferreri adelantó por Twitter que dejará sin efecto oficialmente el vencimiento de pagos para el Impuesto a la Concentración de Bienes Inmuebles (ICIR).

Se trata de la primera respuesta oficial a la decisión de la Suprema Corte de Justicia -aún no oficializada- de rechazar como inconstitucional al ICIR. La DGI había establecido una postergación de los plazos a pedido de los productores. Pero la decisión de la Suprema Corte dejó en evidencia que el Estado deberá desandar el camino que se inició con la aprobación parlamentaria del impuesto, que grava a los tenedores de tierras de más de 2.000 hectáreas.

En diciembre se hizo el pago de la primera cuota del tributo. Unos 1.000 -de 1.200 productores- volcaron 10 millones de dólares a las arcas del estado. El debate ahora es si el erario público devolverá el dinero a todos los contribuyentes o sólo a aquellos que presentaron actos administrativos en la justicia.

Para la DGI sólo habría que optar por aquellos que presentaron recursos, pero en algunos estudios que llevan adelante las demandas ya comenzaron las gestiones para que la devolución se haga extensiva a todos.

En definitiva, Economía deberá resolver el asunto en las próximas horas. Es un asunto estratégico ya que igualmente, y a la larga, el recurso de inconstitucionalidad generará jurisprudencia y habilitará al resto a exigir el dinero argumentando las mismas razones.

La Suprema Corte habría decidido la inconstitucionalidad a partir de la presentación de 127 recursos individuales presentados por productores rurales contra el impuesto. Sin embargo, trascendió que el fallo analizará caso por caso los recursos y algunos serán descartados por tener argumentos inválidos.

Los principales argumentos en contra del impuesto ICIR es la violación de las autonomías financieras municipales, ya que el proyecto de ley derogaba impuestos locales como el correspondiente a los semovientes.

También se cuestiona la superposición de impuestos a los productores en la ingeniería impositiva del Estado uruguayo. El ICIR significó un cambio en las reglas de juego establecidas por la reforma Tributaria de 2008, impulsada por la Administración de Tabaré Vázquez, en cuyo gobierno fue ministro de Economía el actual vicepresidente de la República, Danilo Astori.

Desde 2011, Astori -el economista más reconocido de la izquierda- venía advirtiendo sobre la inconveniencia del ICIR. Su posición estaba vinculada a que el impuesto grava sobre todo la tenencia de tierras y no la renta. El gobierno de Mujica -desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- defendió el nuevo tributo aduciendo que el tema productividad estaba saldado por la variable del Índice Coneat 100 como forma de atacar a las inversiones improductivas y a los inversores especulativos.

El Índice Coneat es una exigencia que indica el promedio de productividad de la tierra en las 16 millones de hectáreas cultivables que posee Uruguay. El precio de la tierra en Uruguay se ha visto multiplicado por 8 en la zona premium del litoral oeste, en especial las zonas de Soriano, Colonia, Fray Bentos y Paysandú.

Allí se instaló buena parte de los productores de granos -en especial de soja- que han aprovechado en la última década la explosión de precios en lo commodities. El Frente Amplio -en especial sectores como el MPP y el Partido Comunista, principales defensores del ICIR- han mostrado su preocupación por la concentración de la tierra en manos de extranjeros.

Se estima que 60% de la tierra uruguaya está en manos de empresas de agronegocios con capitales provenientes del extranjero. El ICIR planeaba recaudar unos 60 millones de dólares para destinarlos a rubros como la caminería rural y para la adquisición de tierras del Instituto Nacional de Colonización.

(En base a Subrayado)







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