Vocero de la Suprema Corte de Justicia explicó la situación que se plantea a la Justicia en relación a los abigeatos

Vocero de la Suprema Corte de Justicia explicó la situación  que se plantea a la Justicia en relación a los abigeatos
En los últimos tiempos la inseguridad ha llegado también al medio rural, cosa que difícilmente sucedía antes. Ha habido algunos copamientos en algunos establecimientos, algunos hechos que ocuparon también una parte importante de la agenda informativa, lamentablemente.
El tema del abigeato desde hace bastante tiempo genera preocupación. Durante algunos años se asoció el tema del abigeato a un tema social, a la necesidad de la gente de algunos lugares de carnear una oveja, un capón. Estaba asumido como parte de la pérdida, pero en estos últimos tiempos hubo un cambio importante y desde el propio Ministerio del Interior se reconoce que existen organizaciones dedicadas a llevar adelante este delito. ¿Cómo ve la Justicia este tema?, preguntó Martín Olaverry  a Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia.
PRECUPACIÓN
DE LA SCJ
“Antes que nada, queremos señalar que, efectivamente, la preocupación en relación a estos delitos que se cometen especialmente en el interior del país, llegó a oídos de la Suprema Corte de Justicia y, de alguna forma, cuando los ministros tienen oportunidad, manifiestan que esto es preocupante.
El problema que hay con el Poder Judicial es que, a diferencia de otras instituciones u otros organismos, en el Poder Judicial no hay una política general aplicable a determinada problemática, en el sentido de que cada uno de los jueces es el Poder Judicial en el lugar donde está residiendo o en el lugar donde está aplicando la ley.
Ustedes saben que en nuestro país tenemos aproximadamente 500 jueces dispersos en todo el país y que además son jueces de distinta categoría. La categoría inferior es juez de paz rural. Hay jueces de paz en las pequeñas ciudades del interior, jueces de paz departamentales en las ciudades capitales de los departamentos, y jueces letrados en los distintos departamentos del país y aquí en Montevideo. Pero cada juez es el Poder Judicial en el lugar donde ejerce su función. Por lo tanto, en ese concepto que nosotros llamamos independencia, la independencia del Poder Judicial y de cada juez en particular para poder realizar su labor, nadie puede dictar a nivel nacional una normativa o un marco de regulación que diga vamos a actuar de este o de aquel modo.
LOS MARCOS
REFERENCIALES SON LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY
¿Por qué? Porque en realidad, el marco de actuación del juez siempre es la ley. El juez, en base a su conciencia y a la formación que ha recibido para hacer su trabajo, se enmarca o enmarca sus funciones en la Constitución y en la ley, y solo esos son sus marcos referenciales. Por lo tanto, no hay forma de que el organismo Suprema Corte de Justicia, que es el organismo cabeza del Poder Judicial, pueda decirle a los jueces qué hacer ante determinada problemática. Por lo tanto, decía que es una problemática compleja de abordar para el Poder Judicial, y siempre sugerimos, cuando se nos manifiestan este tipo de problemas, que lo mejor es tomar contacto con cada juez en la zona en la cual se producen los problemas. Si hay inconvenientes en relación –por ejemplo- a la persecución o a la prevención de este tipo de delito como puede ser el abigeato, lo conveniente es, en el lugar donde estamos  hablando, donde operan las fuerzas policiales que son las encargadas de guardar el orden y en definitiva  hacer las tareas de prevención y disuasión que correspondan en esa zona, y de la Justicia, que es la encargada de garantizar que los derechos individuales se respeten siempre a pesar de que esas operativas sean necesarias”.
RESPETO A LA LEY
¿Les faltan elementos a los jueces, les falta un marco legal para ponerle un freno al tema del abigeato? Porque la sensación que uno percibe -incluso aquí, desde la radio conversamos en muchos casos con productores-, es que en muchos casos la policía actúa, encuentra a quienes están llevando adelante el delito de abigeato, van a la Justicia, entran por una puerta y salen por otra.
“Por esa razón le decía lo complejo que es este tema.
