Luego de muchos años de pelear porque su causa sea vista por un Tribunal español, tras sufrir lo que consideró una “expulsión injusta”, sin contar con un argumento sólido por parte del Gobierno de España que decidió sacarlo del país en cuestión de horas después de más de una década de residencia en la isla de Lanzarote, el salteño José Morales Brum fue habilitado para regresar al país europeo, donde quedó su hija de 6 años, su trabajo y su vida social activa como militante por el medio ambiente.
Ayer, Morales Brum comentó a EL PUEBLO que si bien está vigente la decisión del tribunal español que lo habilita a regresar a ese país, sostiene que la tramitación continúa y que en ese aspecto, la falta de recursos para proseguir con una serie de trámites que son burocráticos y que dependen de la cancillería de ambos países, para poder regresar, son una tranca que este salteño deberá sortear en los próximos tiempos.
Desde su regreso forzado al país, por parte de las fuerzas policiales españolas, las que lo entregaron a las autoridades aeroportuarias uruguayas sin documentación alguna que justifique tal procedimiento, Morales Brum se ha encontrado batallando como ha podido con la finalidad de ganarse el derecho a regresar al país ibérico.
Sin embargo, tras varios meses de investigación en las cortes españolas sobre su caso, una jueza resolvió anular el decreto de expulsión que fue emitido tiempo después que el salteño ya se encontraba de nuevo en nuestro país.
“Lo único que me separa de poder irme de regreso a España, es la falta de dinero para sacar un billete de avión, además del seguimiento de algunos trámites que debo llevar a cabo ante la cancillería uruguaya, los que son muy burocráticos y algo complicados”, dijo ayer a EL PUEBLO, José Morales Brum, quien desde hace un tiempo trabaja en la empresa Citrícola Salteña y ocupa un lugar en el sindicato de trabajadores del sector.
YA ESTÁ
Lo peor ya pasó, sobrevuela en el pensamiento de Morales Brum podrá regresar a España. “Ahora hay que luchar para seguir accionando con la finalidad de conseguir una reparación por todos los daños causados, eso va a demorar un tiempo pero se va a lograr”, dijo.
Por otro lado, señaló que “si yo tuviera para comprarme un billete ahora, volvería en el próximo vuelo. Igual de todas maneras, con todo lo vivido uno se pone un poco ansioso de poder entrar pronto. Pero habrá que ir de acuerdo a como marchen las cosas”.
¿Quién es José Morales?
En una entrevista realizada para nuestra sección semanal Al Dorso, José Morales Brum contó su historia a EL PUEBLO. Emigró de Salto en 1983 hacia Montevideo, pero la vida lo llevó por Buenos Aires, Mendoza, Santiago de Chile y terminó en el año 2002 en España. Donde recaló en la isla de Lanzarote donde pasó todo. “Yo no soy más que un simple trabajador, un idealista tal vez. Metido en esas cosas que son injustas y en las que no puedo estar distante desde la cultura del no te metas y hacé la tuya, desde esos conceptos no puedo abstraerme de la realidad”, dijo.
En base a esa filosofía fue que en todos lados donde “he estado, me he integrado socialmente y por eso en Lanzarote tuve una participación activa a nivel gremial y social defendiendo el derecho de las personas migrantes, de los derechos humanos, de la comunidad uruguaya. Yo soy técnico industrial, siempre trabajé en el área metalúrgica aunque por la crisis en España, trabajé en el área administrativa”.
Estuvo trabajando en forma muy activa desde España por la causa del pueblo saharaui que se ve desplazado por las autoridades de Marruecos. “Estoy abrazado a esa lucha por gente que está pasando muy mal, que atraviesa una situación muy injusta y he sido activo militante, alzando la voz y denunciando lo que a ellos les pasa, siendo un alta voz de su causa. Eso significó que en determinado momento el Gobierno Español me abrió un expediente de expulsión que luego lo archivó a los 6 meses”, contó y dijo que esto ocurrió bajo el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero.
Cuando cambió el gobierno e ingresó el actual Partido Popular conducido por Mariano Rajoy, “modificaron la postura que existía en cuando a las prospecciones petrolíferas en Islas Canarias y adoptaron otorgarle a la empresa Repsol la concesión de esas aguas. Quienes vivíamos allá decidimos protestar por una situación que considerábamos injusta. Además la principal economía de la isla es el turismo y esa decisión es contrapuesta a lo que la sociedad quería porque ponía en riesgo el turismo y sobre todo el agua del cual se alimenta la isla”.
