El Estado y la interrupción de la prescripción de deudas

La prescripción de los tributos adeudados ante el fisco puede darse por cinco motivos, el pago, la compensación, la remisión, la confusión y prescripción. En este último caso, se establecen características especiales para que el cobro de un tributo por parte del estado se declare prescripto.
Según el artículo 38 del Código Tributario: “I) El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado; para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio económico”.
“El término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho”.
En ese aspecto, sostiene que desde que se produce el hecho generador del tributo, si pasan cinco años y no se exige el pago del mismo por parte del organismo recaudador el mismo queda prescripto. Aunque en el caso de que se haya constatado una irregularidad, el plazo para hacer frente a la obligación tendrá un término de diez años antes de que pueda ser declarado prescripto.
Al mismo tiempo, el artículo 39 del mismo texto normativo, establece las causas de interrupción de la prescripción, “El término de prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor; por cualquier pago o consignación total o parcial de la deuda, cuando ella proceda; por el emplazamiento judicial y por todos los demás medios del derecho común. En el tributo de sellos, el curso de la prescripción del derecho al cobro se interrumpirá también por la incautación de los resguardos incursos en infracción”.
En ese aspecto, cualquier notificación de parte de la administración contra el sujeto pasivo, interrumpirá la prescripción y el Estado siempre podrá perseguir el cobro de la deuda. Para poder asegurarse esta acción, la DGI y todos los organismos del Estado, automatizaron sus archivos y sistemas de información, por lo cual se le hace difícil al obligado poder prescribir su deuda por el paso del tiempo.
Ya que tarde o temprano, la notificación llega y el solo hecho de llegar a destino interrumpe la prescripción. El hecho genera dudas en cuanto a si el obligado a pagar la deuda al fisco, cambia de domicilio y no puede ser notificado debidamente por el organismo recaudador. En ese caso, operaría
la antigua postura de dar conocimiento al sujeto activo de cambio de domicilio, lo que podría generar un argumento válido para impedir la interrupción de la prescripción.
En tanto el artículo 40 del mismo código establece la suspensión de la prescripción, donde señala que “la interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o de acciones o recursos jurisdiccionales, suspenderá el curso de la prescripción hasta que se configure resolución definitiva ficta, se notifique la resolución definitiva expresa, o hasta que quede ejecutoriada la sentencia, en su caso”. Así que en tanto, no se expida la autoridad correspondiente sobre la validez o no de la misma, la prescripión queda en suspenso.

La prescripción de los tributos adeudados ante el fisco puede darse por cinco motivos, el pago, la compensación, la remisión, la

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

confusión y prescripción. En este último caso, se establecen características especiales para que el cobro de un tributo por parte del estado se declare prescripto.

Según el artículo 38 del Código Tributario: “I) El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado; para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio económico”.

“El término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho”.

En ese aspecto, sostiene que desde que se produce el hecho generador del tributo, si pasan cinco años y no se exige el pago del mismo por parte del organismo recaudador el mismo queda prescripto. Aunque en el caso de que se haya constatado una irregularidad, el plazo para hacer frente a la obligación tendrá un término de diez años antes de que pueda ser declarado prescripto.

Al mismo tiempo, el artículo 39 del mismo texto normativo, establece las causas de interrupción de la prescripción, “El término de prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor; por cualquier pago o consignación total o parcial de la deuda, cuando ella proceda; por el emplazamiento judicial y por todos los demás medios del derecho común. En el tributo de sellos, el curso de la prescripción del derecho al cobro se interrumpirá también por la incautación de los resguardos incursos en infracción”.

En ese aspecto, cualquier notificación de parte de la administración contra el sujeto pasivo, interrumpirá la prescripción y el Estado siempre podrá perseguir el cobro de la deuda. Para poder asegurarse esta acción, la DGI y todos los organismos del Estado, automatizaron sus archivos y sistemas de información, por lo cual se le hace difícil al obligado poder prescribir su deuda por el paso del tiempo.

Ya que tarde o temprano, la notificación llega y el solo hecho de llegar a destino interrumpe la prescripción. El hecho genera dudas en cuanto a si el obligado a pagar la deuda al fisco, cambia de domicilio y no puede ser notificado debidamente por el organismo recaudador. En ese caso, operaría

la antigua postura de dar conocimiento al sujeto activo de cambio de domicilio, lo que podría generar un argumento válido para impedir la interrupción de la prescripción.

En tanto el artículo 40 del mismo código establece la suspensión de la prescripción, donde señala que “la interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o de acciones o recursos jurisdiccionales, suspenderá el curso de la prescripción hasta que se configure resolución definitiva ficta, se notifique la resolución definitiva expresa, o hasta que quede ejecutoriada la sentencia, en su caso”. Así que en tanto, no se expida la autoridad correspondiente sobre la validez o no de la misma, la prescripión queda en suspenso.







Recepción de Avisos Clasificados