Cuando una mujer es procesada con prisión y alojada en la cárcel departamental, encontrándose en estado de gravidez, la misma recibe un tratamiento especial, con cuidados paliativos propios para el nacimiento del niño, ya que se prevé que la persona consuma alimentos que le permitan fortalecerse y además es llevada en forma obligatoria a todos los controles médicos para seguir la evolución del embarazo, con la finalidad de que tanto la madre como el niño puedan estar en forma saludable
En ese marco se encuentran algunas reclusas que cumplen prisión por distintos delitos, así como también la mujer que fue procesada el pasado miércoles por la Justicia Penal, al ser la autora de una rapiña en un comercio del centro de la ciudad.
Aunque debido a las actuales condiciones de la Cárcel local, donde la situación de superpoblación determina un alto grado de hacinamiento y las carencias para un hábitat saludable de una mujer en estado de gravidez son absolutas, la Policía trata de tomar las medidas que considera necesarias para poder brindar una atención adecuada a estas mujeres.
Por esta razón, el jefe de Policía de Salto, Carlos Ayuto, aseguró a EL PUEBLO que tanto la mujer que fue procesada en las últimas horas,como otras que ya se encuentran recluidas en ese lugar, cuentan con asistencia médica permanente y en carácter obligatorio.
ATENCIÓN
“Lo que recibe es la atención médica que vaya requiriendo la situación de embarazo. O sea si ella lleva un embarazo normal, se la llevará a los controles pertinentes y se le prestará la atención que la persona requiere. Ahora si hay una situación que escapare de lo normal, ahí generalmente se pide un arresto domiciliario”, aunque para estos casos, el jerarca admitió que se evalúa primero cuál es el ámbito particular de cada reclusa y si su residencia particular tiene las características necesarias como para poder cumplir con esta medida.
“Lo que también hay que tener en cuenta es el hecho de que quizás estando en su domicilio, la mujer no concurre a los controles médicos y lleva el embarazo por su cuenta, generando una situación compleja para ella misma, por eso también se evalúa antes de darle la prisión domiciliaria la situación en la que se encuentra”, dijo.
Pero en el caso de que la reclusa no esté en condiciones por distintos factores de ir a cumplir la condena a su casa, deberá ser atendida con cuidados especiales durante su tiempo de reclusión, sobre todo “para cuidar el embarazo y el nacimiento del niño”, comentó el jerarca policial.
PASA AL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN
En otro orden, el jefe de Policía de Salto, Carlos Ayuto, informó que en los próximos meses la cárcel de Salto pasará a manos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y que en ese sentido, saldrá de la órbita de la Jefatura de Policía, aunque no así de la jurisdicción del Ministerio del Interior.
“Los funcionarios de ese instituto, en principio, pasarán en comisión para atender el Centro de Rehabilitación (ex cárcel departamental) los que se desempeñan actualmente en ese lugar. Al mismo tiempo el INR hace un llamado para el personal propio que se denominará ‘operadores penitenciarios’ y en la medida que éstos se vayan incorporando al Centro de Rehabilitación, éstos irán supliendo a los funcionarios policiales que volverán a la órbita de la Jefatura”, comentó el jefe de la policía salteña.
Señaló que los denominados operadores penitenciarios, tendrán una preparación como educadores, serán un personal “especializado” para el tratamiento con los reclusos. “Se trata de policías civiles con determinadas facultades para el trabajo penitenciario. Pero no para disuadir problemas internos que surjan en el interior del recinto. En ese caso, nosotros le daríamos el apoyo”, advirtió.
Por otra parte, añadió que la semana entrante iniciarán las conversaciones con las autoridades del INR con la finalidad de ir puliendo el trabajo y en ese marco se discutirá si la policía cumplirá el rol de llevar adelante una guardia perimetral en el lugar.
“Algún apoyo le vamos a dar, es que si dejamos en manos de gente inexperta el tema, la situación se le puede ir de las manos. Incluso en Rivera cuando el centro de rehabilitación pasó a la órbita del INR, ellos ya contaban con los operadores penitenciarios, pero empezamos a mandar policías para ese lugar para hacer las guardias, previmos que los policías nuevos le fueran agarrando la mano al tema y tras unos días de que nuestros policías cumplían funciones en ese lugar, comenzaron a volver porque los funcionarios comenzaron a trabajar bien con los operadores penitenciarios”.
Ayuto aclaró que en Salto “en principio seguirá actuando la policía y luego que ingresen estos operadores penitenciarios a trabajar, vamos a quedar haciendo una guardia perimetral o lo que sea, para intervenir nosotros, pero no la guardia interna que está todo el día con el recluso. Esa no se va a meter porque no es bueno que los mismos funcionarios que trabajan con el recluso, sean los que los repriman en casos de incidentes. Al menos no es recomendable que esto suceda, ya que a la larga puede haber una revancha por parte del preso contra el operador y hay que evitar este tipo de cosas”.