El Poder Judicial no tiene otra opción que respetar la ley. Muchas veces, cuando reclamamos este tipo de cosas, especialmente en el tema de seguridad, abigeato, o de otro tipo de temas que tienen que ver con vulneraciones hacia los derechos individuales, muchas veces, cuando uno reclama olvida que el Poder Judicial tiene que actuar siempre respetando las garantías de todos los ciudadanos.
Entonces, es muy difícil que nosotros podamos dar una respuesta rápida y simple a estas cosas, no porque el Poder Judicial carezca de las herramientas sino por la propia obligación del Poder Judicial de respetar esas garantías.
DE LA OVEJA A
LOS GRANDES DELITOS
Pongamos el caso más simple: muchas veces ocurre que estos delitos, que en general son de pequeña monta, más allá de que hay muchas veces en que los abigeatos resultan delitos de grandes proporciones, pero en general es el individuo que carnea alguna oveja…
Claro, pero hoy una oveja tiene un costo de 100 dólares, y si usted multiplica 100 por 10, 15 o 20, es otra cantidad.
“Es un delito, por lo tanto, tiene que ser perseguido por la ley y por lógica por las instituciones que aplican la ley: perseguido por la fiscalía, porque los fiscales son los que representan el interés de toda la comunidad en los juicios penales y, por lo tanto, tienen lo que se llama acción penal y son los que le piden al juez en sus dictámenes que se proceda contra determinada persona responsable, y el juez, que es el garante de todos los derechos. Entonces, para que el juez pueda actuar,  las pruebas –el tema de la prueba es fundamental en este tipo de cosas- tienen que apuntar directamente al responsable y esas pruebas tiene que ser objetivas. No puede haber un procesamiento o un procedimiento judicial simplemente por la sospecha o por la convicción que pueda tener el juez de que quien tiene ante él es el responsable del delito, siempre es necesario el tema probatorio. Y muchas veces, en estos pequeños delitos y especialmente cuando ocurren en el interior, zonas despobladas, en el campo, etc., los factores probatorios son de muy difícil logro. Por  lo tanto, en muchas ocasiones los jueces terminan liberando gente que había sido detenida por la policía no por un capricho sino por una razón de peso probatorio.
Si ese peso probatorio no se da en relación a imputarle a una persona el delito, los jueces, en respeto a las garantías de la Constitución y la ley, no tienen más opción que dejarlos libres. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo, en eso consiste la labor del juez: asegurarse de que los derechos y garantías de todas las personas se respeten siempre. Eso eventualmente puede no dar lugar a colmar las expectativas de la gente que pretende reacciones rápidas, reacciones sumarias y reacciones eficientes en ese momento. Pero de todos modos, los jueces no pueden necesariamente responder solamente a ese reclamo popular y olvidarse que hay una ley que tenemos que respetar, porque en realidad las leyes son las que regulan la convivencia de todos nosotros.
UN TEMA COMPLEJO
Esta complejidad de cosas que estoy diciendo es básicamente la complejidad del problema en este particular del abigeato o en muchos problemas de la seguridad que existen a nivel de actuación del Poder Judicial”.
Quiere decir que pesa esa imagen que se tiene de pequeño delito, que se sigue asociando a un tema social el hecho del abigeato y que, en muchos casos, en el damnificado genera una gran impotencia, porque si usted tiene 25 o 30 ovejas y le carnean cinco, quizás desde un punto de vista puede ser poco, pero viéndolo en relación de la cantidad de lo que tiene es mucho.
“Ahí estamos hablando de una visión sociológica, que no es exactamente coincidente con la visión jurídica. En la visión jurídica es muy clara la existencia de conductas que son penadas por el Código Penal como delitos. Por lo tanto, en la medida que existe una conducta penada por el Código Penal como delito, tiene que ser perseguida y eventualmente sancionada”

En los últimos tiempos la inseguridad ha llegado también al medio rural, cosa que difícilmente sucedía antes. Ha habido algunos copamientos en algunos establecimientos, algunos hechos que ocuparon también una parte importante de la agenda informativa, lamentablemente.

