El policía procesado el viernes estaba bajo vigilancia hace tiempo y ya habían realizado un operativo para capturarlo

El policía procesado el viernes estaba bajo vigilancia hace tiempo y ya habían realizado un operativo para capturarlo
El oficial de policía que fue procesado con prisión en las últimas horas por estar implicado en sendos casos de cohecho calificado y de receptación, en  principio fue alojado en las dependencias de la Brigada de Narcóticos que pertenece al Ministerio del Interior y que para la región norte tiene sus instalaciones en la zona de la represa de Salto Grande.
Es que por razones de seguridad y por una política de las autoridades de los centros de reclusión, el funcionario no puede ser alojado con los presos comunes y en ese aspecto tiene que cumplir la pena en un centro aparte, por lo que según informaron las fuentes policiales a EL PUEBLO el sujeto fue trasladado al sur del país en la madrugada anterior, a un establecimiento penal de máxima seguridad en donde hay un pabellón exclusivamente para funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas que cometen delitos.
El funcionario procesado había ingresado a la Policía y estando en funciones realizó la Escuela Nacional de Policía para egresar como Oficial. Tras unos 16 años de carrera funcional el ahora Oficial Principal estaba cumpliendo funciones como Encargado de la Seccional Decimoprimera, luego de un pasaje por la Dirección de Investigaciones y las Seccionales Segunda, Primera y Tercera.
INVESTIGADO
Pero ocurrió que cumpliendo funciones como encargado comenzaron a registrarse algunos episodios sospechosos. Había realizado dos procedimientos donde logró “capturar” camionetas con contrabando “pero sin ocupantes por dos veces, eso ya levanta cierta suspicacia dentro de la propia interna policial que ameritó que comenzara una investigación paralela al caso de contrabando”,  adujeron a EL PUEBLO fuentes policiales que fueron consultadas al respecto.
Aunque asímismo, los informantes dijeron que hubo “una llamada a Asuntos Internos del Ministerio del Interior denunciando los casos de contrabando que se venían dando en la mencionada seccional policial y que dejaban en evidencia que algo estaba ocurriendo”, dijo  la fuente consultada que señaló que “nunca había personas detenidas cada vez que se llevaban a cabo estos procedimientos”.
Cuando meses atrás, efectivos del ATA, la policía del grupo de choque de la jefatura local, realizó un procedimiento en la zona, donde un contingente de efectivos armados a la guerra pudo capturar tres camionetas que traían contrabando, los informantes señalaron que el mismo tenía como objetivo dar con “un funcionario policial que estaría implicado”, pero esa vez, no lograron capturarlo.
Sin embargo, las investigaciones siguieron su curso hasta que finalmente, con el apoyo de la Policía de Crimen Organizado de la capital del país, previo a una paciente investigación que ameritó incluso la habilitación de escuchas telefónicas por parte del juez penal que investigó el caso, obtuvieron elementos de prueba que pasaron a ser contundentes para la causa que pretendían presentar y esta vez planificaron una acción a la que llamaron Operación “Caballo de Troya”.
Esta vez montaron un operativo que aguardaría la pasada de los contrabandistas por los caminos internos y contaban con la idea de tener elementos que ameritaran la detención del funcionario policial. Pero no fue necesario mucho esfuerzo, ya que el mismo venía abriendo la marcha de las tres camionetas y pudo ser detenido ahí mismo.
EN JEFATURA
Si bien el operativo fue en la madrugada del jueves, sobre las 7 de la mañana, cuando los funcionarios policiales que cumplen tareas administrativas y operativas en la Jefatura de Policía llegaban a tomar sus puestos “nos vimos sorprendidos por el despliegue que había en la Plaza de Armas, donde había varios policías armados y equipados como para un procedimiento, muchos de ellos eran de la Guardia Republicana de Montevideo, que tenían varias camionetas con mercadería, que se ve que era contrabando”, contó una funcionaria policial a EL PUEBLO.
“Pero cuando lo vimos a él (al oficial procesado) entrar esposado a la Jefatura no podíamos creer. Porque lo conocemos de muchos años”, narró la funcionaria a este diario.
Una vez en las instalaciones de la jefatura, los funcionarios lo indagaron antes de remitirlo ante el juez penal que tomaría el caso. Y según pudo saber EL PUEBLO el policía detenido negó su implicación en este caso durante varias horas. Hasta que le hicieron escuchar las interceptaciones telefónicas y le señalaron varios elementos que lo involucraban directamente en este caso, por lo que el oficial confesó haber “protegido” a los contrabandistas para que ingresaran la mercadería ilegalmente al país a cambio de una suma de dinero.
Tras esto fue llevado al juzgado y allí tuvo que regresar al día siguiente para escuchar el veredicto del juez en base a la solicitud de la fiscalía, donde se le procesó con prisión por el delito de Cohecho Calificado y de Receptación.
Ahora cumple la pena en la sede de Narcóticos en las inmediaciones de Salto Grande, ya que la Seccional Segunda está repleta los fines de semana, porque cuenta con 18 personas que deben cumplir medidas alternativas durante esas horas. Aunque fuentes policiales transmitieron a este diario que es “inminente” su traslado a una cárcel del sur del país.
EL DELITO
El artículo 158 del Código Penal establece que el Cohecho calificado se da cuando “el funcionario público que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo, o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa, será castigado con seis a 24 meses de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años”.
Al tiempo que el delito de receptación estipulado en el artículo 350 bis del Código Penal, señala que  “el que, después de haberse cometido un delito, sin concierto previo a su ejecución, con los autores, coautores o cómplices, con provecho para sí o para un tercero, adquiera, reciba u oculte dinero o efectos provenientes de un delito, o de cualquier manera interviniere en su adquisición, recepción u ocultamiento, será castigado con pena de seis meses de prisión a diez años de penitenciaría”.

