Deben dar el ejemplo

Cuando una persona ocupa un cargo público o es alguien con mucha influencia en la sociedad por haber sido durante el transcurso de su existencia una personalidad destacada, por ejemplo, al ser un empresario influyente y conocido por todos en la comunidad de la que forma parte, pasan a ser personas públicas y esto tiene sus beneficios, pero también y por sobre todas las cosas, impone sus deberes.
El tema, es que las personas públicas, la mayoría de las veces no lo entienden, porque mientras está todo bien, no pasa nada, ellos reivindican su condición de personalidades, hacen valer sus privilegios y se muestran como las personas que deben ser admiradas por el resto cuando pasan por algún lado o cuando salen en la foto de los actos y eventos más trascendentes.
Pero cuando las papas queman, agarrate catalina. Ahí quieren hacerse pasar por alguien común, por un ciudadano ordinario, por una persona del montón, de la que no se tiene que hablar, de la que no se debe comentar nada y de la que mucho menos, se debe publicar una sola letra en los diarios, porque de hacerlo, los periodistas se están metiendo con la vida privada de la persona, un padre de familia, un vecino, un trabajador, pero cuando quieren ocupar el rol de hombre público, hay que nombrarlos con letras grandes, visibles y en mayúsculas cada vez que salen en la foto, o que su emprendimiento está en la tapa de los diarios.
Sin embargo, si el evento es negativo, si la cosa arde, si se metió en problemas por el ejercicio de esa función por la cual es ponderado y aplaudido en la sociedad, que nadie diga nada, y eso no es así. Los periodistas debemos aprender a separar a los hombres públicos de las personas privadas. Por eso insisto, en que los hombres públicos son personas que ejercen cargos públicos, de corte político, electos por la gente o designados por el gobernante que eligió la gente.
Así, un presidente, un legislador, un intendente, un edil, un alcalde, un concejal, pero también un ministro de Estado o del Poder Judicial, o de otra índole, un jerarca público cualquiera (incluso los señores militares y policías porque no son impolutos ni están por fuera de nada), o un gerente de una empresa pública, son personas públicas. Aunque también lo son, las celebridades, los empresarios reconocidos por la sociedad, los deportistas, los artistas, algunos periodistas, es decir, toda aquella clase de persona que descolle en el ambiente social en el que vive y que incluso sea una referencia para los demás sobre quienes forma opinión e incide con sus ideas y comportamiento.
Estas cosas, diferencian el trato que debe darle la prensa a las personas públicas y a las privadas. Las personas públicas no tienen vida privada, su comportamiento en la intimidad puede llegar incluso a afectar mucho la función que ejercen y determinar un mal ejemplo en el resto de sus admiradores. Por eso la vigencia del dicho: “no solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo”.
Una vez, hace algunos años atrás, en una de mis columnas escribí: que si un gobernante era deshonesto en su relación marital, ¿qué le impediría proceder de la misma manera con los bienes públicos que la sociedad le confió para su administración? Y que ese era uno de los fundamentos que la prensa emplea para celoso custodia en el actuar de las personas públicas.
Fue hace cinco años y se armó flor de lío, porque muchos dijeron que estaba llamando de deshonestos a los gobernantes de la época y después en otra columna tuve que decirles que al que le quepa el sayo, que se lo pusiera.
Pero la cosa viene por el hecho de que hay que destacar que en las últimas horas, tanto en Salto como en Montevideo, diversas personas públicas, tanto del ámbito del gobierno como del privado, han sentido todo el peso de la ley como consecuencia de su accionar. La justicia ha fallado de distintas maneras sobre personalidades que quizás, por el hecho de creer que tenían el poder para manejar muchas cosas, también podrían manejar con cierta soltura esos episodios, los cuales todos ellos cobraron luz pública en su momento.
Sin embargo, el tiempo pasó, las situaciones se aclararon y todos los que estaban involucrados en hechos que estaban reñidos con la ley fueron sancionados por decisiones judiciales. En Salto, el pasado jueves recayó el procesamiento con prisión sobre, sin querer desprestigiar al resto, el principal empresario de la construcción de nuestro medio, quien además tiene influencias en distintos ámbitos y departamentos del país por su trayectoria empresarial.
