Que no se cumpla lo que resuelva el soberano y que la decisión tomada sea “superficial” son algunas de las objeciones de constitucionalistas.

El abogado constitucionalista Ruben Correa Freitas señaló que si bien no conoce el proyecto de ley que el gobierno planea enviar al Parlamento para lograr llevar a referéndum consultivo la instalación de la minera Aratirí, éste puede ser correcto desde el punto de vista constitucional. No obstante, advirtió que para “dar garantías a la ciudadanía”, el mismo debe ser vinculante, es decir, que se respete lo que la ciudadanía decida.

 “Si el gobierno consulta, después tiene que cumplir lo que dice la ciudadanía, ¿sino para qué queremos esta herramienta? Termina siendo como “te digo una cosa, te digo la otra””, sostuvo el constitucionalista, ex legislador del Partido Colorado, al tiempo que alertó sobre lo que pasó con la discusión de la Ley de Caducidad.

Correa Freitas contó que cuando el viernes pasado comentó a sus alumnos la idea del gobierno, algunos se lo tomaron de forma jocosa y se preguntaron “para qué vamos a votar”, si ya vimos lo que pasó con la Ley de Caducidad. “Y es que con estos antecedentes, se corre el riesgo de que a futuro la ciudadanía no participe de las consultas populares, dado que pierde el interés”, agregó.

El abogado afirmó también que si el referéndum no es vinculante, entonces, se convierte en una especie de encuesta más. “Para eso que contraten a Luis Eduardo González y ya está”, apuntó.

En tanto, el constitucionalista Martín Risso dijo a El Observador que en primera instancia el proyecto no parece ser inconstitucional, aunque advirtió que no lo conoce.
Más allá de esto señaló que, en cuanto a la oportunidad “puede ser un poco conflictivo”, ya que una vez que el cuerpo electoral se pronuncia, es muy difícil que el gobierno haga algo distinto a lo que resolvió la ciudadanía. De esta manera, adelantó, “se corre el riesgo de que se tome una decisión superficial”.

En ese sentido, Risso comparó el caso de Aratirí al del referéndum sobre la privatización del agua de 2004, para graficar el riesgo de que el cuerpo electoral vaya a votar sin saber lo que está votando.

Correa Freitas no coincidió con esta postura y manifestó que estas instancias constituyen una “dosis de información a favor o en contra” del tema en cuestión para la ciudadanía. En este caso, puso el ejemplo del referéndum sobre la privatización de empresas públicas del año 1992, en el que todas las voces salieron a dar su opinión al respecto.

 Risso manifestó que lo ideal sería que la decisión la tomara el propio gobierno tras un profundo análisis económico, medioambiental y social de la situación.

Por su parte, el senador oficialista Carlos Gamou, integrante de la Comisión de Legislación y Códigos, declaró que conceptualmente apoya los plebiscitos consultivos sólo en casos que el tema sea “importante y sumamente controversial”. Creo que el tema de la minera Aratirí “lo amerita” por su “importancia sustancial”. “Es un proyecto que va a afectar al país para bien o para mal”, señaló.

Consultado por si el referéndum debería tener o no carácter vinculante, Gamou manifestó que no conoce el proyecto, pero que teniendo en cuenta las declaraciones del presidente José Mujica, que dijo que él no quiere decidir sobre el tema, sino que lo hará la ciudadanía, es esperable que así sea.

“Si se consulta a la población y ésta dice que sí, veo difícil que el Parlamento diga que no, o al revés”, expresó.

Productores se ilusionan con referéndum por minera

Creen que hay mas probabilidades de salir favorecidos en caso de que la ciudadanía se exprese.

Federico Cantera, representante de los productores rurales que se oponen al proyecto de Aratirí, aseguró a El Observador que el grupo no tiene información oficial del gobierno, pero creen que el referéndum consultivo puede ser una herramienta válida. “El debate sobre la minería debe ser decisión del pueblo”, expresó Cantera.

En ese sentido, los productores creen que hay más probabilidades de que el pueblo diga que no a la minería, y estiman que es poca la gente que está a favor del proyecto, al apuntar a algunos comerciantes de Cerro Chato y personas que trabajan directamente en la empresa.

Ante la confirmación por parte de la empresa de la ampliación de la inversión a US$ 3.000 millones para extraer 18 millones de toneladas de hierro por año, Cantera dijo que “la empresa enreda las cosas. Siempre dicen cosas distintas, cada vez que hacemos algo inflan los números y con la inversión van a comprar explosivos y maquinaria, no significa que vayan a invertir en universidades”, agregó.

“Cada vez que metemos un golpe grande ellos salen con algo”, apuntó. “Ahora hicieron la fundación Zamin para niños discapacitados. Son todas pantallas” explicó el productor.

En línea con la oposición de esta postura contraria, el domingo hubo otra manifestación en contra de Aratirí en la ciudad de Sauce, departamento de Canelones.

Federico Cantera, representante de los productores rurales que se oponen al proyecto de Aratirí, aseguró a El Observador que el grupo no tiene información oficial del gobierno, pero creen que el referéndum consultivo puede ser una herramienta válida. “El debate sobre la minería debe ser decisión del pueblo”, expresó Cantera.