El tema del abigeato desde hace bastante tiempo genera preocupación. Durante algunos años se asoció el tema del abigeato a un tema social, a la necesidad de la gente de algunos lugares de carnear una oveja, un capón. Estaba asumido como parte de la pérdida, pero en estos últimos tiempos hubo un cambio importante y desde el propio Ministerio del Interior se reconoce que existen organizaciones dedicadas a llevar adelante este delito. ¿Cómo ve la Justicia este tema?, preguntó Martín Olaverry  a Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia.

PRECUPACIÓN

DE LA SCJ

“Antes que nada, queremos señalar que, efectivamente, la preocupación en relación a estos delitos que se cometen especialmente en el interior del país, llegó a oídos de la Suprema Corte de Justicia y, de alguna forma, cuando los ministros tienen oportunidad, manifiestan que esto es preocupante.

El problema que hay con el Poder Judicial es que, a diferencia de otras instituciones u otros organismos, en el Poder Judicial no hay una política general aplicable a determinada problemática, en el sentido de que cada uno de los jueces es el Poder Judicial en el lugar donde está residiendo o en el lugar donde está aplicando la ley.

Ustedes saben que en nuestro país tenemos aproximadamente 500 jueces dispersos en todo el país y que además son jueces de distinta categoría. La categoría inferior es juez de paz rural. Hay jueces de paz en las pequeñas ciudades del interior, jueces de paz departamentales en las ciudades capitales de los departamentos, y jueces letrados en los distintos departamentos del país y aquí en Montevideo. Pero cada juez es el Poder Judicial en el lugar donde ejerce su función. Por lo tanto, en ese concepto que nosotros llamamos independencia, la independencia del Poder Judicial y de cada juez en particular para poder realizar su labor, nadie puede dictar a nivel nacional una normativa o un marco de regulación que diga vamos a actuar de este o de aquel modo.

LOS MARCOS

REFERENCIALES SON LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY

¿Por qué? Porque en realidad, el marco de actuación del juez siempre es la ley. El juez, en base a su conciencia y a la formación que ha recibido para hacer su trabajo, se enmarca o enmarca sus funciones en la Constitución y en la ley, y solo esos son sus marcos referenciales. Por lo tanto, no hay forma de que el organismo Suprema Corte de Justicia, que es el organismo cabeza del Poder Judicial, pueda decirle a los jueces qué hacer ante determinada problemática. Por lo tanto, decía que es una problemática compleja de abordar para el Poder Judicial, y siempre sugerimos, cuando se nos manifiestan este tipo de problemas, que lo mejor es tomar contacto con cada juez en la zona en la cual se producen los problemas. Si hay inconvenientes en relación –por ejemplo- a la persecución o a la prevención de este tipo de delito como puede ser el abigeato, lo conveniente es, en el lugar donde estamos  hablando, donde operan las fuerzas policiales que son las encargadas de guardar el orden y en definitiva  hacer las tareas de prevención y disuasión que correspondan en esa zona, y de la Justicia, que es la encargada de garantizar que los derechos individuales se respeten siempre a pesar de que esas operativas sean necesarias”.

RESPETO A LA LEY

¿Les faltan elementos a los jueces, les falta un marco legal para ponerle un freno al tema del abigeato? Porque la sensación que uno percibe -incluso aquí, desde la radio conversamos en muchos casos con productores-, es que en muchos casos la policía actúa, encuentra a quienes están llevando adelante el delito de abigeato, van a la Justicia, entran por una puerta y salen por otra.