No podemos divulgar su nombre para mantener un criterio acordado y cumplir con el principio de no estigmatización por el cual hemos velado desde éstas páginas porque se cumpla, ya que el mismo solamente se ve exceptuado en los casos de alarma social, lo cual quien esto escribe está convencido que lo es, pero las diferencias de criterios con la justicia y la policía vaya si existen.
El caso pasa porque esta persona, que a mi juicio es una de las principales personas públicas del departamento, tuvo el infortunio de protagonizar un accidente de tránsito, situación de la que nadie está libre y en ese caso embistió a una mujer dándole muerte, sin intención de hacerlo, sin querer jamás estar implicado en un hecho de esta magnitud, pero la realidad objetiva es que el hecho ocurrió, el hombre la embistió con su camioneta y la pobre mujer fue la que se llevó la peor parte, porque falleció en el lugar cuando venía de hacer las compras.
Lo cierto es que la familia de la víctima reclamó hasta ahora que el Estado sancione a una persona por algo que está mal, sin importar quién sea, alguien que participa de una situación de estas características, por más que lo haya hecho en forma involuntaria, debe pagar por el resultado de sus acciones porque estamos en un Estado de Derecho, donde todos tenemos derechos y obligaciones.
Sin dudas que debe ser un momento tremendamente difícil para esta persona y su familia, sobre todo porque se trata de un hombre de edad avanzada, con muchas complicaciones en su estado de salud y con la consecuencia emocional de haberle quitado la vida a alguien de manera totalmente inintencional, pero para que estas cosas no pasen, se deben tomar los recaudos a la hora de salir a la calle y no sentirse impoluto. Y si se tiene un problema en uno de los sentidos, o en varios, que no nos permiten conducir un coche, debe adoptar las medidas pertinentes para evitar hacerlo y no protagonizar hechos irreparables como por el cual terminó con un juicio penal en su contra.
Por lo mismo están atravesando en estos momentos quien hasta hace pocas horas dirigía los destinos de la economía del país y el otro que gobernaba el principal Banco del Estado y de la plaza financiera local. El ahora ex ministro Fernando Lorenzo y el ex presidente del Banco República, Fernando Calloia, fueron sindicados por el fiscal del caso, Juan Gómez, como autores de sendos delitos de abuso de funciones. Si bien sus respectivos abogados presentaron verdaderas chicanas legales para evitar pronunciamientos concretos, los mismos van a salir de una forma u otra. No se si son culpables, pero como jerarcas del gobierno de la investidura que tienen ambos, no deberían dudar ni un segundo en permitir que la justicia los investigue a fondo para determinar si son tan culpables como lo dice el fiscal, o no.
Pero como además cuentan con buenos abogados y encima ahora empieza la feria judicial, la pelota se pateó para más adelante, dentro de unos meses, algo que en realidad desde el punto de vista político es peor, porque un posible dictamen los encontrará en plena campaña electoral, donde todos meterán un bocado para hacerse un banquete con este episodio. Y ahí, el Frente Amplio que ahora está abroquelado detrás de la bandera de la inocencia de éstos dos, verá cómo reacciona para salvarle la plata al gobierno y no perder la elección que con Tabaré Vázquez como delfín, la creen ya ganada.
Pero esta clase de personas, que son personas públicas y que están en la palestra de la sociedad todo el tiempo, deben acatar estos fallos y cumplir con lo que las instituciones dispongan porque deben dar el ejemplo. Son las personas que la sociedad pondera y por lo tanto, son quienes deben cumplir con sus obligaciones más que ninguno, porque ellos deben demostrar que el sistema que tenemos, que ellos mismos alimentaron y defendieron porque los beneficiaba, como el estado de Derecho, con una base clara de convivencia social y con normas específicas para que esto así funcione, cuando debe sancionarlos y caerles con todo su peso, no debe temblarle el pulso a nadie y mucho menos a los que están involucrados en el tema, para que no solo lo parezcan, sino que también lo demuestren siendo responsables y haciéndose cargo.

