Juristas entienden que no corresponde aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial

Según tres juristas consultados por El Observador, en  el caso del siniestro en el que murió un empleado de la usina 3 de la Intendencia de Montevideo, “no corresponde la aplicación” de la recién aprobada ley de responsabilidad penal del empleador.
El laboralista Nelson Larrañaga, el constitucionalista Martín Risso y el penalista Germán Aller estuvieron de acuerdo en que en casos como este no corresponde aplicar la ley porque la misma refiere a situaciones de “peligro”.
“Para el caso que haya siniestralidad concreta, que se produzca una muerte, o una lesión, la imputación, entiendo que no corresponde la aplicación de esta ley, sino la del código ordinario”, explicó Aller.
Larrañaga complementó: “La nueva ley no aplica a este caso porque lo que regula o lo que establece el artículo 1º es el delito de ‘peligro’, es decir, un delito que se configura antes del accidente de trabajo. Lo que penaliza la ley es la puesta en peligro de un trabajador por no cumplir el empleador con las medidas de seguridad”.
Por otra parte, en referencia a la discusión que también el hecho ha despertado de evaluar si la ley nueva es aplicable a empleadores públicos además de privados, los tres juristas coincidieron en que al no especificarse en la legislación, por hablarse de “empleador”, las dos esferas estarían abarcadas por esta regla.
“Yo no tengo ningún tipo de duda de que esto concierne tanto a privados como a estatales, como posibles sujetos activos de la conducta”, explicó Aller, y agregó: “No se discierne a uno de otro, a mí modo de ver no hay ningún elemento que permita disociar que se trate tanto de privados como de paraestatales como estatales. Por lo tanto, toda la administración pública, sus laterales, intendencias, entes autónomos, descentralizados y por supuesto privados, son abarcados por la ley”.
Por su parte, Risso señaló en la misma línea que “esta ley se aplica tanto a los empleadores públicos como a los empleadores privados” y que esto es algo que “surge bastante claro de las primeras palabras de la ley, que habla de los ‘empleadores’, y no distingue”. El jurista explicó que “hay una máxima interpretativa que dice ‘lo que no distingue la ley no puede distinguir el intérprete’” y en base a esto justificó que la esfera pública también se encuentra abarcada por la norma.
“Creo que el caso lo que nos está mostrando es algunos problemas que tiene la ley; es medio absurdo responsabilizar penalmente a la intendenta Olivera por algo que ocurrió en una repartición de la Intendencia. Capaz que también es absurdo responsabilizar a un ejecutivo que vive en Montevideo por lo que ocurre a una obra a 600 kilómetros de distancia”, subrayó Risso. Larrañaga planteó que en un caso así “se debe particularizar la responsabilidad en quienes estaban a cargo de la operación”, que “evidentemente “no puede ser el intendente que está lo más alejado posible de lo que es esa situación en que se originó el accidente” y que en todo caso sería punible el “encargado de implementar las medidas de seguridad” en la usina.
Aller prefirió decir que “ignora” quién sería responsable, se estaría hablando de una “larga saga, por eso es que la ley tampoco es buena, deja un espacio inmenso para extenderse y desparramarse”.

Según tres juristas consultados por El Observador, en  el caso del siniestro en el que murió un empleado de la usina 3 de la Intendencia de Montevideo, “no corresponde la aplicación” de la recién aprobada ley de responsabilidad penal del empleador.

El laboralista Nelson Larrañaga, el constitucionalista Martín Risso y el penalista Germán Aller estuvieron de acuerdo en que en casos como este no corresponde aplicar la ley porque la misma refiere a situaciones de “peligro”.

“Para el caso que haya siniestralidad concreta, que se produzca una muerte, o una lesión, la imputación, entiendo que no corresponde la aplicación de esta ley, sino la del código ordinario”, explicó Aller.

Larrañaga complementó: “La nueva ley no aplica a este caso porque lo que regula o lo que establece el artículo 1º es el delito de ‘peligro’, es decir, un delito que se configura antes del accidente de trabajo. Lo que penaliza la ley es la puesta en peligro de un trabajador por no cumplir el empleador con las medidas de seguridad”.

Por otra parte, en referencia a la discusión que también el hecho ha despertado de evaluar si la ley nueva es aplicable a empleadores públicos además de privados, los tres juristas coincidieron en que al no especificarse en la legislación, por hablarse de “empleador”, las dos esferas estarían abarcadas por esta regla.

“Yo no tengo ningún tipo de duda de que esto concierne tanto a privados como a estatales, como posibles sujetos activos de la conducta”, explicó Aller, y agregó: “No se discierne a uno de otro, a mí modo de ver no hay ningún elemento que permita disociar que se trate tanto de privados como de paraestatales como estatales. Por lo tanto, toda la administración pública, sus laterales, intendencias, entes autónomos, descentralizados y por supuesto privados, son abarcados por la ley”.

Por su parte, Risso señaló en la misma línea que “esta ley se aplica tanto a los empleadores públicos como a los empleadores privados” y que esto es algo que “surge bastante claro de las primeras palabras de la ley, que habla de los ‘empleadores’, y no distingue”. El jurista explicó que “hay una máxima interpretativa que dice ‘lo que no distingue la ley no puede distinguir el intérprete’” y en base a esto justificó que la esfera pública también se encuentra abarcada por la norma.

“Creo que el caso lo que nos está mostrando es algunos problemas que tiene la ley; es medio absurdo responsabilizar penalmente a la intendenta Olivera por algo que ocurrió en una repartición de la Intendencia. Capaz que también es absurdo responsabilizar a un ejecutivo que vive en Montevideo por lo que ocurre a una obra a 600 kilómetros de distancia”, subrayó Risso. Larrañaga planteó que en un caso así “se debe particularizar la responsabilidad en quienes estaban a cargo de la operación”, que “evidentemente “no puede ser el intendente que está lo más alejado posible de lo que es esa situación en que se originó el accidente” y que en todo caso sería punible el “encargado de implementar las medidas de seguridad” en la usina.

Aller prefirió decir que “ignora” quién sería responsable, se estaría hablando de una “larga saga, por eso es que la ley tampoco es buena, deja un espacio inmenso para extenderse y desparramarse”.







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