21 procesamientos dictó la Justicia en la madrugada de hoy

21 procesamientos dictó la Justicia en la madrugada de hoy

A 16 de ellos por Asociación para Delinquir y contrabando y 5 por contrabando

Hasta esta madrugada hubo una intensa actividad en el Juzgado Penal. La actuación de la Justicia culminó con un fallo sin precedentes: 21 procesamientos, 16 de ellos con prisión. 

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DOS DE LOS PROCESADOS fueron llevados al Hospital local para una revisión del estado sanitario antes de ser trasladados a un centro de reclusión.

-Tenían “todo arreglado” para pasar por el puente de la represa

Las maniobras fueron detectadas a través de escuchas telefónicas y de vigilancia electrónica 

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Intensa actividad en el Juzgado Penal ayer.

“¿Está la negra?”, era la consulta que hacían los contrabandistas a través del teléfono a sus contactos en el puente de Salto Grande. Es que “la negra” es una funcionaria con fama de incorruptible que cumple funciones en el puente de la represa, por donde ingresaba el contrabando.

La red de contrabandistas operaba desde hacía varios años en nuestro medio y para ello tenía contactos que estaban apostados en el paso de frontera y que controlaban que “todo estuviera tranquilo” para que las maniobras pudieran realizarse.

Ayer en el juzgado permanecían detenidas unas 21 personas, entre las que se encontraban cinco empresarios de Montevideo, 13 funcionarios públicos de distintas reparticiones entre Migraciones, Barreras Sanitarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de la Aduana, además de un sujeto sindicado como un contrabandista que maneja volúmenes importantes de dinero, y sus dos empleados.  

Según la información a la que pudo acceder EL PUEBLO los contrabandistas se comunicaban en forma telefónica con sus contactos en el puente y les preguntaban cómo estaba el panorama. También le preguntaban por la “negra”, una funcionaria de años en el lugar y que tiene fama de no aceptar coimas ni arreglos. Para pasar esperaban como respuesta un “está tranquila la cosa”, para saber si arriesgaban a pasar por el lugar.

Todo esto fue posible a partir de la habilitación de dos mecanismos que se aplican para los casos de crimen organizado. Una de ellas son las escuchas telefónicas, que fueron vitales al momento de poder dar con los detalles de las maniobras que se daban. El otro mecanismo, que fue habilitado por la Justicia, fue el de la vigilancia electrónica a través de las filmaciones.

Ambos recursos ya fueron utilizados en Salto cuando fueron sometidos a una investigación cinco marineros, que habían montado una organización que pedía coimas a los pescadores para dejarlos pescar en épocas que el organismo competente dicta la veda en el Río Uruguay.

Además, se informó a este diario que el caso de contrabando que culminó esta madrugada, partió desde esa investigación, ya que los involucrados en estos hechos tenían contacto con los contrabandistas y los funcionarios que revestían funciones en el puente de Salto Grande y que hace pocas horas fueron enviados a la cárcel.

Pero esta investigación estaba montada desde hacía bastante tiempo atrás. Los funcionarios del grupo especial de información de Aduanas, una suerte de asuntos internos creada a fin de combatir con la corrupción interna, había comenzando a investigar este caso en junio del año 2010.

Vinieron en varios autos con matrícula de alquiler y se instalaron en las termas del Daymán. Montaron un operativo de vigilancia que consistió en las escuchas telefónicas y en la vigilancia electrónica, para lo cual llegaron a montar cámaras en los baños del paso de frontera, donde en algunas oportunidades, los funcionarios involucrados recibían las coimas.  

DOS DÍAS

Dos días llevó a cabo este procedimiento. Donde hubo 21 personas detenidas en el marco de las actuaciones y luego de resolver sobre la situación de los detenidos, donde procesó a 16 de ellos con prisión y a otos 5 sin prisión, resolvió declinar la competencia ante el Juzgado Especializado de Crimen Organizado de 2º Turno a cargo de la Dra. Graciela Gatti en Montevideo.

La investigación fue iniciada por el Grupo de Respuesta Información de Aduana, que comenzó las investigaciones el 22 de junio de 2010 en Montevideo mediante escuchas telefónicas autorizadas por el juzgado penal 14º Turno de la capital y se detectaron maniobras de contrabando en el puente de Salto Grande.

La Justicia actuante declinó competencia para el Juzgado Penal 4º Turno de Salto en razón del lugar en que se estaban realizando las maniobras investigadas. Se continuaron las escuchas telefónicas desde noviembre de 2010 a febrero 2011 presumiendo que se estaba ante un delito de contrabando, por lo que se solicitó información al Banco Central sobre giros de dinero.

