Investigación de “Brecha” pone de manifiesto irregularidades en último concurso del Sirpa

Nosotros precisamos funcionarios que permanezcan en los centros”, declaró meses atrás el director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Robert Alonso. El jerarca se refería a una realidad endémica con la que convive el organismo: los permanentes pedidos de traslados por parte de los funcionarios.

No obstante las declaraciones de Alonso, se detectaron severas irregularidades en referencia a este tema en el último concurso realizado en diciembre del 2012, según una denuncia que investiga el semanario Brecha. En este caso además, la situación involucra a la propia esposa del presidente del sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Joselo López.

María Quinteros, la persona en cuestión, concursó para un cargo en Montevideo y Canelones, pero fue trasladada al departamento de Flores. Las irregularidades son varias. En primer lugar, el traslado se produjo cuando la funcionaria no llevaba siquiera dos meses trabajando. Según el estatuto del funcionario del INAU, sólo se puede solicitar un traslado luego de seis meses en el  cargo. Además, la persona nunca vivió en Montevideo, por lo cual para concursar no habría indicado su verdadera residencia.

No obstante, el semanario no pudo constatar irregularidades en la obtención del cargo.

Además, el traslado no fue a una dependencia del Sirpa, para el que la mujer había concursado, sino para un hogar de amparo. Para desempeñarse en el hogar al que fue trasladada Quinteros, se necesita haber aprobado un test piscolaboral que no realizan quienes concursan para ingresar a dependencias del Sirpa. Por si fuera poco, el traslado está firmado por el presidente del Sirpa, Ruben Villaverde, así como por la directora general del INAU, Carmen Melo. Ésta última aseguró que no existieron irregularidades, y que se trató de una “permuta”. Una funcionaria de Maldonado había solicitado su ingreso al Sirpa, y un funcionario de Lavalleja fue trasladado a Maldonado, lo que posibilitó que Quinteros pasara al hogar de amparo.

Villaverde, en tanto, explicó que se trata de un procedimiento común entre ambos organismos. “Tenemos una especie de cuenta corriente con el INAU”, afirmó. “Si no hay objeciones y hay una valoración positiva del director del centro o de la institución implicada, lo que hago es terminar firmándolo”, agregó.

Autoridades e integrantes del sindicato, suelen justificar los bajos requerimientos exigidos para trabajar con adolescentes privados de libertad, en que aquellos mejor formados “no aguantan” el trabajo y a la primera oportunidad piden traslado o terminan renunciando. Nadie parece cuestionarse la falta de idoneidad para cumplir con tan delicada tarea. Es que como reconoció el propio López, “no se estudia en ningún lado para ingresar al INAU, ni para los servicios de seguridad ni para los diurnos”.

(Brecha, Leticia Pérez, Eliana Gilet, pág. 17; 22/02/2013)







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