Mujica no comparte el nuevo impuesto para reparación a víctimas de delitos

Tras conocer que el Ministerio de Economía tenía un proyecto de ley que crearía el nuevo impuesto para financiar el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos, el presidente José Mujica se negó a esta posibilidad.
“Ante versiones que indican que ya estaría definido el nuevo instrumento impositivo destinado a financiar la reparación a las víctimas, el Ejecutivo informa que tal afirmación no es correcta”, dice el comunicado.
Y agrega que “el proyecto de ley de reparación a las víctimas se mantiene en los términos originalmente definidos y el Gobierno tiene a su estudio diversas fórmulas para dicha financiación, que serán remitidas al Parlamento a la brevedad”.
De esta manera, el presidente de la República, José Mujica, desactivó la idea que surgió del Ministerio de Economía de aplicar a trabajadores, jubilados y reclusos que paguen un tributo para solventar el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de los Delitos Violentos, incluido en la “Estrategia por la vida y la convivencia” presentada por el Poder Ejecutivo en junio.
Según informaron a El Espectador fuentes del gobierno, el proyecto fue expuesto ante los legisladores del Frente Amplio por el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, sin previa consulta a otros integrantes del gabinete.
Luego de que tomó estado público la forma de financiar el fondo, el presidente  mandó parar la iniciativa, que tampoco cuenta con el apoyo del Ministerio de Trabajo ni del Banco de Previsión Social.
Desde el Ministerio del Interior se informó que se conocía la propuesta, pero que se estudiaba como una más, dentro de otras opciones. Pero que en ningún momento se acordó nada en este sentido.
La propuesta original del Ministerio del Interior consistía en poner un nuevo impuesto a las aseguradoras, para retener el 1 % de sus ganancias. Tras el rechazo de estas empresas, el proyecto de ley volvió al Poder Ejecutivo, que desde hace dos semanas busca alternativas para el financiamiento del fondo.
En la propuesta del Ministerio de Economía el tributo se aplicaría a trabajadores, jubilados y reclusos que trabajen. Alcanzaría el 0,033 % de los ingresos salariales, el 0,016 % de las jubilaciones y el 10 % de la remuneración que reciben los presos trabajadores.
La póliza pagaría hasta 31.500 dólares por persona fallecida o invalidez permanente total en caso de rapiña, copamiento o secuestro. Se abonará al contado una partida de 4.500 dólares y el resto en cuotas de 450 dólares mensuales hasta cinco años.
La indemnización sería aplicada cuando ocurra un homicidio en casos de delitos de rapiña, copamiento o secuestro.
Los beneficiarios de la póliza serán el cónyuge o concubino (siempre y cuando estuvieran conviviendo con la víctima al momento del deceso), los hijos menores de edad, personas con invalidez total, y quienes ejerzan la patria potestad de un menor de edad fallecido.
El objetivo del Poder Ejecutivo es recaudar 10 millones de dólares al año para este fondo.
Además, el 25% de lo recaudado por el fondo de las víctimas se destinará anualmente al Ministerio del Interior para “fortalecer” el ya existente Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, mientras que el resto se destinará a cubrir la pensión a las víctimas.
Esa pensión será equivalente a seis Bases de Prestaciones y Contribuciones, es decir 14.502 pesos por mes.
Ni bien trascendió la noticia sobre la idea de poner un impuesto para financiar el Fondo, la oposición también marcó discrepancias. Desde el Partido Colorado, el senador Pedro Bordaberry se mostró partidario de reducir el gasto en otras áreas y no crear un impuesto, a la vez que recordó el proyecto del diputado Fitzgerald Cantero, que propone una reducción de la publicidad de Antel, Ancap y Ute para financiar el Fondo.
En tanto, el senador Jorge Larrañaga puso en su cuenta Twitter que “hay que estudiar” más la idea, pero que “un nuevo impuesto con fin específico no le parece lo más adecuado”.
Entretanto, el martes se creó la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), una organización que trabajará con fondos solidarios y tiene como objetivo garantizar con apoyo jurídico, psicológico y social los derechos de las personas o de familiares que sufrieron algún delito.