Es entonces que se detectan giros de comerciantes de Montevideo por Abitab a tres empresarios salteños por la suma acumulada de dos millones de pesos desde 2008. Estos empresarios, con la colaboración de funcionarios aduaneros, de Migraciones y de Barreras Sanitarias, que fueron identificados en las escuchas telefónicas, previo al pago de dinero, habían permitido el pasaje de mercadería de contrabando de procedencia argentina.

Además, se pudo establecer que uno de los tres empresarios sería quien recibía los giros como beneficiario en Abitab y dirigía a los otros en la operativa, pagándoles un sueldo. La maniobra dataría de hace cinco años.

Se detuvo a cinco empresarios de Montevideo y a empresarios de Salto, funcionarios aduaneros de Salto, funcionarios de la Dirección Nacional de Migración y funcionarios del MGAP.

EL GOLPE

El lunes 1º a las 7 de la mañana se realizó el primer allanamiento. Fue en la casa de un sujeto sindicado como contrabandista, en la que se encontraron documentos importantes sobre las maniobras y en el disco duro de una computadora estaban los datos de todos los involucrados con este caso.

Así comenzaron a recorrer cada uno de los lugares para detener a los presuntos involucrados. Todos permitían el ingreso de voluminosa mercadería de origen extranjero a través del pago de una coima. Los contrabandistas la colocaban y hacían figurar a un tercero como el responsable de la “empresa” que hacía las ventas.

Los empresarios de Montevideo, que llegaron a pagar en dos años hasta dos millones de pesos a través de los giros en Abitab, para el pago de coimas, compraban la mercadería pero no se hacían responsables de su ingreso al país. Por esta razón, la jueza Marcela Vargas y el fiscal Ricardo Lackner entendieron que solamente estaban vinculados a un delito de contrabando y los procesaron a los cinco, sin prisión. Al menos 15 abogados de Salto trabajaron en las respectivas defensas que motivó este caso.  

13 son funcionarios públicos, 3 de ellos contrabandistas y 5 empresarios

La jueza penal de 4º Turno, Marcela Vargas, declinó su competencia para seguir con este caso, pero antes dictaminó el procesamiento con prisión de 16 personas, además de otros cinco a los que procesó sin prisión, cuando a las 2 de esta madrugada, Vargas y el fiscal letrado departamental de 3º Turno, Ricardo Lackner, dictaminaron esta ola de procesamientos que puso fin a una organización que se dedicaba al contrabando desde hace muchos años en nuestro medio y que involucraba a varios funcionarios públicos de diferentes reparticiones de la administración. El delito imputado en primera instancia a los procesados con prisión, fue el de Asociación para Delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de contrabando. Al tiempo que a los empresarios de la capital involucrados con la compra de la mercadería de contrabando, fueron procesados sin prisión por un delito de contrabando. Tras dictar una andanada sin precedentes de procesamientos, la Jueza declinó su competencia en este caso y trasladó las actuaciones al Juzgado Especializado de Crimen Organizado de Montevideo, que según fuentes judiciales consultadas por EL PUEBLO recaerían en manos de la Jueza Graciela Gatti.

Antes, dictó el procesamiento y prisión de 13 funcionarios públicos pertenecientes a las reparticiones de Migraciones, Barreras Sanitarias del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, y de Aduanas, todos cumplían funciones en el Paso de Frontera ubicado en el puente de Salto Grande.

Además, logró desarticular una red que se dedicaba al contrabando de un volumen económico importante, encarcelando a su principal responsable y a otros dos sujetos que trabajaban con él. A éstos y a los 13 funcionarios públicos que habían organizado una red que se dedicaba al contrabando, les imputó en primera instancia los delitos de Asociación para Delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de contrabando.

Lo que determina la sumatoria de dos delitos, el de asociación para delinquir y el de contrabando, y éste último cometido en reiteradas oportunidades.

Los abogados de las partes salieron del recinto judicial en las primeras horas de la madrugada de hoy señalando que estaban “disconformes” con los delitos solicitados por el fiscal Ricardo Lackner y con el fallo de la jueza Marcela Vargas, por el hecho que “englobaron a todos como si fuera una sola organización y le dieron con todo, cuando el delito que se cometía fue solamente el contrabando”.

Otros abogados defensores, también molestos con la situación, señalaron entre otras cosas a este diario, que luego de que la jueza Marcela Vargas anunciara que declinaba la competencia del caso y que el mismo pasaba a los juzgados especializados en crimen organizado de Montevideo que “asistimos a una farsa, se hizo una pantalla con este caso y después que sucedió esto mandan el caso a Montevideo para continuarlo allá, es un disparate”.

Anoche, los 16 procesados con prisión fueron fichados y alojados en la Cárcel Departamental, de acuerdo a la información primaria obtenida por EL PUEBLO..