El oficial de policía que fue procesado con prisión en las últimas horas por estar implicado en sendos casos de cohecho calificado y de receptación, en  principio fue alojado en las dependencias de la Brigada de Narcóticos que pertenece al Ministerio del Interior y que para la región norte tiene sus instalaciones en la zona de la represa de Salto Grande.

Es que por razones de seguridad y por una política de las autoridades de los centros de reclusión, el funcionario no puede ser alojado con los presos comunes y en ese aspecto tiene que cumplir la pena en un centro aparte, por lo que según informaron las fuentes policiales a EL PUEBLO el sujeto fue trasladado al sur del país en la madrugada anterior, a un establecimiento penal de máxima seguridad en donde hay un pabellón exclusivamente para funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas que cometen delitos.

El funcionario procesado había ingresado a la Policía y estando en funciones realizó la Escuela Nacional de Policía para egresar como Oficial. Tras unos 16 años de carrera funcional el ahora Oficial Principal estaba cumpliendo funciones como Encargado de la Seccional Decimoprimera, luego de un pasaje por la Dirección de Investigaciones y las Seccionales Segunda, Primera y Tercera.

INVESTIGADO

Pero ocurrió que cumpliendo funciones como encargado comenzaron a registrarse algunos episodios sospechosos. Había realizado dos procedimientos donde logró “capturar” camionetas con contrabando “pero sin ocupantes por dos veces, eso ya levanta cierta suspicacia dentro de la propia interna policial que ameritó que comenzara una investigación paralela al caso de contrabando”,  adujeron a EL PUEBLO fuentes policiales que fueron consultadas al respecto.

Aunque asímismo, los informantes dijeron que hubo “una llamada a Asuntos Internos del Ministerio del Interior denunciando los casos de contrabando que se venían dando en la mencionada seccional policial y que dejaban en evidencia que algo estaba ocurriendo”, dijo  la fuente consultada que señaló que “nunca había personas detenidas cada vez que se llevaban a cabo estos procedimientos”.

Cuando meses atrás, efectivos del ATA, la policía del grupo de choque de la jefatura local, realizó un procedimiento en la zona, donde un contingente de efectivos armados a la guerra pudo capturar tres camionetas que traían contrabando, los informantes señalaron que el mismo tenía como objetivo dar con “un funcionario policial que estaría implicado”, pero esa vez, no lograron capturarlo.

Sin embargo, las investigaciones siguieron su curso hasta que finalmente, con el apoyo de la Policía de Crimen Organizado de la capital del país, previo a una paciente investigación que ameritó incluso la habilitación de escuchas telefónicas por parte del juez penal que investigó el caso, obtuvieron elementos de prueba que pasaron a ser contundentes para la causa que pretendían presentar y esta vez planificaron una acción a la que llamaron Operación “Caballo de Troya”.

Esta vez montaron un operativo que aguardaría la pasada de los contrabandistas por los caminos internos y contaban con la idea de tener elementos que ameritaran la detención del funcionario policial. Pero no fue necesario mucho esfuerzo, ya que el mismo venía abriendo la marcha de las tres camionetas y pudo ser detenido ahí mismo.

EN JEFATURA

Si bien el operativo fue en la madrugada del jueves, sobre las 7 de la mañana, cuando los funcionarios policiales que cumplen tareas administrativas y operativas en la Jefatura de Policía llegaban a tomar sus puestos “nos vimos sorprendidos por el despliegue que había en la Plaza de Armas, donde había varios policías armados y equipados como para un procedimiento, muchos de ellos eran de la Guardia Republicana de Montevideo, que tenían varias camionetas con mercadería, que se ve que era contrabando”, contó una funcionaria policial a EL PUEBLO.

“Pero cuando lo vimos a él (al oficial procesado) entrar esposado a la Jefatura no podíamos creer. Porque lo conocemos de muchos años”, narró la funcionaria a este diario.

Una vez en las instalaciones de la jefatura, los funcionarios lo indagaron antes de remitirlo ante el juez penal que tomaría el caso. Y según pudo saber EL PUEBLO el policía detenido negó su implicación en este caso durante varias horas. Hasta que le hicieron escuchar las interceptaciones telefónicas y le señalaron varios elementos que lo involucraban directamente en este caso, por lo que el oficial confesó haber “protegido” a los contrabandistas para que ingresaran la mercadería ilegalmente al país a cambio de una suma de dinero.

Tras esto fue llevado al juzgado y allí tuvo que regresar al día siguiente para escuchar el veredicto del juez en base a la solicitud de la fiscalía, donde se le procesó con prisión por el delito de Cohecho Calificado y de Receptación.

Ahora cumple la pena en la sede de Narcóticos en las inmediaciones de Salto Grande, ya que la Seccional Segunda está repleta los fines de semana, porque cuenta con 18 personas que deben cumplir medidas alternativas durante esas horas. Aunque fuentes policiales transmitieron a este diario que es “inminente” su traslado a una cárcel del sur del país.

EL DELITO

El artículo 158 del Código Penal establece que el Cohecho calificado se da cuando “el funcionario público que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo, o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa, será castigado con seis a 24 meses de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años”.

Al tiempo que el delito de receptación estipulado en el artículo 350 bis del Código Penal, señala que  “el que, después de haberse cometido un delito, sin concierto previo a su ejecución, con los autores, coautores o cómplices, con provecho para sí o para un tercero, adquiera, reciba u oculte dinero o efectos provenientes de un delito, o de cualquier manera interviniere en su adquisición, recepción u ocultamiento, será castigado con pena de seis meses de prisión a diez años de penitenciaría”.