Mujer detenida y remitida hoy al juez, tras allanamiento a dos geriátricos que operaban en condiciones “lamentables”

Mujer detenida y remitida hoy al juez, tras allanamiento a dos geriátricos que operaban en condiciones “lamentables”
Hace algunas semanas atrás, un hombre llegó hasta EL PUEBLO y comentó que su madre, de alrededor de 60 años de edad, estaba postrada en el Hospital y que había “quedado en estado vegetal”. Dijo que la misma estaba internada, pero que los médicos le pidieron “que se la llevara, porque allí no había nada más que hacerle y que no podían tenerla internada”.
El hombre hizo gestiones para ver dónde podía llevar a su madre, la que no puede valerse por sí mismo y así una médica le dijo que conocía una casa de cuidados de adultos, en las inmediaciones del barrio Santa Rosa, que era barato.
Desesperado, este hijo preocupado concurrió al lugar y al ver la situación en la que se encontraban los abuelos, volvió al Hospital para ponerla en conocimiento de la situación a quien se lo había recomendado. La profesional le pidió disculpas y le dijo que no sabía que la situación era tan compleja, e invitada por éste a que concurriera, la mujer fue hasta el lugar y comprobó ella misma la lamentable situación por la que estaban atravesando los adultos mayores que habitaban en ese lugar.
El hombre vino a EL PUEBLO varios días después de haber presenciado esta situación y contó lo que le estaba sucediendo, sobre todo por la penosa situación que atraviesa su madre y el hecho que desde el Hospital le pidieran que abandonara la cama que ocupaba, sin tener los recursos suficientes como para poder rentar un lugar en un geriátrico privado.
Pero el hecho es que ayer, la Justicia allanó justamente el mismo establecimiento que había sido denunciado por esta persona en este diario. La actuación fue de oficio y trabajaron coordinadamente con la Policía que hasta no encontrarse con el juez penal de 2º turno, Ismael Falco, no sabían hacia donde se dirigían.
Hay una mujer detenida por estar presuntamente implicada en el manejo de las casas que se vendían como residencias para personas de la tercera edad, la que deberá concurrir esta mañana ante el juez penal que lleva adelante la investigación, para dar a conocer la situación que fue corroborada in situ por el propio juez.
DOS ALLANAMIENTOS
La mañana de ayer estaba tranquila, el calor reinante y el inicio de las clases generan un movimiento que por el momento no se vuelve intenso, algo que sí se espera para las próximas semanas.
De repente en las afueras de la sede de los juzgados penales de la calle Artigas 1080, se agolparon dos unidades del grupo de choque y Radio Patrulla con más de una decena de efectivos, a los que se les sumaron los funcionarios de la Policía Científica en una camioneta Hyundai  H1 de color blanca, que accedió a trasladar al propio juez, a la fiscal letrado departamental de 1º turno, María Auxiliadora Cosse, que según pudo saber EL PUEBLO era la denunciante y un grupo de funcionarios judiciales que acompañaron el procedimiento.
La caravana se dirigió raudamente hasta una casa de la Zona Este. Allí llegaron pasadas las 10 de la mañana, golpearon la puerta y el juez se apersonó exigiendo ingresar a la vivienda.
La finalidad de la justicia, que actuó con total hermetismo, al punto que fuentes policiales consultadas por EL PUEBLO señalaron que se enteraron de su destino cuando el juez se subió a la camioneta y les ordenó a donde dirigirse, era comprobar supuestas irregularidades que fueron denunciadas y que al final, durante los allanamiento habrían sido en principio constatadas, en cuanto a las condiciones de salud de los adultos mayores allí internados.
En el procedimiento, una docena de policías conformó un cordón alrededor de la vivienda mientras estaba siendo inspeccionada por el juez Falco, la fiscal Cosse, los funcionarios judiciales y de la Policía Técnica, por lo cual  no permitieron la salida de ninguno de los ocupantes de la finca.
En total había cuatro móviles policiales con funcionarios del Agrupamiento Táctico de Apoyo, según publicó ayer el diario El País, solamente el encargado del operativo policial estaba al tanto y comenzó a darle instrucciones a los demás efectivos a medida que iban llegando al primer geriátrico.
El Juez Penal permaneció en el interior de la vivienda por más de 30 minutos y al retirarse dejó custodia policial en ese lugar, para continuar con otro procedimiento en una chacra cerca de la actual planta potabilizadora de OSE, donde también se realizó un allanamiento en una casa que operaba de la misma manera, aunque según dijo ayer la Policía a este diario, las condiciones eran peor aún, ya que en el lugar no había agua potable ni luz eléctrica.
Las actuaciones allí duraron casi lo mismo que en el primer lugar y tras esto el magistrado actuante regresó a la residencia de la calle Silvestre Blanco, donde los funcionarios se encontraban trabajando. En todo momento estuvo presente la fiscal denunciante y el médico forense, constatando el estado de salud de los habitantes de la finca.
Según publica El País ayer en su versión digital, testimonio que fue corroborado por EL PUEBLO uno de los efectivos que participó de los allanamientos comentó que “en la vivienda de la chacra no tienen agua ni luz eléctrica, es deplorable lo que vimos en su interior”.
Las actuaciones terminaron ayer sobre las cinco de la tarde en el juzgado letrado de 2º turno, donde se tomaron declaraciones y se adjuntaron elementos probatorios sobre el estado de salud de las personas y las condiciones de vida a las que eran sometidas estas personas, con ribetes de irregularidades. Al terminar las actuaciones trascendió que el magistrado actuante está interviniendo a solicitud de la representante del Ministerio Público, María Auxiliadora Cosse, quien recibió denuncias sobre las condiciones de vulnerabilidad en que vivirían algunos adultos mayores, residentes de estas casas de alojamientos para adultos mayores y patologías psiquiátricas. Tras esto, la justicia detuvo a una mujer mayor de edad, la que tendría vinculación con alguna de las casas que prestaban este servicio. La misma será remitida esta mañana al juzgado penal de turno.