El 10 de febrero del 2012, hubo un cónclave del Partido Popular en Lanzarote y allí participó el Ministro de Medio Ambiente de Islas Canarias, tras la reunión se generó una manifestación a la salida los que exclamaron su desacuerdo con la situación. “Y como sabia que podía ser objeto de algún seguimiento decidí retirarme y estuve muy al margen de todo eso. Al cabo de cinco días de ocurrido el episodio, a siete personas nos llegan actas con multas por presuntas faltas administrativas al alterar el orden público que en mi caso era de 400 Euros y a los otros por 300. Me acusan de haber querido romper el cordón policial, gritarle al ministro, cosa que es falsa porque hay registros de prensa, donde se ve que no sólo no participo de la reacción de la gente, sino que además me retiré del lugar cuando salía esta persona”, contó.
Tras apelar la instancia administrativa, en el mes de abril del 2012 el Gobierno Español le inició un expediente de expulsión y el 21 de mayo, le comunicaron que mantenían la decisión, dándole 60 dias para interponer un recurso de apelación.
El secuestro
Pero dijo que no pasaron 20 días de esta notificación que el Gobierno Español ordenó su secuestro y posterior expulsión del país sin respetar el plazo de 60 días que tenía para apelar la decisión, pero además tampoco se respetó el pedido que hizo mi defensa, y es un secuestro express hecho por el Gobierno Español y amparado por el Gobierno Uruguayo. Esto es grave por lo que nos toca a los uruguayos, por lo que significa este tipo de acciones sin que trasciendan públicamente”.
“Sin tomar en cuenta la Constitución Española, sin tomar en cuenta la Ley de Extranjería, sin tomar en cuenta el Estado de Derecho, con un operativo de 12 policías, el gobierno español decreta mi secuestro y expulsión. Sin poder recoger mi ropa, sin poder sacar mi dinero, sin poder tener mi documentación, sin poder despedirme de mi hija, sin poder tomar contacto con nadie”, contó.
Luego de muchos años de pelear porque su causa sea vista por un Tribunal español, tras sufrir lo que consideró una “expulsión injusta”, sin contar con un argumento sólido por parte del Gobierno de España que decidió sacarlo del país en cuestión de horas después de más de una década de residencia en la isla de Lanzarote, el salteño José Morales Brum fue habilitado para regresar al país europeo, donde quedó su hija de 6 años, su trabajo y su vida social activa como militante por el medio ambiente.
Ayer, Morales Brum comentó a EL PUEBLO que si bien está vigente la decisión del tribunal español que lo habilita a regresar a ese país, sostiene que la tramitación continúa y que en ese aspecto, la falta de recursos para proseguir con una serie de trámites que son burocráticos y que dependen de la cancillería de ambos países, para poder regresar, son una tranca que este salteño deberá sortear en los próximos tiempos.
Desde su regreso forzado al país, por parte de las fuerzas policiales españolas, las que lo entregaron a las autoridades aeroportuarias uruguayas sin documentación alguna que justifique tal procedimiento, Morales Brum se ha encontrado batallando como ha podido con la finalidad de ganarse el derecho a regresar al país ibérico.
Sin embargo, tras varios meses de investigación en las cortes españolas sobre su caso, una jueza resolvió anular el decreto de expulsión que fue emitido tiempo después que el salteño ya se encontraba de nuevo en nuestro país.
“Lo único que me separa de poder irme de regreso a España, es la falta de dinero para sacar un billete de avión, además del seguimiento de algunos trámites que debo llevar a cabo ante la cancillería uruguaya, los que son muy burocráticos y algo complicados”, dijo ayer a EL PUEBLO, José Morales Brum, quien desde hace un tiempo trabaja en la empresa Citrícola Salteña y ocupa un lugar en el sindicato de trabajadores del sector.
YA ESTÁ
Lo peor ya pasó, sobrevuela en el pensamiento de Morales Brum podrá regresar a España. “Ahora hay que luchar para seguir accionando con la finalidad de conseguir una reparación por todos los daños causados, eso va a demorar un tiempo pero se va a lograr”, dijo.
Por otro lado, señaló que “si yo tuviera para comprarme un billete ahora, volvería en el próximo vuelo. Igual de todas maneras, con todo lo vivido uno se pone un poco ansioso de poder entrar pronto. Pero habrá que ir de acuerdo a como marchen las cosas”.