Cuando una persona ocupa un cargo público o es alguien con mucha influencia en la sociedad por haber sido durante el transcurso de su existencia una personalidad destacada, por ejemplo, al ser un empresario influyente y conocido por todos en la comunidad de la que forma parte, pasan a ser personas públicas y esto tiene sus beneficios, pero también y por sobre todas las cosas, impone sus deberes.

El tema, es que las personas públicas, la mayoría de las veces no lo entienden, porque mientras está todo bien, no pasa nada, ellos reivindican su condición de personalidades, hacen valer sus privilegios y se muestran como las personas que deben ser admiradas por el resto cuando pasan por algún lado o cuando salen en la foto de los actos y eventos más trascendentes.

Pero cuando las papas queman, agarrate catalina. Ahí quieren hacerse pasar por alguien común, por un ciudadanomedidasordinario, por una persona del montón, de la que no se tiene que hablar, de la que no se debe comentar nada y de la que mucho menos, se debe publicar una sola letra en los diarios, porque de hacerlo, los periodistas se están metiendo con la vida privada de la persona, un padre de familia, un vecino, un trabajador, pero cuando quieren ocupar el rol de hombre público, hay que nombrarlos con letras grandes, visibles y en mayúsculas cada vez que salen en la foto, o que su emprendimiento está en la tapa de los diarios.

Sin embargo, si el evento es negativo, si la cosa arde, si se metió en problemas por el ejercicio de esa función por la cual es ponderado y aplaudido en la sociedad, que nadie diga nada, y eso no es así. Los periodistas debemos aprender a separar a los hombres públicos de las personas privadas. Por eso insisto, en que los hombres públicos son personas que ejercen cargos públicos, de corte político, electos por la gente o designados por el gobernante que eligió la gente.

Así, un presidente, un legislador, un intendente, un edil, un alcalde, un concejal, pero también un ministro de Estado o del Poder Judicial, o de otra índole, un jerarca público cualquiera (incluso los señores militares y policías porque no son impolutos ni están por fuera de nada), o un gerente de una empresa pública, son personas públicas. Aunque también lo son, las celebridades, los empresarios reconocidos por la sociedad, los deportistas, los artistas, algunos periodistas, es decir, toda aquella clase de persona que descolle en el ambiente social en el que vive y que incluso sea una referencia para los demás sobre quienes forma opinión e incide con sus ideas y comportamiento.

Estas cosas, diferencian el trato que debe darle la prensa a las personas públicas y a las privadas. Las personas públicas no tienen vida privada, su comportamiento en la intimidad puede llegar incluso a afectar mucho la función que ejercen y determinar un mal ejemplo en el resto de sus admiradores. Por eso la vigencia del dicho: “no solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo”.

Una vez, hace algunos años atrás, en una de mis columnas escribí: que si un gobernante era deshonesto en su relación marital, ¿qué le impediría proceder de la misma manera con los bienes públicos que la sociedad le confió para su administración? Y que ese era uno de los fundamentos que la prensa emplea para celoso custodia en el actuar de las personas públicas.

Fue hace cinco años y se armó flor de lío, porque muchos dijeron que estaba llamando de deshonestos a los gobernantes de la época y después en otra columna tuve que decirles que al que le quepa el sayo, que se lo pusiera.

Pero la cosa viene por el hecho de que hay que destacar que en las últimas horas, tanto en Salto como en Montevideo, diversas personas públicas, tanto del ámbito del gobierno como del privado, han sentido todo el peso de la ley como consecuencia de su accionar. La justicia ha fallado de distintas maneras sobre personalidades que quizás, por el hecho de creer que tenían el poder para manejar muchas cosas, también podrían manejar con cierta soltura esos episodios, los cuales todos ellos cobraron luz pública en su momento.

Sin embargo, el tiempo pasó, las situaciones se aclararon y todos los que estaban involucrados en hechos que estaban reñidos con la ley fueron sancionados por decisiones judiciales. En Salto, el pasado jueves recayó el procesamiento con prisión sobre, sin querer desprestigiar al resto, el principal empresario de la construcción de nuestro medio, quien además tiene influencias en distintos ámbitos y departamentos del país por su trayectoria empresarial.

