El IVA rosa en Argentina cuestionado en el Congreso de la mano del feminismo

Marina Guillén. Buenos Aires, 25 feb (EFE).- Muchas mujeres lo pagan sin saber si quiera que lo hacen. Es el impuesto rosa, un incremento histórico del precio de productos utilizados solo por el género femenino que abarcan desde la regulación menstrual a medicinas, artículos “rosa” que un proyecto de ley en Argentina cuestiona si son una necesidad que el Estado, y no ellas, debe cubrir.
La tasa o impuesto rosa nació en Francia cuando un grupo de mujeres detectó un sobreprecio en artículos femeninos, como cuenta en una entrevista con Efe la economista y escritora argentina Mercedes d’Alessandro.
“Empezamos a trabajar con otro aspecto del Pink Task (impuesto rosa), que es la menstruación”, transmite la integrante de Economía Femini(s)ta, una organización que estudia económicamente la situación de la mujer, quien defiende que el precio actual de las compresas, tampones o copas menstruales son “impuestos por ser mujer”.
Cada año se gasta entre 700 y 1.000 pesos (entre 35 y 50 dólares) “solamente por el hecho de menstruar”, detalla, por lo que iniciaron una campaña en la que pidieron eliminar el 21 % de IVA del país sudamericano.
“Es una campaña que está en varios lugares del mundo. En Colombia, por ejemplo, está la menstruación libre de impuestos; en Estados Unidos se pagaba un impuesto como si fueran bienes de lujo”, indica, y señala que allí se consideraba que los usados para la gestión menstrual eran productos cosméticos y no cotidianos.
También en Estados Unidos se usaban como moneda de canje en las cárceles, por lo que el Gobierno estadounidense optó por proveerlos gratuitamente entre las presas. Este es uno de los aspectos que recupera uno de los dos proyectos de ley propuestos por las diputadas Raquel Vivanco y Victoria Donda, que consideran que este alto costo aumenta la brecha social y de género.
“Las mujeres pagamos por ser mujeres un impuesto y productos que los hombres no, y dentro de las mujeres quienes menos dinero y recursos tienen son las que tienen que recurrir a productos de menor calidad o a trapos o a cosas que no garanticen su salubridad”, afirma Vivanco.
Al no ser de higiene personal sino ligados a la salud, dice, es el ministerio de Salud quien debe facilitarlos en las cárceles y a mujeres en situación de calle, aunque, junto con otro que propone eliminar dicho IVA, ambos proyectos continúan a la espera de convertirse en ley en la provincia de Buenos Aires.
“Los presentamos en el Congreso de la Nación y ninguno de los dos tuvo tratamiento aún, tenemos un año más para que tengan el curso institucional que corresponde y puedan llegar al recinto”, reconoce la presidenta del Observatorio Ni Una Menos de Argentina.
Ambas iniciativas llamaron la atención del Congreso, pero según Vivanco, cuenta con el apoyo de muy pocas legisladoras.
“En Argentina solo el 37 % de las bancas nacionales están ocupadas por mujeres”, recuerda.
El especialista en marketing y comunicación Damián di Pace cree que el Estado debe intervenir en la economía cuando “ve que hay una desigualdad de género”.
Desde la consultora que dirige, Focus Market, comenzaron hace dos años a publicar los primeros relevamientos en Argentina sobre la diferencia de precios para los diferentes géneros, que además coincidieron con el auge de movimientos sociales como “Ni una menos”.
“Nos parecía muy interesante, parecía que estas diferencias de precio no estaban si quiera contempladas por la propia mujer, que no se daba cuenta que estaba pagando más por un mismo producto con similares atributos pero con notable diferencia”, comenta Di Pace, y añade que este hecho era también “una violencia económica hacia el propio género”.
La intervención estatal, aprobando la propuesta de ley, implicaría un proceso histórico contra una desigualdad probada, que, para Di Pace, que diferenciaría los deseos de las consumidoras de sus necesidades.
“Que uno pague IVA por las toallitas femeninas (compresas) cuando es una necesidad permanente con un ciclo determinado, ya se convierte en un lugar donde el Estado debería estar protegiendo al género”, apostilla el experto. EFE







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