¿Quién es José Morales?
En una entrevista realizada para nuestra sección semanal Al Dorso, José Morales Brum contó su historia a EL PUEBLO. Emigró de Salto en 1983 hacia Montevideo, pero la vida lo llevó por Buenos Aires, Mendoza, Santiago de Chile y terminó en el año 2002 en España. Donde recaló en la isla de Lanzarote donde pasó todo. “Yo no soy más que un simple trabajador, un idealista tal vez. Metido en esas cosas que son injustas y en las que no puedo estar distante desde la cultura del no te metas y hacé la tuya, desde esos conceptos no puedo abstraerme de la realidad”, dijo.
En base a esa filosofía fue que en todos lados donde “he estado, me he integrado socialmente y por eso en Lanzarote tuve una participación activa a nivel gremial y social defendiendo el derecho de las personas migrantes, de los derechos humanos, de la comunidad uruguaya. Yo soy técnico industrial, siempre trabajé en el área metalúrgica aunque por la crisis en España, trabajé en el área administrativa”.
Estuvo trabajando en forma muy activa desde España por la causa del pueblo saharaui que se ve desplazado por las autoridades de Marruecos. “Estoy abrazado a esa lucha por gente que está pasando muy mal, que atraviesa una situación muy injusta y he sido activo militante, alzando la voz y denunciando lo que a ellos les pasa, siendo un alta voz de su causa. Eso significó que en determinado momento el Gobierno Español me abrió un expediente de expulsión que luego lo archivó a los 6 meses”, contó y dijo que esto ocurrió bajo el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero.
Cuando cambió el gobierno e ingresó el actual Partido Popular conducido por Mariano Rajoy, “modificaron la postura que existía en cuando a las prospecciones petrolíferas en Islas Canarias y adoptaron otorgarle a la empresa Repsol la concesión de esas aguas. Quienes vivíamos allá decidimos protestar por una situación que considerábamos injusta. Además la principal economía de la isla es el turismo y esa decisión es contrapuesta a lo que la sociedad quería porque ponía en riesgo el turismo y sobre todo el agua del cual se alimenta la isla”.
El 10 de febrero del 2012, hubo un cónclave del Partido Popular en Lanzarote y allí participó el Ministro de Medio Ambiente de Islas Canarias, tras la reunión se generó una manifestación a la salida los que exclamaron su desacuerdo con la situación. “Y como sabia que podía ser objeto de algún seguimiento decidí retirarme y estuve muy al margen de todo eso. Al cabo de cinco días de ocurrido el episodio, a siete personas nos llegan actas con multas por presuntas faltas administrativas al alterar el orden público que en mi caso era de 400 Euros y a los otros por 300. Me acusan de haber querido romper el cordón policial, gritarle al ministro, cosa que es falsa porque hay registros de prensa, donde se ve que no sólo no participo de la reacción de la gente, sino que además me retiré del lugar cuando salía esta persona”, contó.
Tras apelar la instancia administrativa, en el mes de abril del 2012 el Gobierno Español le inició un expediente de expulsión y el 21 de mayo, le comunicaron que mantenían la decisión, dándole 60 dias para interponer un recurso de apelación.
El secuestro
Pero dijo que no pasaron 20 días de esta notificación que el Gobierno Español ordenó su secuestro y posterior expulsión del país sin respetar el plazo de 60 días que tenía para apelar la decisión, pero además tampoco se respetó el pedido que hizo mi defensa, y es un secuestro express hecho por el Gobierno Español y amparado por el Gobierno Uruguayo. Esto es grave por lo que nos toca a los uruguayos, por lo que significa este tipo de acciones sin que trasciendan públicamente”.
“Sin tomar en cuenta la Constitución Española, sin tomar en cuenta la Ley de Extranjería, sin tomar en cuenta el Estado de Derecho, con un operativo de 12 policías, el gobierno español decreta mi secuestro y expulsión. Sin poder recoger mi ropa, sin poder sacar mi dinero, sin poder tener mi documentación, sin poder despedirme de mi hija, sin poder tomar contacto con nadie”, contó.
realiza el ballet, para que puedan conocer y disfrutar del espectáculo, ya que muchos de esos niños tal vez no puedan concurrir a la presentación del espectáculo en la noche.
