Jueza procesó sin prisión a los siete detenidos por asonada a la Suprema Corte

Los abogados de los procesados evalúan apelar el fallo.
La jueza Gabriela Merialdo procesó sin prisión a los siete activistas radicales por un delito de “asonada” debido al atentado contra la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero.
Esta mañana la jueza dio la orden de detener a la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, al extupamaro Jorge Zabalza y a la dirigente de Fenapes, Patricia Borda, para comunicarles si los procesaba como solicitó el fiscal Gustavo Zubía.
Zubía había pedido prisión para los tres activistas y procesamientos sin prisión para otros cuatro, por cometer, según expresa en la requisitoria, un “atentado con agravantes” contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15 de febrero, durante el acto de traslado de un juzgado penal a uno civil de la jueza Mariana Mota.
Sin embargo, Merialdo cambió la carátula por “asonada”. Este delito es el que cometen los que se reúnan en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión público o una celebración.
Se castiga con pena de tres a nueve meses de prisión por lo que es excarcelable.
El pedido de procesamiento incluía a Leites, al extupamaro Jorge Zabalza, el expreso político Álvaro Jaume y a Patricia Borda, integrante de Fenapes, el gremio de los profesores de Secundaria. Además, pidió el procesamiento sin prisión para Aníbal Varela, sindicalista de Adeom el gremio de los municipales, y para Diego y Eduardo Jaume, hijos de Álvaro.
Según el artículo 171 del Código Penal comete ese delito quien usando violencia o amenaza contra un funcionario público pretende impedir al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio. La pena va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría y se ve agravada si la ejercen más de tres personas, o si la violencia se ejecuta contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo judicial, como fue en este caso, ya que repudiaron a los ministros de la Suprema Corte. De hecho, los magistrados de la corporación presentaron la denuncia penal ese día.
Leites había declarado que si la jueza le imponía prisión domiciliaria no acataría esa medida de privación de libertad.

Los abogados de los procesados evalúan apelar el fallo.

La jueza Gabriela Merialdo procesó sin prisión a los siete activistas radicales por un delito de “asonada” debido al atentado contra la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero.

Esta mañana la jueza dio la orden de detener a la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, al extupamaro Jorge Zabalza y a la dirigente de Fenapes, Patricia Borda, para comunicarles si los procesaba como solicitó el fiscal Gustavo Zubía.

Zubía había pedido prisión para los tres activistas y procesamientos sin prisión para otros cuatro, por cometer, según expresa en la requisitoria, un “atentado con agravantes” contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15 de febrero, durante el acto de traslado de un juzgado penal a uno civil de la jueza Mariana Mota.

Sin embargo, Merialdo cambió la carátula por “asonada”. Este delito es el que cometen los que se reúnan en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión público o una celebración.

Se castiga con pena de tres a nueve meses de prisión por lo que es excarcelable.

El pedido de procesamiento incluía a Leites, al extupamaro Jorge Zabalza, el expreso político Álvaro Jaume y a Patricia Borda, integrante de Fenapes, el gremio de los profesores de Secundaria. Además, pidió el procesamiento sin prisión para Aníbal Varela, sindicalista de Adeom el gremio de los municipales, y para Diego y Eduardo Jaume, hijos de Álvaro.

Según el artículo 171 del Código Penal comete ese delito quien usando violencia o amenaza contra un funcionario público pretende impedir al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio. La pena va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría y se ve agravada si la ejercen más de tres personas, o si la violencia se ejecuta contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo judicial, como fue en este caso, ya que repudiaron a los ministros de la Suprema Corte. De hecho, los magistrados de la corporación presentaron la denuncia penal ese día.

Leites había declarado que si la jueza le imponía prisión domiciliaria no acataría esa medida de privación de libertad.