Ayer iniciaron la recolección de firmas para prohibir la megaminería a cielo abierto

Una bola de nieve comenzó a girar ayer a la tarde en el Palacio Legislativo, cuando se lanzó una campaña de recolección de firmas para plebiscitar una reforma de la Constitución que impida la minería metalífera a cielo abierto.
La intención de los promotores es llegar a las 260.000 firmas necesarias para convocar a un plebiscito junto a las próximas elecciones nacionales. Es una carrera contra reloj porque el plazo para que puedan hacerlo es el mes de abril.
Esta campaña que se lanza hoy no tiene por detrás ningún partido político y parte con el respaldo de quienes han  participado de las manifestaciones contra este tipo de explotación minera.
Desde que se vio el negocio del hierro en Uruguay las cosas empezaron a complicarse. Rápidamente el Gobierno quedó seducido por la posibilidad de generar trabajo y divisas para crear un fondo para próximas generaciones.
La llegada de una inversión de esta entidad, en los tiempos que corren, nunca iba a ser desdeñada por este ni por ningún Gobierno.
Primero se hizo una comisión multipartidaria para estudiar el tema. Después se hizo un proyecto que finalmente se convirtió en ley con los votos del oficialismo.
Pero en todo ese camino aparecieron desde la sociedad civil las primeras muestras de oposición a este tipo de desarrollo económico, que iba contra las formas de producción  tradicionales en el campo uruguayo.
Y surgieron grupos de distinta naturaleza que se fueron sumando para crear un movimiento inédito en la historia del país.
La primera Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, se hizo el 13 de mayo de 2011 en Montevideo.
Organizaron aquella marcha productores y vecinos de Cerro Chato, Valentines y la costa oceánica, el Colectivo de Organizaciones Sociales de Lucha por la Tierra y la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA).
La segunda Marcha Nacional se hizo el 12 de octubre de 2011, que recorrió desde el Obelisco hasta el Palacio Legislativo, se sumaron nuevos agrupamientos tales como la Mesa Representativa de productores y vecinos de la Ruta 7, de Vichadero, de la 5a. sección de Treinta y Tres, de Caraguatá y de Sarandí Grande, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), el Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), Adeom de Tacuarembó y la recién constituida Confederación de Pueblos Costeros (CPC).
La última marcha se hizo el 12 de octubre de este año y siguió aglutinando apoyos de todo tipo, incluyendo gremiales como la Asociación Rural del Uruguay.
Raúl Viñas, uno de los promotores de la iniciativa explicó a El Espectador qué es lo que se lanzaba ayer a la tarde en el Palacio Legislativo.
«Esta tarde se va a lanzar una reacción a la situación actual en la cual el país entregaría los recursos mineros por parte de un grupo de ciudadanos que entendemos que no es la mejor forma de explotarlos. Se va a llamar a una recolección de firmas con el fin de hacer un plebiscito constitucional al que se hizo en su momento por el agua para introducir en la Constitución una modificación prohibiendo la minería de metales a cielo abierto, tal cual lo han hecho otros países como Costa Rica», estableció Viñas.
El Gobierno sostiene que
se creará un fondo.
«El fondo en el papel se crea. Si analizamos el mecanismo por el cual operan las empresas mineras no solo acá en Uruguay, sino en otros países de América Latina estas empresas no pagan impuestos «, aseguró Viñas.
En cuanto a las firmas que se precisan estableció: «De acuerdo con la Constitución el 10% del padrón electoral debe de firmar de que quiere que se haga el plebiscito, eso hoy son unas 260.000 firmas. Estamos hablando de casi 300.000 firmas que tratarán de ser recogidas por un grupo de ciudadanos que no está afiliado a ningún partido. Esto no es un tema de Gobierno-oposición. Es un tema de ciudadanos que entendemos que esta no es la forma en que tenemos que desarrollar el país, que es solamente entregar nuestros recursos para que los mismos sean exportados sin valor agregado, sin mano de obra nacional como materias primas básica al mercado internacional que hoy habilita con sus precios que esto pueda ser rentable para alguna empresa».
En cuanto a si el plebiscito se prevé junto a las elecciones nacionales, Viñas indicó: «Las firmas para que se puedan dar a plebiscito con la próxima elección nacional debieran de estar prontas 180 días antes de la elección, eso es para fines de abril. En primera instancia la meta para aquellos que estamos proponiendo esto es tratar de obtenerla. Va a ser muy difícil. Se ha abierto un sitio web en el cual se puede firmar la papeleta para aquellos que la quieran firmar uruguayciudadanossinmegamineria. ong. Se están abriendo oficinas y lugares de recepción con gente amiga en todos los departamentos del país. Tenemos además ya filiales con grupos que están acordes con esta propuesta en todo el país. Esto no es una iniciativa de loquitos ecologistas, ni tampoco de eruditos que viven en una torre de cristal buscando ver cómo le ponen piedras al desarrollo del país», expresó Viñas.
La papeleta que estará disponible para firmar dice lo siguiente:
Artículo Nº 47
Agréguese lo siguiente: La integridad de los suelos y los recursos hídricos forma parte del patrimonio de la nación y debe ser preservada de toda actividad que conduzca a su degradación definitiva o destrucción.
Prohíbese la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional.
Toda autorización, concesión o permiso vigente que de cualquier forma vulnere esta disposición quedará sin efecto a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta reforma”.
Acerca de la reacción del oficialismo ante este lanzamiento de recolección de las firmas para cambiar la Constitución, el diputado de Asamblea Uruguay  Carlos Varela, dijo que entiende que haya gente preocupada por las consecuencias de la minería de gran porte, pero pidió que se informe antes de formar opinión sobre el tema.
«Defiendo el derecho de todos aquellos que consideren que pueden convocar al pueblo a manifestarse sobre distintos temas que hacen a la calidad de vida, pero estoy alineado con el proyecto que el Gobierno lleva delante de explotar este recurso que es de todos los uruguayos y uruguayas, hacerlo en la forma cuidadosa y respetuosa que la vamos a realizar de acuerdo a las normas que hemos aprobado. Creo que estamos ante un momento histórico del país que puede modificar su estructura productiva en forma importante para beneficio de todos. Si llegamos a una instancia plebiscitaria será el pueblo uruguayo quien deba manifestarse al respecto», aseguró Varela.
Sobre qué le va a dejar la megaminería a Uruguay, Varela expresó: «Le va a generar fuentes de trabajo, le va a incorporar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y nuevas formas de desarrollar su economía y su producción. También le va a generar problema porque ninguna explotación humana se realiza sin afectar el entorno, inclusive las que hoy tenemos (…)», manifestó.
Según Varela, el saldo es positivo.
«Por lo tanto, hay mucho más cosas positivas que negativas. Debemos tener una actitud vigilante para asegurar que los beneficios sean mucho más que los perjuicios, que alguno va a haber», expresó Varela.

