El Poder Judicial carece totalmente de autonomía

La independencia técnica del Poder Judicial en cuanto a sus actuaciones son una realidad, pero cuando hablamos de

Hugo Lemos

Hugo Lemos

autonomía, estamos frente a un mito, al menos en nuestro país y eso en cierta medida opera en desmedro del Estado de Derecho, que en el caso uruguayo, como en la mayoría de los regímenes democráticos no debería ocurrir.
Nuestro régimen republicano de gobierno tomó para sí la teoría del Barón de Montesquieu, uno de los iluminados de la época de la Ilustración en el Siglo XVIII en Francia, el cual establecía que en un Estado deben existir tres poderes autónomos e independientes entre sí: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Y dijo Montesquieu en 1784: “En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará Poder Judicial; y el otro, simplemente, Poder Ejecutivo del Estado (…)”.
Sin embargo, esta premisa que determinó la composición de un Estado democrático no se cumple, porque en el Uruguay el Poder Judicial depende de los poderes Ejecutivo y Legislativo para dos cosas sustanciales que hacen a su funcionamiento.
El Ejecutivo tiene incidencia directa sobre el Poder Judicial porque le fija la manera en que va a funcionar, ya que es el encargado de repartir el dinero que entra a las arcas del Estado y decide cuánto le da al Poder Judicial. Es decir, es el que reparte y el que decide qué dinero va para cada rincón del Estado.
Si entiende que la justicia debe funcionar con 10 pesos, le da 10 pesos y si entiende que es mejor darle 20, también se los otorga. No es el Poder Judicial el que elabora su propio presupuesto y remite al Ejecutivo sus necesidades con la finalidad de que las mismas sean contempladas y respetadas algo que debería ser así si nos basamos en su naturaleza y por ende respetáramos su autonomía. Por el contrario, sus peticiones ni siquiera son tenidas en cuenta. Eso es más que ignorar a un Poder del Estado, es desconocerlo.
Por otro lado, el Poder Legislativo es el que termina decidiendo cuánto dinero tendrá para su funcionamiento el Poder Judicial y en ese aspecto. cómo va a seguir funcionando por el resto del período. Pero además, el Legislativo hace algo más complejo aún, es el que fija quiénes serán las autoridades de ese poder del Estado, porque es el que aprueba los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Encima lo hacen por acuerdo político, ni siquiera deciden ese delicado tema basados en una cuestión de trayectoria.
En ese aspecto, el Poder Judicial no solamente carece de autonomía para fijar su presupuesto, sino que además depende de que el poder político le elija a sus autoridades. Las cosas están mal hechas y así han sobrevenido los distintos gobiernos sin meterle mano al asunto. Es algo que está tan mal, como un artículo del Código Penal que deja entrever que la huelga de los funcionarios públicos son un delito, pero de esta cuestión, hablaremos la próxima semana.







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