Tras conocer que el Ministerio de Economía tenía un proyecto de ley que crearía el nuevo impuesto para financiar el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos, el presidente José Mujica se negó a esta posibilidad.

“Ante versiones que indican que ya estaría definido el nuevo instrumento impositivo destinado a financiar la reparación a las víctimas, el Ejecutivo informa que tal afirmación no es correcta”, dice el comunicado.

Y agrega que “el proyecto de ley de reparación a las víctimas se mantiene en los términos originalmente definidos y el Gobierno tiene a su estudio diversas fórmulas para dicha financiación, que serán remitidas al Parlamento a la brevedad”.

De esta manera, el presidente de la República, José Mujica, desactivó la idea que surgió del Ministerio de Economía de aplicar a trabajadores, jubilados y reclusos que paguen un tributo para solventar el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de los Delitos Violentos, incluido en la “Estrategia por la vida y la convivencia” presentada por el Poder Ejecutivo en junio.

Según informaron a El Espectador fuentes del gobierno, el proyecto fue expuesto ante los legisladores del Frente Amplio por el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, sin previa consulta a otros integrantes del gabinete.

Luego de que tomó estado público la forma de financiar el fondo, el presidente  mandó parar la iniciativa, que tampoco cuenta con el apoyo del Ministerio de Trabajo ni del Banco de Previsión Social.

Desde el Ministerio del Interior se informó que se conocía la propuesta, pero que se estudiaba como una más, dentro de otras opciones. Pero que en ningún momento se acordó nada en este sentido.

La propuesta original del Ministerio del Interior consistía en poner un nuevo impuesto a las aseguradoras, para retener el 1 % de sus ganancias. Tras el rechazo de estas empresas, el proyecto de ley volvió al Poder Ejecutivo, que desde hace dos semanas busca alternativas para el financiamiento del fondo.

En la propuesta del Ministerio de Economía el tributo se aplicaría a trabajadores, jubilados y reclusos que trabajen. Alcanzaría el 0,033 % de los ingresos salariales, el 0,016 % de las jubilaciones y el 10 % de la remuneración que reciben los presos trabajadores.

La póliza pagaría hasta 31.500 dólares por persona fallecida o invalidez permanente total en caso de rapiña, copamiento o secuestro. Se abonará al contado una partida de 4.500 dólares y el resto en cuotas de 450 dólares mensuales hasta cinco años.

La indemnización sería aplicada cuando ocurra un homicidio en casos de delitos de rapiña, copamiento o secuestro.

Los beneficiarios de la póliza serán el cónyuge o concubino (siempre y cuando estuvieran conviviendo con la víctima al momento del deceso), los hijos menores de edad, personas con invalidez total, y quienes ejerzan la patria potestad de un menor de edad fallecido.

El objetivo del Poder Ejecutivo es recaudar 10 millones de dólares al año para este fondo.

Además, el 25% de lo recaudado por el fondo de las víctimas se destinará anualmente al Ministerio del Interior para “fortalecer” el ya existente Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, mientras que el resto se destinará a cubrir la pensión a las víctimas.

Esa pensión será equivalente a seis Bases de Prestaciones y Contribuciones, es decir 14.502 pesos por mes.

Ni bien trascendió la noticia sobre la idea de poner un impuesto para financiar el Fondo, la oposición también marcó discrepancias. Desde el Partido Colorado, el senador Pedro Bordaberry se mostró partidario de reducir el gasto en otras áreas y no crear un impuesto, a la vez que recordó el proyecto del diputado Fitzgerald Cantero, que propone una reducción de la publicidad de Antel, Ancap y Ute para financiar el Fondo.

En tanto, el senador Jorge Larrañaga puso en su cuenta Twitter que “hay que estudiar” más la idea, pero que “un nuevo impuesto con fin específico no le parece lo más adecuado”.

Entretanto, el martes se creó la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), una organización que trabajará con fondos solidarios y tiene como objetivo garantizar con apoyo jurídico, psicológico y social los derechos de las personas o de familiares que sufrieron algún delito.







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