Una bola de nieve comenzó a girar ayer a la tarde en el Palacio Legislativo, cuando se lanzó una campaña de recolección de firmas para plebiscitar una reforma de la Constitución que impida la minería metalífera a cielo abierto.

La intención de los promotores es llegar a las 260.000 firmas necesarias para convocar a un plebiscito junto a las próximas elecciones nacionales. Es una carrera contra reloj porque el plazo para que puedan hacerlo es el mes de abril.

Esta campaña que se lanza hoy no tiene por detrás ningún partido político y parte con el respaldo de quienes han  participado de las manifestaciones contra este tipo de explotación minera.

Desde que se vio el negocio del hierro en Uruguay las cosas empezaron a complicarse. Rápidamente el Gobierno quedó seducido por la posibilidad de generar trabajo y divisas para crear un fondo para próximas generaciones.

La llegada de una inversión de esta entidad, en los tiempos que corren, nunca iba a ser desdeñada por este ni por ningún Gobierno.

Primero se hizo una comisión multipartidaria para estudiar el tema. Después se hizo un proyecto que finalmente se convirtió en ley con los votos del oficialismo.

Pero en todo ese camino aparecieron desde la sociedad civil las primeras muestras de oposición a este tipo de desarrollo económico, que iba contra las formas de producción  tradicionales en el campo uruguayo.

Y surgieron grupos de distinta naturaleza que se fueron sumando para crear un movimiento inédito en la historia del país.

La primera Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, se hizo el 13 de mayo de 2011 en Montevideo.

Organizaron aquella marcha productores y vecinos de Cerro Chato, Valentines y la costa oceánica, el Colectivo de Organizaciones Sociales de Lucha por la Tierra y la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA).

La segunda Marcha Nacional se hizo el 12 de octubre de 2011, que recorrió desde el Obelisco hasta el Palacio Legislativo, se sumaron nuevos agrupamientos tales como la Mesa Representativa de productores y vecinos de la Ruta 7, de Vichadero, de la 5a. sección de Treinta y Tres, de Caraguatá y de Sarandí Grande, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), el Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), Adeom de Tacuarembó y la recién constituida Confederación de Pueblos Costeros (CPC).