Cuando una mujer es procesada con prisión y alojada en la cárcel departamental, encontrándose en estado de gravidez, la misma recibe un tratamiento especial, con cuidados paliativos propios para el nacimiento del niño, ya que se prevé que la persona consuma alimentos que le permitan fortalecerse y además es llevada en forma obligatoria a todos los controles médicos para seguir la evolución del embarazo, con la finalidad de que tanto la madre como el niño puedan estar en forma saludable
En ese marco se encuentran algunas reclusas que cumplen prisión por distintos delitos, así como también la mujer que fue procesada el pasado miércoles por la Justicia Penal, al ser la autora de una rapiña en un comercio del centro de la ciudad.
Aunque debido a las actuales condiciones de la Cárcel local, donde la situación de superpoblación determina un alto grado de hacinamiento y las carencias para un hábitat saludable de una mujer en estado de gravidez son absolutas, la Policía trata de tomar las medidas que considera necesarias para poder brindar una atención adecuada a estas mujeres.
Por esta razón, el jefe de Policía de Salto, Carlos Ayuto, aseguró a EL PUEBLO que tanto la mujer que fue procesada en las últimas horas,como otras que ya se encuentran recluidas en ese lugar, cuentan con asistencia médica permanente y en carácter obligatorio.
ATENCIÓN
“Lo que recibe es la atención médica que vaya requiriendo la situación de embarazo. O sea si ella lleva un embarazo normal, se la llevará a los controles pertinentes y se le prestará la atención que la persona requiere. Ahora si hay una situación que escapare de lo normal, ahí generalmente se pide un arresto domiciliario”, aunque para estos casos, el jerarca admitió que se evalúa primero cuál es el ámbito particular de cada reclusa y si su residencia particular tiene las características necesarias como para poder cumplir con esta medida.
“Lo que también hay que tener en cuenta es el hecho de que quizás estando en su domicilio, la mujer no concurre a los controles médicos y lleva el embarazo por su cuenta, generando una situación compleja para ella misma, por eso también se evalúa antes de darle la prisión domiciliaria la situación en la que se encuentra”, dijo.
Pero en el caso de que la reclusa no esté en condiciones por distintos factores de ir a cumplir la condena a su casa, deberá ser atendida con cuidados especiales durante su tiempo de reclusión, sobre todo “para cuidar el embarazo y el nacimiento del niño”, comentó el jerarca policial.
PASA AL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN
En otro orden, el jefe de Policía de Salto, Carlos Ayuto, informó que en los próximos meses la cárcel de Salto pasará a manos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y que en ese sentido, saldrá de la órbita de la Jefatura de Policía, aunque no así de la jurisdicción del Ministerio del Interior.
“Los funcionarios de ese instituto, en principio, pasarán en comisión para atender el Centro de Rehabilitación (ex cárcel departamental) los que se desempeñan actualmente en ese lugar. Al mismo tiempo el INR hace un llamado para el personal propio que se denominará ‘operadores penitenciarios’ y en la medida que éstos se vayan incorporando al Centro de Rehabilitación, éstos irán supliendo a los funcionarios policiales que volverán a la órbita de la Jefatura”, comentó el jefe de la policía salteña.
Señaló que los denominados operadores penitenciarios, tendrán una preparación como educadores, serán un personal “especializado” para el tratamiento con los reclusos. “Se trata de policías civiles con determinadas facultades para el trabajo penitenciario. Pero no para disuadir problemas internos que surjan en el interior del recinto. En ese caso, nosotros le daríamos el apoyo”, advirtió.
Por otra parte, añadió que la semana entrante iniciarán las conversaciones con las autoridades del INR con la finalidad de ir puliendo el trabajo y en ese marco se discutirá si la policía cumplirá el rol de llevar adelante una guardia perimetral en el lugar.
“Algún apoyo le vamos a dar, es que si dejamos en manos de gente inexperta el tema, la situación se le puede ir de las manos. Incluso en Rivera cuando el centro de rehabilitación pasó a la órbita del INR, ellos ya contaban con los operadores penitenciarios, pero empezamos a mandar policías para ese lugar para hacer las guardias, previmos que los policías nuevos le fueran agarrando la mano al tema y tras unos días de que nuestros policías cumplían funciones en ese lugar, comenzaron a volver porque los funcionarios comenzaron a trabajar bien con los operadores penitenciarios”.
Ayuto aclaró que en Salto “en principio seguirá actuando la policía y luego que ingresen estos operadores penitenciarios a trabajar, vamos a quedar haciendo una guardia perimetral o lo que sea, para intervenir nosotros, pero no la guardia interna que está todo el día con el recluso. Esa no se va a meter porque no es bueno que los mismos funcionarios que trabajan con el recluso, sean los que los repriman en casos de incidentes. Al menos no es recomendable que esto suceda, ya que a la larga puede haber una revancha por parte del preso contra el operador y hay que evitar este tipo de cosas”.