Hace algunas semanas atrás, un hombre llegó hasta EL PUEBLO y comentó que su madre, de alrededor de 60 años de edad, estaba postrada en el Hospital y que había “quedado en estado vegetal”. Dijo que la misma estaba internada, pero que los médicos le pidieron “que se la llevara, porque allí no había nada más que hacerle y que no podían tenerla internada”.

El hombre hizo gestiones para ver dónde podía llevar a su madre, la que no puede valerse por sí mismo y así una médica le dijo que conocía una casa de cuidados de adultos, en las inmediaciones del barrio Santa Rosa, que era barato.

Desesperado, este hijo preocupado concurrió al lugar y al ver la situación en la que se encontraban los abuelos, volvió al Hospital para ponerla en conocimiento de la situación a quien se lo había recomendado. La profesional le pidió disculpas y le dijo que no sabía que la situación era tan compleja, e invitada por éste a que concurriera, la mujer fue hasta el lugar y comprobó ella misma la lamentable situación por la que estaban atravesando los adultos mayores que habitaban en ese lugar.

El hombre vino a EL PUEBLO varios días después de haber presenciado esta situación y contó lo que le estaba sucediendo, sobre todo por la penosa situación que atraviesa su madre y el hecho que desde el Hospital le pidieran que abandonara la cama que ocupaba, sin tener los recursos suficientes como para poder rentar un lugar en un geriátrico privado.

Pero el hecho es que ayer, la Justicia allanó justamente el mismo establecimiento que había sido denunciado por esta persona en este diario. La actuación fue de oficio y trabajaron coordinadamente con la Policía que hasta no encontrarse con el juez penal de 2º turno, Ismael Falco, no sabían hacia donde se dirigían.

