«Sutileza jurídica» dejaría sin efecto Ley de Caducidad

Después de muchas idas y vueltas, ayer el oficialismo dio el primer paso para dejar sin efecto la Ley de Caducidad.

La bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que establece que los artículos de aquella norma son violatorios de la Constitución y que por lo tanto deben ser considerados «inaplicables».

Se trata de una iniciativa de tres artículos, que ahora comenzará a ser discutida por la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. Este proyecto de ley no va por el camino de la derogación ni por el camino de la anulación, lo que hace es interpretar artículos de la ley comparándolos con la Constitución y con los convenios internacionales que el país ha firmado.

De acuerdo a la propuesta, todos aquellos casos que hayan sido archivados o suspendidos por estar incluidos dentro de la Ley de Caducidad, puedan ser investigados, si así lo solicita el Ministerio Público o el interesado.

“Este proyecto de ley es fruto de un estudio muy profundo y de una sutileza jurídica muy particular”, afirmó en el programa En Perspectiva, el diputado Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay y presidente de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.

“Cuando nosotros nos reunimos en una comisión que formó la Mesa Política del Frente Amplio para analizar la Ley de Caducidad partíamos de base muy distinta, había gente que pedía la nulidad y algunos de nosotros, especialmente los que éramos abogados sosteníamos que ningún Parlamento puede anular ninguna ley”, recordó

“Analizamos exhaustivamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional esta ley. Partimos de una base: cualquier persona que se presente hoy, que tenga un interés directo, personal y legítimo y pida la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado se la van a dar, va a tener un fallo favorable”, recordó Orrico.

“Lo que se hizo fue analizar la inconstitucionalidad que la Ley de Caducidad tiene en aspectos fundamentales. En primer lugar es groseramente inconstitucional porque viola la separación de poderes porque en un Estado democrático, que eso es inherente al sistema republicano, cuando se presenta una acción penal, esa acción penal no puede ser interrumpida porque el juez tiene que ir a consultar al Poder Ejecutivo si puede continuar o no. Eso es una irregularidad tan asombrosamente clara que realmente cuesta admitir cómo se sancionó eso”, explicó el diputado frenteamplista.

“Hoy estamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece con mucha claridad que el Uruguay tiene que remover el obstáculo de esta ley porque el Uruguay está incumpliendo los tratados. Por otra parte, es una ley que viola fragantemente los tratados que la República ha signado sobre derechos humanos”.







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