“Por esa razón le decía lo complejo que es este tema.

El Poder Judicial no tiene otra opción que respetar la ley. Muchas veces, cuando reclamamos este tipo de cosas, especialmente en el tema de seguridad, abigeato, o de otro tipo de temas que tienen que ver con vulneraciones hacia los derechos individuales, muchas veces, cuando uno reclama olvida que el Poder Judicial tiene que actuar siempre respetando las garantías de todos los ciudadanos.

Entonces, es muy difícil que nosotros podamos dar una respuesta rápida y simple a estas cosas, no porque el Poder Judicial carezca de las herramientas sino por la propia obligación del Poder Judicial de respetar esas garantías.

DE LA OVEJA A

LOS GRANDES DELITOS

Pongamos el caso más simple: muchas veces ocurre que estos delitos, que en general son de pequeña monta, más allá de que hay muchas veces en que los abigeatos resultan delitos de grandes proporciones, pero en general es el individuo que carnea alguna oveja…

Claro, pero hoy una oveja tiene un costo de 100 dólares, y si usted multiplica 100 por 10, 15 o 20, es otra cantidad.

“Es un delito, por lo tanto, tiene que ser perseguido por la ley y por lógica por las instituciones que aplican la ley: perseguido por la fiscalía, porque los fiscales son los que representan el interés de toda la comunidad en los juicios penales y, por lo tanto, tienen lo que se llama acción penal y son los que le piden al juez en sus dictámenes que se proceda contra determinada persona responsable, y el juez, que es el garante de todos los derechos. Entonces, para que el juez pueda actuar,  las pruebas –el tema de la prueba es fundamental en este tipo de cosas- tienen que apuntar directamente al responsable y esas pruebas tiene que ser objetivas. No puede haber un procesamiento o un procedimiento judicial simplemente por la sospecha o por la convicción que pueda tener el juez de que quien tiene ante él es el responsable del delito, siempre es necesario el tema probatorio. Y muchas veces, en estos pequeños delitos y especialmente cuando ocurren en el interior, zonas despobladas, en el campo, etc., los factores probatorios son de muy difícil logro. Por  lo tanto, en muchas ocasiones los jueces terminan liberando gente que había sido detenida por la policía no por un capricho sino por una razón de peso probatorio.

Si ese peso probatorio no se da en relación a imputarle a una persona el delito, los jueces, en respeto a las garantías de la Constitución y la ley, no tienen más opción que dejarlos libres. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo, en eso consiste la labor del juez: asegurarse de que los derechos y garantías de todas las personas se respeten siempre. Eso eventualmente puede no dar lugar a colmar las expectativas de la gente que pretende reacciones rápidas, reacciones sumarias y reacciones eficientes en ese momento. Pero de todos modos, los jueces no pueden necesariamente responder solamente a ese reclamo popular y olvidarse que hay una ley que tenemos que respetar, porque en realidad las leyes son las que regulan la convivencia de todos nosotros.

UN TEMA COMPLEJO

Esta complejidad de cosas que estoy diciendo es básicamente la complejidad del problema en este particular del abigeato o en muchos problemas de la seguridad que existen a nivel de actuación del Poder Judicial”.

Quiere decir que pesa esa imagen que se tiene de pequeño delito, que se sigue asociando a un tema social el hecho del abigeato y que, en muchos casos, en el damnificado genera una gran impotencia, porque si usted tiene 25 o 30 ovejas y le carnean cinco, quizás desde un punto de vista puede ser poco, pero viéndolo en relación de la cantidad de lo que tiene es mucho.

“Ahí estamos hablando de una visión sociológica, que no es exactamente coincidente con la visión jurídica. En la visión jurídica es muy clara la existencia de conductas que son penadas por el Código Penal como delitos. Por lo tanto, en la medida que existe una conducta penada por el Código Penal como delito, tiene que ser perseguida y eventualmente sancionada”