Judiciales responsabilizan a la Suprema Corte de la Justicia por muerte de funcionaria

La Asociación de Funcionarios Judiciales está realizando este lunes un paro general nacional de 24 horas por duelo. Solamente se atiende con guardia gremial en los juzgados penales, adolescentes y violencia doméstica de turno de todo el país.
La medida se adoptó tras el fallecimiento de Elizabeth Machí, ocurrido el viernes en la Defensoría de Familia de la calle Uruguay donde la mujer de 63 años prestaba funciones.
La funcionaria judicial murió al caer a un foso de un ascensor de una altura aproximada de seis metros.
La Asociación de Funcionarios Judiciales realizó este lunes una conferencia de prensa para denunciar las condiciones de trabajo en las oficinas del Poder Judicial.
Gustavo Signorelli, integrante del gremio, expresó su dolor por la muerte de la trabajadora, ya que era un accidente “totalmente evitable”.
El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT apuntó directamente a la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en esto.
“Estamos muy doloridos, consternados, con mucha rabia. Acá lo que pasó fue un accidente laboral absolutamente evitable. Estamos realmente golpeados, los trabajadores judiciales porque creemos que nuevamente queda de manifiesto que a la Suprema Corte de Justicia, sus trabajadores sus edificios, el servicio, la administración le importa poquito y nada. Eso nos pone cada vez más lejos de un poder judicial o de una Suprema Corte de Justicia a la que solamente le importa su salario”, aseguró Signorelli.
El gremio también hizo un llamado a la responsabilidad a la SCJ y exigen a la corporación que en un plazo de 45 días ponga en conocimiento del sindicato la habilitación por parte de Bomberos y de las intendencias de todos los locales y edificios del Poder Judicial.
El gremio asegura que no hay mantenimiento ni habilitaciones de Bomberos e intendencias.
La dirigente Daniela Maquieira explicó los motivos por los cuales no se clausuran los edificios. Son casi 480 oficinas en todo el país.
“Los edificios del Poder Judicial, la inmensa mayoría, no cuentan con habilitación de Bomberos. Desde el sindicato hemos hecho denuncias a través de la Comisión de Salud Laboral, por ejemplo, en el edificio de la morgue judicial y en el archivo general donde inmediatamente tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el Ministerio de Salud Pública concurrieron, hicieron las inspecciones. Puntualizaron todas las irregularidades, les dieron el plazo a la Suprema Corte para que las arreglara, arregló algunas menores. Lo único que puede hacer el ministerio es poner una multa. Esa es la diferencia entre nosotros que somos públicos y un privado. Un privado llevaría la clausura. A nosotros no se nos clausuran los edificios. Siguen funcionando en esas condiciones.
Esto no solamente nos ha ocupado como sindicato y hemos trabajado. Nos preocupa las garantías que tenemos porque si los organismos encargados de saber cómo están las condiciones de los edificios y nada pueden hacer frente a la Suprema Corte de Justicia entonces los trabajadores no tenemos garantías”, aseguró Maquieira.
Maquieira también denunció que no hay servicio de emergencia móvil para atender problemas que se puedan presentar en las oficinas del Poder Judicial.
“Tampoco contamos con servicios de emergencia. En muchos lugares donde se juegan las tenencias de los hijos o una persona va a ser privada de la libertad ocurren hechos en donde nos enfrentamos a nada porque no podemos llamar a nadie (…) Eso se repite en todo el país. Éste ha sido un accidente fatal, pero no es el único”, aseguró Maquieira.
Signorelli habló del caso puntual de la funcionaria fallecida y del riesgo que esto implica para la Defensoría de Familia.
“El servicio es malo, es pésimo. Las condiciones de trabajo son de las peores y todavía nos pasan este tipo de cosas que terminan con muerte de compañeros que su único delito era estar trabajando, venir cargada con expedientes para tratar de ingresar al ascensor y caer siete metros al vacío ante una irresponsabilidad poco vista y poco creíble. El edificio fue inaugurado hace tres años, es un edificio nuevo. Desde hace tres años se viene denunciando la situación del ascensor. Esa misma mañana se había denunciado y había ido  la empresa y había resuelto los problemas del primer piso. No resolvió los problemas en planta alta. Estamos hablando de una defensoría de familia que mucha de la gente que concurre entre otras cosas no sabe leer y lo único que tenía la puerta del ascensor era un cartelito que decía esperar que prenda la luz para poder ingresar”, comentó Signorelli.
Desde la Asociación de Funcionarios Judiciales esto no es un tema de plata, sino culpa de la “inoperancia” y el “libertinaje administrativo” de la SCJ.
“Todo esto es un problema de administración, la administración de la Suprema Corte de Justicia a través de su dirección general, a través de los propios ministros de la Corte es pésima. Tiene una autonomía constitucional, pero una cosa es la autonomía técnica y otra cosa es el libertinaje administrativo al que ha sometido a la Suprema Corte de Justicia a sus funcionarios y sobre todo a la administración”, indicó Signorelli.
También solicitarán una entrevista urgente al director de la Inspección General de Trabajo del MTSS, Juan Andrés Roballo, y a la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial.
En el caso de Roballo, ya se comunicó con el gremio para informar que la Inspección Nacional del Trabajo comenzó la investigación de las causas del accidente para determinar las responsabilidades.
Mañana la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay se reunirá para evaluar los pasos a seguir.