La última marcha se hizo el 12 de octubre de este año y siguió aglutinando apoyos de todo tipo, incluyendo gremiales como la Asociación Rural del Uruguay.

Raúl Viñas, uno de los promotores de la iniciativa explicó a El Espectador qué es lo que se lanzaba ayer a la tarde en el Palacio Legislativo.

«Esta tarde se va a lanzar una reacción a la situación actual en la cual el país entregaría los recursos mineros por parte de un grupo de ciudadanos que entendemos que no es la mejor forma de explotarlos. Se va a llamar a una recolección de firmas con el fin de hacer un plebiscito constitucional al que se hizo en su momento por el agua para introducir en la Constitución una modificación prohibiendo la minería de metales a cielo abierto, tal cual lo han hecho otros países como Costa Rica», estableció Viñas.

El Gobierno sostiene que se creará un fondo.

«El fondo en el papel se crea. Si analizamos el mecanismo por el cual operan las empresas mineras no solo acá en Uruguay, sino en otros países de América Latina estas empresas no pagan impuestos «, aseguró Viñas.

En cuanto a las firmas que se precisan estableció: «De acuerdo con la Constitución el 10% del padrón electoral debe de firmar de que quiere que se haga el plebiscito, eso hoy son unas 260.000 firmas. Estamos hablando de casi 300.000 firmas que tratarán de ser recogidas por un grupo de ciudadanos que no está afiliado a ningún partido. Esto no es un tema de Gobierno-oposición. Es un tema de ciudadanos que entendemos que esta no es la forma en que tenemos que desarrollar el país, que es solamente entregar nuestros recursos para que los mismos sean exportados sin valor agregado, sin mano de obra nacional como materias primas básica al mercado internacional que hoy habilita con sus precios que esto pueda ser rentable para alguna empresa».

En cuanto a si el plebiscito se prevé junto a las elecciones nacionales, Viñas indicó: «Las firmas para que se puedan dar a plebiscito con la próxima elección nacional debieran de estar prontas 180 días antes de la elección, eso es para fines de abril. En primera instancia la meta para aquellos que estamos proponiendo esto es tratar de obtenerla. Va a ser muy difícil. Se ha abierto un sitio web en el cual se puede firmar la papeleta para aquellos que la quieran firmar uruguayciudadanossinmegamineria. ong. Se están abriendo oficinas y lugares de recepción con gente amiga en todos los departamentos del país. Tenemos además ya filiales con grupos que están acordes con esta propuesta en todo el país. Esto no es una iniciativa de loquitos ecologistas, ni tampoco de eruditos que viven en una torre de cristal buscando ver cómo le ponen piedras al desarrollo del país», expresó Viñas.

La papeleta que estará disponible para firmar dice lo siguiente:

Artículo Nº 47

Agréguese lo siguiente: La integridad de los suelos y los recursos hídricos forma parte del patrimonio de la nación y debe ser preservada de toda actividad que conduzca a su degradación definitiva o destrucción.

Prohíbese la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional.

Toda autorización, concesión o permiso vigente que de cualquier forma vulnere esta disposición quedará sin efecto a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta reforma”.

Acerca de la reacción del oficialismo ante este lanzamiento de recolección de las firmas para cambiar la Constitución, el diputado de Asamblea Uruguay  Carlos Varela, dijo que entiende que haya gente preocupada por las consecuencias de la minería de gran porte, pero pidió que se informe antes de formar opinión sobre el tema.

«Defiendo el derecho de todos aquellos que consideren que pueden convocar al pueblo a manifestarse sobre distintos temas que hacen a la calidad de vida, pero estoy alineado con el proyecto que el Gobierno lleva delante de explotar este recurso que es de todos los uruguayos y uruguayas, hacerlo en la forma cuidadosa y respetuosa que la vamos a realizar de acuerdo a las normas que hemos aprobado. Creo que estamos ante un momento histórico del país que puede modificar su estructura productiva en forma importante para beneficio de todos. Si llegamos a una instancia plebiscitaria será el pueblo uruguayo quien deba manifestarse al respecto», aseguró Varela.

Sobre qué le va a dejar la megaminería a Uruguay, Varela expresó: «Le va a generar fuentes de trabajo, le va a incorporar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y nuevas formas de desarrollar su economía y su producción. También le va a generar problema porque ninguna explotación humana se realiza sin afectar el entorno, inclusive las que hoy tenemos (…)», manifestó.

Según Varela, el saldo es positivo.

«Por lo tanto, hay mucho más cosas positivas que negativas. Debemos tener una actitud vigilante para asegurar que los beneficios sean mucho más que los perjuicios, que alguno va a haber», expresó Varela.