Hay una mujer detenida por estar presuntamente implicada en el manejo de las casas que se vendían como residencias para personas de la tercera edad, la que deberá concurrir esta mañana ante el juez penal que lleva adelante la investigación, para dar a conocer la situación que fue corroborada in situ por el propio juez.

DOS ALLANAMIENTOS

La mañana de ayer estaba tranquila, el calor reinante y el inicio de las clases generan un movimiento que por el momento no se vuelve intenso, algo que sí se espera para las próximas semanas.

De repente en las afueras de la sede de los juzgados penales de la calle Artigas 1080, se agolparon dos unidades del grupo de choque y Radio Patrulla con más de una decena de efectivos, a los que se les sumaron los funcionarios de la Policía Científica en una camioneta Hyundai  H1 de color blanca, que accedió a trasladar al propio juez, a la fiscal letrado departamental de 1º turno, María Auxiliadora Cosse, que según pudo saber EL PUEBLO era la denunciante y un grupo de funcionarios judiciales que acompañaron el procedimiento.

La caravana se dirigió raudamente hasta una casa de la Zona Este. Allí llegaron pasadas las 10 de la mañana, golpearon la puerta y el juez se apersonó exigiendo ingresar a la vivienda.

La finalidad de la justicia, que actuó con total hermetismo, al punto que fuentes policiales consultadas por EL PUEBLO señalaron que se enteraron de su destino cuando el juez se subió a la camioneta y les ordenó a donde dirigirse, era comprobar supuestas irregularidades que fueron denunciadas y que al final, durante los allanamiento habrían sido en principio constatadas, en cuanto a las condiciones de salud de los adultos mayores allí internados.

En el procedimiento, una docena de policías conformó un cordón alrededor de la vivienda mientras estaba siendo inspeccionada por el juez Falco, la fiscal Cosse, los funcionarios judiciales y de la Policía Técnica, por lo cual  no permitieron la salida de ninguno de los ocupantes de la finca.

En total había cuatro móviles policiales con funcionarios del Agrupamiento Táctico de Apoyo, según publicó ayer el diario El País, solamente el encargado del operativo policial estaba al tanto y comenzó a darle instrucciones a los demás efectivos a medida que iban llegando al primer geriátrico.

El Juez Penal permaneció en el interior de la vivienda por más de 30 minutos y al retirarse dejó custodia policial en ese lugar, para continuar con otro procedimiento en una chacra cerca de la actual planta potabilizadora de OSE, donde también se realizó un allanamiento en una casa que operaba de la misma manera, aunque según dijo ayer la Policía a este diario, las condiciones eran peor aún, ya que en el lugar no había agua potable ni luz eléctrica.

Las actuaciones allí duraron casi lo mismo que en el primer lugar y tras esto el magistrado actuante regresó a la residencia de la calle Silvestre Blanco, donde los funcionarios se encontraban trabajando. En todo momento estuvo presente la fiscal denunciante y el médico forense, constatando el estado de salud de los habitantes de la finca.

Según publica El País ayer en su versión digital, testimonio que fue corroborado por EL PUEBLO uno de los efectivos que participó de los allanamientos comentó que “en la vivienda de la chacra no tienen agua ni luz eléctrica, es deplorable lo que vimos en su interior”.

Las actuaciones terminaron ayer sobre las cinco de la tarde en el juzgado letrado de 2º turno, donde se tomaron declaraciones y se adjuntaron elementos probatorios sobre el estado de salud de las personas y las condiciones de vida a las que eran sometidas estas personas, con ribetes de irregularidades. Al terminar las actuaciones trascendió que el magistrado actuante está interviniendo a solicitud de la representante del Ministerio Público, María Auxiliadora Cosse, quien recibió denuncias sobre las condiciones de vulnerabilidad en que vivirían algunos adultos mayores, residentes de estas casas de alojamientos para adultos mayores y patologías psiquiátricas. Tras esto, la justicia detuvo a una mujer mayor de edad, la que tendría vinculación con alguna de las casas que prestaban este servicio. La misma será remitida esta mañana al juzgado penal de turno.