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Desbaratan una organización mafiosa que cobraba coimas para eludir controles en aeropuerto de Ezeiza

La Justicia procesó a 15 sospechosos de integrar una asociación ilícita conformada por empleados de la Aduana, de la ANAC, oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, maleteros y custodios; exigían a los pasajeros un pago en dólares.

No les importaba que sus movimientos sospechosos fueran registrados por la gran cantidad de cámaras de seguridad instaladas en la zona donde trabajaban. Suponían que todos los detalles estaban cubiertos y que el plan criminal no corría riesgos. Pero se equivocaron. Después de una investigación de casi dos años, la Justicia desbarató una asociación ilícita que operaba en el aeropuerto internacional de Ezeiza. La banda se dedicaba a ingresar en el país mercadería de pasajeros eludiendo los controles aduaneros, a cambio del pago de un «cachet» en dólares.

La organización criminal estaba integrada por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), empleados de la Dirección General de Aduanas y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), maleteros, trabajadores de compañías contratadas para asistir a los pasajeros y custodios de empresas de seguridad privada.

Una investigación del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y de detectives de la PSA permitió poner al descubierto a los sospechosos. Según el expediente judicial, al que tuvo acceso La Nación, «los acusados participaron tanto por sí mismos como por medio de terceras personas en los hechos que involucraron la recepción de dinero a los efectos de evitar el debido control del servicio aduanero sobre las mercaderías».

En las escuchas telefónicas incorporadas en el expediente, se desprende que los sospechosos cobraban el pago de una coima en dólares a los pasajeros que ingresaban en el país productos de electrónica y ropa, cuyo monto superaba los 300 dólares de la franquicia aduanera.

La suma de dinero que abonaban a la asociación ilícita dependía de la cantidad de mercadería que tenían en el equipaje.

Una de las modalidades que utilizaba la organización criminal, según consta en el expediente, era retirar de los aviones a los pasajeros en sillas de ruedas, simulando una «afección física» y así poder llevar adelante sin problema el plan para eludir los controles.

La causa judicial comenzó en 2012, cuando «se puso en conocimiento una serie de supuestos delitos ocurridos en el salón de equipajes del aeropuerto internacional de Ezeiza», según informaron fuentes judiciales.

En las últimas horas, Aguinsky procesó sin prisión preventiva a 15 sospechosos, les embargó los bienes hasta cubrir la suma de $ 600.000 (argentinos) y les prohibió salir del país.

En su resolución de 225 páginas, Aguinsky no sólo analizó el accionar de los procesados al afirmar que «la conducta de algunos de los funcionarios públicos y del personal autorizado para concurrir y permanecer en el área de equipajes tuvo como resultado desviar sumas que deberían engrosar el erario público, en su propio beneficio y provecho», sino que también hizo una apreciación sobre el papel de los pasajeros, a los que criticó porque «ávidos de eludir los controles y el pago de esos impuestos recurrieron a la organización ilícita».

Antes de detallar los hechos imputados a la banda criminal, Aguinsky explicó en su fallo uno de los objetivos de la investigación: «Lo que se trata de proteger con las figuras legales que se aplican en este caso es, no sólo la renta fiscal, sino también la vigencia de un principio de fuente constitucional que podría llamarse de «igualdad de bolsillo» de todos los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales».

De los 15 procesados, tres trabajan en la Direccional General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); dos eran integrantes de la PSA, y uno de la ANAC. Los restantes eran maleteros, vigiladores privados y empleados de empresas contratadas para asistir a los pasajeros.

Los tres empleados de la Aduana fueron separados de sus cargos y hoy cumplen tareas administrativas hasta que la Justicia resuelva la situación procesal de cada uno de ellos.

El modus operandi de la organización estaba tan aceitado que los pasajeros que querían evadir los controles se comunicaban o tenían reuniones con los sospechosos para avisarles el día del viaje y el número de vuelo para poder arreglar cómo pasarían los controles aduaneros sin tener que pagar los impuestos correspondientes.

Según informó una fuente judicial, una vez aterrizado el avión los acusados se encargaban de acompañar a los pasajeros hasta un escáner en especial, donde un contacto de la organización «hacía la vista gorda» sobre la cantidad de mercadería que había en el equipaje.

Uno de los casos que llamó la atención de los investigadores ocurrió en febrero de 2013, en un vuelo arribado desde los Estados Unidos. Uno de los procesados, empleado de una empresa de contratación para el servicio de asistencia a los viajeros, quedó registrado por las cámaras de seguridad trasladando a una mujer en sillas de ruedas. La pasajera tenía tres valijas que pasaron sin ningún problema por el escáner y, una vez que estaba en el hall, se puso de pie y «comenzó a empujar su propio y voluminoso equipaje sin ningún tipo de problemas».

Según pudo saber La Nación de fuentes judiciales, en plena etapa de investigación, el juez Aguinsky citó a las máximas autoridades de la PSA y de la Dirección General de Aduanas para que tomen las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir hechos similares.