No podemos divulgar su nombre para mantener un criterio acordado y cumplir con el principio de no estigmatización por el cual hemos velado desde éstas páginas porque se cumpla, ya que el mismo solamente se ve exceptuado en los casos de alarma social, lo cual quien esto escribe está convencido que lo es, pero las diferencias de criterios con la justicia y la policía vaya si existen.

El caso pasa porque esta persona, que a mi juicio es una de las principales personas públicas del departamento, tuvo el infortunio de protagonizar un accidente de tránsito, situación de la que nadie está libre y en ese caso embistió a una mujer dándole muerte, sin intención de hacerlo, sin querer jamás estar implicado en un hecho de esta magnitud, pero la realidad objetiva es que el hecho ocurrió, el hombre la embistió con su camioneta y la pobre mujer fue la que se llevó la peor parte, porque falleció en el lugar cuando venía de hacer las compras.

Lo cierto es que la familia de la víctima reclamó hasta ahora que el Estado sancione a una persona por algo que está mal, sin importar quién sea, alguien que participa de una situación de estas características, por más que lo haya hecho en forma involuntaria, debe pagar por el resultado de sus acciones porque estamos en un Estado de Derecho, donde todos tenemos derechos y obligaciones.

Sin dudas que debe ser un momento tremendamente difícil para esta persona y su familia, sobre todo porque se trata de un hombre de edad avanzada, con muchas complicaciones en su estado de salud y con la consecuencia emocional de haberle quitado la vida a alguien de manera totalmente inintencional, pero para que estas cosas no pasen, se deben tomar los recaudos a la hora de salir a la calle y no sentirse impoluto. Y si se tiene un problema en uno de los sentidos, o en varios, que no nos permiten conducir un coche, debe adoptar las medidas pertinentes para evitar hacerlo y no protagonizar hechos irreparables como por el cual terminó con un juicio penal en su contra.

Por lo mismo están atravesando en estos momentos quien hasta hace pocas horas dirigía los destinos de la economía del país y el otro que gobernaba el principal Banco del Estado y de la plaza financiera local. El ahora ex ministro Fernando Lorenzo y el ex presidente del Banco República, Fernando Calloia, fueron sindicados por el fiscal del caso, Juan Gómez, como autores de sendos delitos de abuso de funciones. Si bien sus respectivos abogados presentaron verdaderas chicanas legales para evitar pronunciamientos concretos, los mismos van a salir de una forma u otra. No se si son culpables, pero como jerarcas del gobierno de la investidura que tienen ambos, no deberían dudar ni un segundo en permitir que la justicia los investigue a fondo para determinar si son tan culpables como lo dice el fiscal, o no.

Pero como además cuentan con buenos abogados y encima ahora empieza la feria judicial, la pelota se pateó para más adelante, dentro de unos meses, algo que en realidad desde el punto de vista político es peor, porque un posible dictamen los encontrará en plena campaña electoral, donde todos meterán un bocado para hacerse un banquete con este episodio. Y ahí, el Frente Amplio que ahora está abroquelado detrás de la bandera de la inocencia de éstos dos, verá cómo reacciona para salvarle la plata al gobierno y no perder la elección que con Tabaré Vázquez como delfín, la creen ya ganada.

Pero esta clase de personas, que son personas públicas y que están en la palestra de la sociedad todo el tiempo, deben acatar estos fallos y cumplir con lo que las instituciones dispongan porque deben dar el ejemplo. Son las personas que la sociedad pondera y por lo tanto, son quienes deben cumplir con sus obligaciones más que ninguno, porque ellos deben demostrar que el sistema que tenemos, que ellos mismos alimentaron y defendieron porque los beneficiaba, como el estado de Derecho, con una base clara de convivencia social y con normas específicas para que esto así funcione, cuando debe sancionarlos y caerles con todo su peso, no debe temblarle el pulso a nadie y mucho menos a los que están involucrados en el tema, para que no solo lo parezcan, sino que también lo demuestren siendo responsables y haciéndose cargo.

Hugo Lemos