La normativa legal hace agua con el mundo “on line” de las redes sociales

Expertos analizan difíciles situaciones que debe enfrentar la actual legislación en el mundo online.
Tuiteros que se hacen eco de noticias que luego resultan ser falsas, blogueros que se apropian de la cabecera de un medio de comunicación o internautas que suplantan la personalidad de un personaje público en un perfil de una red social.
Son situaciones cada vez más frecuentes en el mundo ‘online’, a las que no es fácil responder con la actual legislación.
Los expertos coinciden en que la responsabilidad se tiene que determinar de acuerdo a una normativa pensada para el nuevo medio.
«Con la actual regulación, lo que hace agua no son las redes sociales, sino la regulación», asegura a Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en internet y redes sociales.
Precisamente la responsabilidad de los titueros está esta semana en el punto de mira. Por primera vez, alguien ha decidido presentar batalla a miles de autores de esos mensajes de 140 caracteres para que paguen una compensación por haberle difamado.
La víctima, el británico Alistair McAlpine, ex asesor de Margaret Thatcher, quien vio circular su nombre por internet después de que por error un programa de la BBC sobre abusos de menores en un hogar de acogida en Gales apuntara hacia él.
Miles de tuiteros le identificaron erróneamente como el responsable de esos abusos y ahora este lord pretende que los titulares de esas cuentas de Twitter lo paguen.
Los expertos coinciden en afirmar que una acción de ese tipo es más simbólica que realmente efectiva. Desde luego en España sería difícil que prosperase.
Y es que «la responsabilidad de los tuits no se encuentra ni por asomo en la legislación, ni siquiera de manera tangencial», señala el también abogado Alejandro Touriño.
En España, por ejemplo, no existe ninguna resolución que haga referencia a la responsabilidad del tuitero.
Este responsable del área de tecnologías de la información de ÉCIJA Abogados y colaborador de lainformacion.com recuerda que derecho y tecnología muchas veces van por caminos separados.
Para Sánchez Almeida, pretender una demanda masiva contra los tuiteros es un planteamiento «absolutamente erróneo, porque hay que diferenciar entre quién genera una información de quién la cita».
Insiste en que «no se puede perseguir a todo aquél que se limita a retuitear lo que dice otro, a menos que se regule expresamente».
En todo caso, «habría que hacerlo con muchísima prudencia porque podríamos criminalizar a toda la sociedad».
Este jurista insiste en que con la actual legislación española, una persecución masiva a tuiteros es imposible.

Expertos analizan difíciles situaciones que debe enfrentar la actual legislación en el mundo online.

Tuiteros que se hacen eco de noticias que luego resultan ser falsas, blogueros que se apropian de la cabecera de un medio de comunicación o internautas que suplantan la personalidad de un personaje público en un perfil de una red social.

Son situaciones cada vez más frecuentes en el mundo ‘online’, a las que no es fácil responder con la actual legislación.

Los expertos coinciden en que la responsabilidad se tiene que determinar de acuerdo a una normativa pensada para el nuevo medio.

«Con la actual regulación, lo que hace agua no son las redes sociales, sino la regulación», asegura a Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en internet y redes sociales.

Precisamente la responsabilidad de los titueros está esta semana en el punto de mira. Por primera vez, alguien ha decidido presentar batalla a miles de autores de esos mensajes de 140 caracteres para que paguen una compensación por haberle difamado.

La víctima, el británico Alistair McAlpine, ex asesor de Margaret Thatcher, quien vio circular su nombre por internet después de que por error un programa de la BBC sobre abusos de menores en un hogar de acogida en Gales apuntara hacia él.

Miles de tuiteros le identificaron erróneamente como el responsable de esos abusos y ahora este lord pretende que los titulares de esas cuentas de Twitter lo paguen.

Los expertos coinciden en afirmar que una acción de ese tipo es más simbólica que realmente efectiva. Desde luego en España sería difícil que prosperase.

Y es que «la responsabilidad de los tuits no se encuentra ni por asomo en la legislación, ni siquiera de manera tangencial», señala el también abogado Alejandro Touriño.

En España, por ejemplo, no existe ninguna resolución que haga referencia a la responsabilidad del tuitero.

Este responsable del área de tecnologías de la información de ÉCIJA Abogados y colaborador de lainformacion.com recuerda que derecho y tecnología muchas veces van por caminos separados.

Para Sánchez Almeida, pretender una demanda masiva contra los tuiteros es un planteamiento «absolutamente erróneo, porque hay que diferenciar entre quién genera una información de quién la cita».

Insiste en que «no se puede perseguir a todo aquél que se limita a retuitear lo que dice otro, a menos que se regule expresamente».

En todo caso, «habría que hacerlo con muchísima prudencia porque podríamos criminalizar a toda la sociedad».

Este jurista insiste en que con la actual legislación española, una persecución masiva a tuiteros es imposible.