“Devolvé la bolsa”

Una cantidad de matutes incautados esperan un destino, mientras lo hacen en el inhóspito
depósito de la Aduana, los afectados esperan el resultado.

El antiguo e histórico edificio de Aduanas, cuenta con un lugar muy particular que simboliza de alguna manera los fines y cometidos para los cuales fue creado esa repartición estatal, y no es otro que el depósito de mercaderías incautadas.
En ese espacio, que refiere a un vasto salón, cientos de matutes aguardan su destino, entre la humedad de las paredes y el severo problema edilicio con el que cuenta la dependencia local del ramo. Los mismos han sido productos de distintos procedimientos realizados principalmente por los funcionarios de esa entidad, aunque mucho ha tenido que ver la Policía, en incautaciones que han sido destacadas.
Pero más allá del hecho objetivo, esto desnuda un trasfondo por demás importante y que no escapa a la responsabilidad de ninguna administración de gobierno, y es el aumento del trasiego de mercaderías y en consecuencia del volumen de las infracciones aduaneras que pasaron a ser moneda corriente en nuestra ciudad.
Salto es una ruta segura del contrabando de mercaderías. El ingreso al país por parte del puente de la represa de Salto Grande, así como también la mediana cercanía con la frontera con Brasil, hacen que en nuestra ciudad se haya orquestado un tráfico altísimo del comercio informal, el cual si bien no reprimido, ha generado  en el correr de los años el trasiego de mercaderías.
Los organismos públicos se echan la culpa entre ellos de demorar los trámites para conocer el destino final de las mercaderías incautadas, pero la única conclusión es que muchos de los artículos incautados terminan perdiéndose en un depósito y al final todos pierden con un sistema aduanero con el que habría que barajar y dar de nuevo.
Donde está el depósito de la aduana, cuál es la responsabilidad de ese organismo con la mercadería incautada, qué dice la Justicia sobre este asunto y la consecuencia de permitir el trasiego de mercaderías en una ciudad que es capital de la venta informal, en el siguiente informe de EL PUEBLO.El artículo 268 de la ley 13.318 establece cómo debe desarrollarse el procedimiento aduanero, una vez que se incautan mercaderías que ingresan en forma ilegal al país. Dice la norma que los funcionarios deben labrar un acta donde se informa y se especifica cómo ocurrió la incautación, se tome el nombre y el domicilio de los de los funcionarios que realizan el procedimiento, así como también de quienes eran los responsables de ingresar la mercadería, se hace un inventario de ésta y luego la misma es destinada al depósito, donde se realiza el avalúo según su valor comercial.
Si el valor de la mercadería supera los 350 Unidades Reajustables (unos 160 mil pesos uruguayos), el asunto pasa a manos de la justicia, la que deberá formar dos procedimientos. Uno tendiente a investigar la responsabilidad de la infracción aduanera en materia de defraudación impositiva. Y el otro persiguiendo al responsable del delito de contrabando.
Pero si el valor de la mercadería incautada es menor al monto señalado, quien debe actuar en el asunto es la administración aduanera, la que decidirá según las normas el destino de lo incautado.
Mientras tanto, las mercaderías, sean perecederas o no, deben aguardar el desenlace de la actividad administrativa, burocracia mediante, en el inmenso y en ruinosas condiciones edilicias depósito de la aduana local.
Pero el fuego cruzado existente entre los funcionarios de esta repartición y los de la Justicia por la adjudicación de responsabilidades ante la demora de los expedientes que se tramitan en uno y otro caso, genera rispideces que dejan entrever a todas luces que el sistema, así como está planteado en la actualidad debe ser reformado.
En tanto, Salto sigue siendo una capital del comercio informal. Desde el año 1985 cuando el entonces Intendente, Eduardo Malaquina, aglutinó a todos los comerciantes informales que deambulaban por las calles de la ciudad en un solo lugar, el Mercado 18 de Julio, para sacarlos del centro de la ciudad y no “molestar” al comercio formal.
Pero esta ingenua medida, solo dio lugar a que con el paso del tiempo se formara una bola de nieve con la conformación de lo que hoy es el conocido bagashopping, que se nutre diariamente de las mercaderías que ingresan en forma ilegal al país.
Si bien hasta él han llegado a actuar en reiteradas oportunidades los funcionarios de Aduana, las consecuencias han sido negativas. Basta recordar lo que ocurrió en el mes de enero del año 2003 cuando el entonces Director Nacional Víctor Lissidini, llego a Salto para fiscalizar el lugar y fue resistido y atacado por los comerciantes informales.
Además, tiempo atrás, el entonces máximo jerarca aduanero, Luis Salvo, había llegado hasta el lugar con la intención de actuar en represión al contrabando, y para ello se nutrió de una serie de funcionarios de distintas reparticiones aduaneras del país. Pero allí se generó una fuerte discusión entre los vendedores informales y los aduaneros que pretendían requisar la mercadería, existiendo un fuerte cruce de acusaciones de parte de los comerciantes, quienes le recriminaban a los funcionarios del organismo, permitir el trasiego de las mercaderías, lo que a la postre imposibilitó las pretendidas actuaciones.
Sin embargo, según se informó desde la Administración de Aduanas de Salto para este informe, no está en los planes de la actual receptoría realizar un operativo de inspección al conocido bagashopping, debido a que se reconoce la dificultad para actuar en ese lugar.
Si bien por un lado existen actuaciones contra comercios que estando formalmente establecidos, comercializan artículos que ingresan ilegalmente al país, desde Aduana se explicó que el Estado no le aporta las herramientas necesarias como para poder llevar a cabo las actuaciones necesarias en centros de tráfico de mercadería ilegal como es el bagashopping.

