SCJ: traslado de Mota “no implicó disminución de grado”

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) respondió a los diputados que habían planteado dudas sobre el traslado de la jueza Mota que el mismo “no implicó disminución de grado o de remuneración”. Mota era hasta su traslado a lo civil la magistrada encargada de varios casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
Según estima la SCJ en su comunicado, trasladar a la jueza desde la órbita penal a la civil “no implicó una disminución de grado o remuneración” y se hizo “en función de criterios que combinan la antigüedad y el mérito. Además la SCJ afirma que la decisión del traslado estuvo basada en criterios de movilidad en los cargos recogidos constitucionalmente y acordados en las internas de la propia corte: “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”, afirman.“El escrito de respuesta de la SCJ, compuesto de 9 páginas, responde a los diputados Bayardi, Gallicchio, Gyerrini, Tourné y Pereyra. La polémica decisión de la SCJ derivó en protestas ante la propia sede de la Corte e incluso la primera senadora, Lucía Topolansky, manejó la idea de un juicio político a la SCJ. Ante el llamado a comparecer a los ministros de la Corte ante el Parlamento, los miembros de la SCJ resolvieron responder por escrito, como efectivamente han hecho.
LAS RESPUESTAS
DE LA SCJ
Respecto a las preguntas acerca de los motivos generales de los traslados de jueces, la SCJ afirma que “cada uno de  dichos  traslados se realizó ante la necesidad de  proveer vacantes, considerando en  cada caso las circunstancias particulares de cada magistrado, así como las circunstancias de cada una de las oficinas judiciales en cuestión, resolviendo en función de criterios que combinan la antigüedad y el mérito. Ninguno de los referidos traslados implicó disminución de grado o de remuneración de los Magistrados involucrados. En cuanto a la opinión de los trasladados acerca de la decisión, la SCJ estima que “el criterio rector en tales cuestiones es el previsto por el art. 59 de la Carta Magna, de conformidad con el cual, el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, y por tal razón la opinión o deseo del Magistrado afectado por el traslado no resulta determinante” agrega. La SCJ aclara que no consultó a Mota –ni a ninguno de los demás trasladados- acerca de si deseaban el cambio y afirman que según normativa el magistrado que no desee ser trasladado “deberá hacerlo saber por escrito a la SCJ antes del 15 de marzo de cada año. Además la carta de la SCJ afirma que “en numerosas oportunidades, cuando el traslado de zona geográfica puede afectar la vida familiar del Magistrado, se le consulta en forma previa por vía telefónica. Sobre si para realizarse los traslados se pidió informe al fiscal de la Corte, la SCJ asegura que no es “un requisito excluyente: siguiendo la práctica llevada a cabo desde hace muchos años, en la medida que el dictamen de la Fiscalía de Corte no resulta vinculante, a fin de proveer con celeridad las vacantes existentes, no se formuló consulta, teniendo presente que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la  misma constituye una formalidad que no afecta el contenido, ni la validez de la decisión administrativa”.
Fuente: El Espectador

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) respondió a los diputados que habían planteado dudas sobre el traslado de la jueza Mota que el mismo “no implicó disminución de grado o de remuneración”. Mota era hasta su traslado a lo civil la magistrada encargada de varios casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

Según estima la SCJ en su comunicado, trasladar a la jueza desde la órbita penal a la civil “no implicó una disminución de grado o remuneración” y se hizo “en función de criterios que combinan la antigüedad y el mérito. Además la SCJ afirma que la decisión del traslado estuvo basada en criterios de movilidad en los cargos recogidos constitucionalmente y acordados en las internas de la propia corte: “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”, afirman.“El escrito de respuesta de la SCJ, compuesto de 9 páginas, responde a los diputados Bayardi, Gallicchio, Gyerrini, Tourné y Pereyra. La polémica decisión de la SCJ derivó en protestas ante la propia sede de la Corte e incluso la primera senadora, Lucía Topolansky, manejó la idea de un juicio político a la SCJ. Ante el llamado a comparecer a los ministros de la Corte ante el Parlamento, los miembros de la SCJ resolvieron responder por escrito, como efectivamente han hecho.

LAS RESPUESTAS

DE LA SCJ

Respecto a las preguntas acerca de los motivos generales de los traslados de jueces, la SCJ afirma que “cada uno de  dichos  traslados se realizó ante la necesidad de  proveer vacantes, considerando en  cada caso las circunstancias particulares de cada magistrado, así como las circunstancias de cada una de las oficinas judiciales en cuestión, resolviendo en función de criterios que combinan la antigüedad y el mérito. Ninguno de los referidos traslados implicó disminución de grado o de remuneración de los Magistrados involucrados. En cuanto a la opinión de los trasladados acerca de la decisión, la SCJ estima que “el criterio rector en tales cuestiones es el previsto por el art. 59 de la Carta Magna, de conformidad con el cual, el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, y por tal razón la opinión o deseo del Magistrado afectado por el traslado no resulta determinante” agrega. La SCJ aclara que no consultó a Mota –ni a ninguno de los demás trasladados- acerca de si deseaban el cambio y afirman que según normativa el magistrado que no desee ser trasladado “deberá hacerlo saber por escrito a la SCJ antes del 15 de marzo de cada año. Además la carta de la SCJ afirma que “en numerosas oportunidades, cuando el traslado de zona geográfica puede afectar la vida familiar del Magistrado, se le consulta en forma previa por vía telefónica. Sobre si para realizarse los traslados se pidió informe al fiscal de la Corte, la SCJ asegura que no es “un requisito excluyente: siguiendo la práctica llevada a cabo desde hace muchos años, en la medida que el dictamen de la Fiscalía de Corte no resulta vinculante, a fin de proveer con celeridad las vacantes existentes, no se formuló consulta, teniendo presente que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la  misma constituye una formalidad que no afecta el contenido, ni la validez de la decisión administrativa”.

Fuente: El Espectador