«Fue una larga investigación. Es un problema que se da con cierta regularidad. Dentro de la fuerza saben que nosotros no tenemos contemplaciones; el que hizo mal las cosas, pierde», afirmó a La Nación una calificada fuente de la PSA.

a Justicia procesó a 15 sospechosos de integrar una asociación ilícita conformada por empleados de la Aduana, de la ANAC, oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, maleteros y custodios; exigían a los pasajeros un pago en dólares.
No les importaba que sus movimientos sospechosos fueran registrados por la gran cantidad de cámaras de seguridad instaladas en la zona donde trabajaban. Suponían que todos los detalles estaban cubiertos y que el plan criminal no corría riesgos. Pero se equivocaron. Después de una investigación de casi dos años, la Justicia desbarató una asociación ilícita que operaba en el aeropuerto internacional de Ezeiza. La banda se dedicaba a ingresar en el país mercadería de pasajeros eludiendo los controles aduaneros, a cambio del pago de un «cachet» en dólares.
La organización criminal estaba integrada por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), empleados de la Dirección General de Aduanas y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), maleteros, trabajadores de compañías contratadas para asistir a los pasajeros y custodios de empresas de seguridad privada.
Una investigación del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y de detectives de la PSA permitió poner al descubierto a los sospechosos. Según el expediente judicial, al que tuvo acceso La Nación, «los acusados participaron tanto por sí mismos como por medio de terceras personas en los hechos que involucraron la recepción de dinero a los efectos de evitar el debido control del servicio aduanero sobre las mercaderías».
En las escuchas telefónicas incorporadas en el expediente, se desprende que los sospechosos cobraban el pago de una coima en dólares a los pasajeros que ingresaban en el país productos de electrónica y ropa, cuyo monto superaba los 300 dólares de la franquicia aduanera.
La suma de dinero que abonaban a la asociación ilícita dependía de la cantidad de mercadería que tenían en el equipaje.
Una de las modalidades que utilizaba la organización criminal, según consta en el expediente, era retirar de los aviones a los pasajeros en sillas de ruedas, simulando una «afección física» y así poder llevar adelante sin problema el plan para eludir los controles.
La causa judicial comenzó en 2012, cuando «se puso en conocimiento una serie de supuestos delitos ocurridos en el salón de equipajes del aeropuerto internacional de Ezeiza», según informaron fuentes judiciales.
En las últimas horas, Aguinsky procesó sin prisión preventiva a 15 sospechosos, les embargó los bienes hasta cubrir la suma de $ 600.000 (argentinos) y les prohibió salir del país.
En su resolución de 225 páginas, Aguinsky no sólo analizó el accionar de los procesados al afirmar que «la conducta de algunos de los funcionarios públicos y del personal autorizado para concurrir y permanecer en el área de equipajes tuvo como resultado desviar sumas que deberían engrosar el erario público, en su propio beneficio y provecho», sino que también hizo una apreciación sobre el papel de los pasajeros, a los que criticó porque «ávidos de eludir los controles y el pago de esos impuestos recurrieron a la organización ilícita».
Antes de detallar los hechos imputados a la banda criminal, Aguinsky explicó en su fallo uno de los objetivos de la investigación: «Lo que se trata de proteger con las figuras legales que se aplican en este caso es, no sólo la renta fiscal, sino también la vigencia de un principio de fuente constitucional que podría llamarse de «igualdad de bolsillo» de todos los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales».
De los 15 procesados, tres trabajan en la Direccional General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); dos eran integrantes de la PSA, y uno de la ANAC. Los restantes eran maleteros, vigiladores privados y empleados de empresas contratadas para asistir a los pasajeros.
Los tres empleados de la Aduana fueron separados de sus cargos y hoy cumplen tareas administrativas hasta que la Justicia resuelva la situación procesal de cada uno de ellos.
El modus operandi de la organización estaba tan aceitado que los pasajeros que querían evadir los controles se comunicaban o tenían reuniones con los sospechosos para avisarles el día del viaje y el número de vuelo para poder arreglar cómo pasarían los controles aduaneros sin tener que pagar los impuestos correspondientes.
Según informó una fuente judicial, una vez aterrizado el avión los acusados se encargaban de acompañar a los pasajeros hasta un escáner en especial, donde un contacto de la organización «hacía la vista gorda» sobre la cantidad de mercadería que había en el equipaje.
Uno de los casos que llamó la atención de los investigadores ocurrió en febrero de 2013, en un vuelo arribado desde los Estados Unidos. Uno de los procesados, empleado de una empresa de contratación para el servicio de asistencia a los viajeros, quedó registrado por las cámaras de seguridad trasladando a una mujer en sillas de ruedas. La pasajera tenía tres valijas que pasaron sin ningún problema por el escáner y, una vez que estaba en el hall, se puso de pie y «comenzó a empujar su propio y voluminoso equipaje sin ningún tipo de problemas».
Según pudo saber La Nación de fuentes judiciales, en plena etapa de investigación, el juez Aguinsky citó a las máximas autoridades de la PSA y de la Dirección General de Aduanas para que tomen las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir hechos similares.
«Fue una larga investigación. Es un problema que se da con cierta regularidad. Dentro de la fuerza saben que nosotros no tenemos contemplaciones; el que hizo mal las cosas, pierde», afirmó a La Nación una calificada fuente de la PSA.
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