¿Quiénes son los responsables?

Una vez que la mercadería incautada está en el depósito y los funcionarios aduaneros realizan el avalúo de la misma, si los responsables son sancionados, la misma es adjudicada a los funcionarios aprehensores según el marco legal, como compensación y estímulo a la delicada labor aduanera.
Aunque fuentes consultadas de la Aduana señalaron que esto no es tan así. Ya que al valor de esa mercadería debe descontársele más de la mitad en gastos del procedimiento para que el trámite de adjudicación comience a gestionarse y luego otro porcentaje alto se va en impuestos, concluyendo en que cuando se da un caso de este tipo, el funcionario percibe solamente un 8 por ciento promedio del valor de la mercadería incautada.
Pero la vedette de este caso es que los aduaneros sostienen que los matutes incautados, permanecen depositados allí a veces durante mucho tiempo por la demora en la tramitación del procedimiento, por parte de los organismos porque que muchas veces los trámites demoran en las demás dependencias estatales que participan del mismo.
Con cada bulto incautado, se forma un expediente el cual recorre diversos caminos administrativos hasta llegar a su fin. Uno de los lugares a los que debe llegar es la Dirección General Impositiva (DGI) la que realiza un avalúo del perjuicio que el ingreso de esa mercadería le causa al fisco.
Pero solamente en esa dependencia un trámite, por más pequeño que sea el contrabando incautado, puede llegar a demorar un año en dar su veredicto, y mientras tanto, la mercadería puede llegar a tomar mal estado en el depósito.
Sin embargo, la ley 17.743 permite la donación de la mercadería a determinados organismos del Estado, como el caso del INAU, para que la misma sea aprovechada. Pero hace la salvedad que una vez culmine el procedimiento, el organismo beneficiado devuelva en dinero el valor del monto recibido en mercadería para que se lleve a cabo el incentivo al funcionario aprehensor.
Empero, fuentes de aduanas consignaron que este tipo de casos jamás ocurren, puesto que dichos organismos estatales “nunca tienen dinero para pagar algo dentro del Estado, y el trámite para que lo hagan en caso de que pudiera hacerlo es tan engorroso que puede llevar años, por lo tanto, la ley no se cumple, y queda como una donación de aduanas para el aprovechamiento de la mercadería”.

FUEGO CRUZADO
Además, la Policía también ha intervenido en varios procedimientos y estos los deriva al juzgado penal el que forma otro expediente. “Entonces esta investiga por su parte y manda depositar acá lo incautado. Y mientras se expide puede pasar hasta dos años y la mercadería no se puede tocar, porque está en trámite judicial y sino hay unos líos bárbaros”, comentaron fuentes de la repartición aduanera local.
Dijeron que esa ha sido una de las principales causas de que la mercadería se deteriore. Entonces cuando se manda la resolución judicial de que Aduanas tome cartas en el asunto y como la mercadería está deteriorada, la misma tiene que ser destruida.
Cuando esto ocurre, la misma debe ser llevada al basurero municipal y en ese procedimiento debe intervenir la Fiscalía que debe controlar el procedimiento y actuar como parte en todos estos casos.
No obstante, el juez penal de turno, Francisco Massitta, consultado por EL PUEBLO negó que este tipo de situaciones se dieran de esta manera. Dijo que la mayoría de las incautaciones que están en el depósito de Aduana pertenecen a trámites que se siguen en ese organismo, por una cuestión de que se tratan de matutes cuyo valor es inferior a los que se ponen a cargo de la Justicia y que esto es “fácilmente” verificable.
Además, el magistrado cuestionó estas afirmaciones argumentando que cuando la policía actúa en un caso de incautación de contrabando y pone a su consideración el procedimiento, “solicito a Aduana el avalúo del monto del asunto y si no es de mi competencia les derivo a ellos el expediente. Así que la demora ya no es culpa de la justicia. Y si uno se fija la cantidad de incautaciones que tienen en el depósito, la mayoría están bajo la órbita de Aduanas y no de la justicia”, comentó.
Aunque el juez también manifestó que cuando el caso se trata de un volumen de incautación de contrabando por un valor mayor a los 160 mil pesos uruguayos y éstos deben dilucidarse en su órbita, “acá también se configura un delito”.
Indicó que “cuando la policía incauta mercadería de contrabando, debe comunicarle del hecho al juez, y la justicia cita a los responsables y pone a disposición de aduanas la mercadería para que esta haga el avalúo. Después que esta hace la valoración comercial la comunica al juez, y este sea cual sea ese monto, lo manda a depositar en Aduana. Si el caso es competencia de la Justicia, se debe seguir un procedimiento y se resuelve con una sentencia. Se sigue el procedimiento de la infracción aduanera, pero también se sigue el proceso por el delito de contrabando. Son dos procesos”, explicó el magistrado a este diario.
Pero afirmó a su vez “¿de qué demora hablan? Acá se tienen que hacer los procedimientos y la mayoría de los bultos que están en ese depósito, que cuando lo visité se me cayó el alma a los pies por el estado en el que está. Pero la gran mayoría de las incautaciones que están ahí, son trámites de Aduanas y si se demoran no es por culpa del juzgado”, insistió el juez.
Mientras estas diferencias ocurren, y los bultos permanecen esperando resoluciones administrativas, Aduanas mantiene un procedimiento al cual debe atenerse pero que es falible, la policía trabaja por su parte y la justicia espera  dejar de lado estos dimes y diretes y pretende elementos más concretos para lograr mayor eficacia en el combate al contrabando. Un flagelo del que nuestra ciudad se ha convertido en epicentro y está lejos de dejar de serlo.