La Asociación de Funcionarios Judiciales está realizando este lunes un paro general nacional de 24 horas por duelo. Solamente se atiende con guardia gremial en los juzgados penales, adolescentes y violencia doméstica de turno de todo el país.

La medida se adoptó tras el fallecimiento de Elizabeth Machí, ocurrido el viernes en la Defensoría de Familia de la calle Uruguay donde la mujer de 63 años prestaba funciones.

La funcionaria judicial murió al caer a un foso de un ascensor de una altura aproximada de seis metros.

La Asociación de Funcionarios Judiciales realizó este lunes una conferencia de prensa para denunciar las condiciones de trabajo en las oficinas del Poder Judicial.

Gustavo Signorelli, integrante del gremio, expresó su dolor por la muerte de la trabajadora, ya que era un accidente “totalmente evitable”.

El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT apuntó directamente a la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en esto.

“Estamos muy doloridos, consternados, con mucha rabia. Acá lo que pasó fue un accidente laboral absolutamente evitable. Estamos realmente golpeados, los trabajadores judiciales porque creemos que nuevamente queda de manifiesto que a la Suprema Corte de Justicia, sus trabajadores sus edificios, el servicio, la administración le importa poquito y nada. Eso nos pone cada vez más lejos de un poder judicial o de una Suprema Corte de Justicia a la que solamente le importa su salario”, aseguró Signorelli.

El gremio también hizo un llamado a la responsabilidad a la SCJ y exigen a la corporación que en un plazo de 45 días ponga en conocimiento del sindicato la habilitación por parte de Bomberos y de las intendencias de todos los locales y edificios del Poder Judicial.

El gremio asegura que no hay mantenimiento ni habilitaciones de Bomberos e intendencias.

La dirigente Daniela Maquieira explicó los motivos por los cuales no se clausuran los edificios. Son casi 480 oficinas en todo el país.

“Los edificios del Poder Judicial, la inmensa mayoría, no cuentan con habilitación de Bomberos. Desde el sindicato hemos hecho denuncias a través de la Comisión de Salud Laboral, por ejemplo, en el edificio de la morgue judicial y en el archivo general donde inmediatamente tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el Ministerio de Salud Pública concurrieron, hicieron las inspecciones. Puntualizaron todas las irregularidades, les dieron el plazo a la Suprema Corte para que las arreglara, arregló algunas menores. Lo único que puede hacer el ministerio es poner una multa. Esa es la diferencia entre nosotros que somos públicos y un privado. Un privado llevaría la clausura. A nosotros no se nos clausuran los edificios. Siguen funcionando en esas condiciones.

Esto no solamente nos ha ocupado como sindicato y hemos trabajado. Nos preocupa las garantías que tenemos porque si los organismos encargados de saber cómo están las condiciones de los edificios y nada pueden hacer frente a la Suprema Corte de Justicia entonces los trabajadores no tenemos garantías”, aseguró Maquieira.

Maquieira también denunció que no hay servicio de emergencia móvil para atender problemas que se puedan presentar en las oficinas del Poder Judicial.

“Tampoco contamos con servicios de emergencia. En muchos lugares donde se juegan las tenencias de los hijos o una persona va a ser privada de la libertad ocurren hechos en donde nos enfrentamos a nada porque no podemos llamar a nadie (…) Eso se repite en todo el país. Éste ha sido un accidente fatal, pero no es el único”, aseguró Maquieira.

Signorelli habló del caso puntual de la funcionaria fallecida y del riesgo que esto implica para la Defensoría de Familia.

“El servicio es malo, es pésimo. Las condiciones de trabajo son de las peores y todavía nos pasan este tipo de cosas que terminan con muerte de compañeros que su único delito era estar trabajando, venir cargada con expedientes para tratar de ingresar al ascensor y caer siete metros al vacío ante una irresponsabilidad poco vista y poco creíble. El edificio fue inaugurado hace tres años, es un edificio nuevo. Desde hace tres años se viene denunciando la situación del ascensor. Esa misma mañana se había denunciado y había ido  la empresa y había resuelto los problemas del primer piso. No resolvió los problemas en planta alta. Estamos hablando de una defensoría de familia que mucha de la gente que concurre entre otras cosas no sabe leer y lo único que tenía la puerta del ascensor era un cartelito que decía esperar que prenda la luz para poder ingresar”, comentó Signorelli.

Desde la Asociación de Funcionarios Judiciales esto no es un tema de plata, sino culpa de la “inoperancia” y el “libertinaje administrativo” de la SCJ.

“Todo esto es un problema de administración, la administración de la Suprema Corte de Justicia a través de su dirección general, a través de los propios ministros de la Corte es pésima. Tiene una autonomía constitucional, pero una cosa es la autonomía técnica y otra cosa es el libertinaje administrativo al que ha sometido a la Suprema Corte de Justicia a sus funcionarios y sobre todo a la administración”, indicó Signorelli.

También solicitarán una entrevista urgente al director de la Inspección General de Trabajo del MTSS, Juan Andrés Roballo, y a la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial.

En el caso de Roballo, ya se comunicó con el gremio para informar que la Inspección Nacional del Trabajo comenzó la investigación de las causas del accidente para determinar las responsabilidades.

Mañana la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay se reunirá para evaluar los pasos a seguir.







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