El turismo tiene una ley que lo proteja

Una nueva ley, promulgada por el Poder Ejcutivo en el mes de agosto y que fue sancionada con el Nº 19.253, define, regula y determina la actividad turística. Es decir, el Uruguay hizo una ley donde establece qué es el turismo, cuáles deben ser sus cometidos, cuál es su concepto legal, qué derechos debe otorgar y cómo debe fijarse un plan de turismo que tenga alcance universal, ya que desde ahora y por ley, el turismo en Uruguay, es considerado un derecho humano.
Además la citada ley señala entre otras cosas, las competencias que debe tener el gobierno en esta materia.
En su artículo 1º la ley de marras sostiene que “Declárase que el turismo es una actividad de interés nacional en la medida que constituye: 1º) un trascendente factor de desarrollo cultural, económico y social, tanto parta las naciones como colectivos, como para los individuos en particular. B) Una manifestación del derecho humano al esparcimiento, al conocimiento y a la cultura. C) Una decidida contribución al entendimiento mutuo entre individuos y naciones. D) El ámbito más adecuado para demostrar que el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente es posible con el compromiso de la sociedad toda y la firme convicción en tal sentido del Estado”.
En este primer artículo, la ley deja sentado que el espíritu del legislador en su elaboración es definir al turismo como una actividad importante en la vida de los individuos y promover asimismo, una sinergia entre todas las partes para hacerlo posible. Además de establecer que el mismo es una muestra de desarrollo entre los fines que persigue el turismo como actividad económica y el cuidado por el medio ambiente.
Asimismo, la mencionada norma sostiene que “tiene por finalidad regular la actividad de los actores del quehacer turístico y establecer los límites para asegurar la sustentabilidad de la actividad”.
Y en la enumeración de sus principios generales señala el de subsidiariedad remarcando que la actividad turística “es estricta y fundamentalmente de carácter privado, pero que el Estado puede intervenir en la misma cuando un servicio no pueda ser prestado por un particular, o cuando medien razones de interés general”.
Lo que determina que el Estado básicamente debe abstenerse de prestar servicios ya que después será el controlador de este tipo de actividades y el regulador del quehacer entre sus actores.
Y además, la ley 19.253 define al turismo como “el conjunto de actividades lícitas de esparcimiento, ocio, recreación, negocios u otros motivos, desarrolladas por personas o grupos de personas, fuera del lugar de su residencia habitual, con la nota de temporalidad y voluntariedad, siendo turista la persona que desarrolla dichas actividades”.
Es decir la persona que sale temporalmente de su lugar de residencia por su voluntad, para disfrutar de momentos de ocio, esparcimiento, recreación, negocios y otros motivos que lo haya llevado hasta un lugar determinado que no es su lugar de residencia, en forma temporal, es legalmente un turista.
A su vez se establece como prestaciones turísticas las actividades de personas físicas o jurídicas que tiendan a satisfacer las necesidades de los turistas. Y señala que las actividades que sean prestadas dentro del ámbito turístico, serán reputadas como tales salvo que haya prueba de que no lo sean.
La ley de 41 artículos establece las obligaciones del Estado, que debe garantizar el cumplimiento de este derecho humano dotando de infraestructura al país para su cumplimiento, como los servicios esenciales de seguridad, transporte e infraestructura, mientras que para el sector privado crea un registro de prestadores de servicios turísticos.
En ese aspecto, el Ministerio de Turismo pasa a ser un actor esencial en este ámbito con obligaciones importantes a la hora de tomar decisiones, pero también para facilitar y mejorar las relaciones turísticas entre los prestadores de servicios y los turistas.
Además de buscar las sinergias adecuadas para potenciar los servicios y colaborar con la infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de este derecho humano y que tanto aporta al desarrollo económico del país.

Una nueva ley, promulgada por el Poder Ejcutivo en el mes de agosto y que fue sancionada con el Nº 19.253, define, regula y determina la actividad turística. Es decir, el Uruguay hizo una ley donde establece qué es el turismo, cuáles deben ser sus cometidos, cuál es su concepto legal, qué derechos debe otorgar y cómo debe fijarse un plan de turismo que tenga alcance universal, ya que desde ahora y por ley, el turismo en Uruguay, es considerado un derecho humano.

Además la citada ley señala entre otras cosas, las competencias que debe tener el gobierno en esta materia.

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

En su artículo 1º la ley de marras sostiene que “Declárase que el turismo es una actividad de interés nacional en la medida que constituye: 1º) un trascendente factor de desarrollo cultural, económico y social, tanto parta las naciones como colectivos, como para los individuos en particular. B) Una manifestación del derecho humano al esparcimiento, al conocimiento y a la cultura. C) Una decidida contribución al entendimiento mutuo entre individuos y naciones. D) El ámbito más adecuado para demostrar que el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente es posible con el compromiso de la sociedad toda y la firme convicción en tal sentido del Estado”.

En este primer artículo, la ley deja sentado que el espíritu del legislador en su elaboración es definir al turismo como una actividad importante en la vida de los individuos y promover asimismo, una sinergia entre todas las partes para hacerlo posible. Además de establecer que el mismo es una muestra de desarrollo entre los fines que persigue el turismo como actividad económica y el cuidado por el medio ambiente.

Asimismo, la mencionada norma sostiene que “tiene por finalidad regular la actividad de los actores del quehacer turístico y establecer los límites para asegurar la sustentabilidad de la actividad”.

Y en la enumeración de sus principios generales señala el de subsidiariedad remarcando que la actividad turística “es estricta y fundamentalmente de carácter privado, pero que el Estado puede intervenir en la misma cuando un servicio no pueda ser prestado por un particular, o cuando medien razones de interés general”.

Lo que determina que el Estado básicamente debe abstenerse de prestar servicios ya que después será el controlador de este tipo de actividades y el regulador del quehacer entre sus actores.

Y además, la ley 19.253 define al turismo como “el conjunto de actividades lícitas de esparcimiento, ocio, recreación, negocios u otros motivos, desarrolladas por personas o grupos de personas, fuera del lugar de su residencia habitual, con la nota de temporalidad y voluntariedad, siendo turista la persona que desarrolla dichas actividades”.

Es decir la persona que sale temporalmente de su lugar de residencia por su voluntad, para disfrutar de momentos de ocio, esparcimiento, recreación, negocios y otros motivos que lo haya llevado hasta un lugar determinado que no es su lugar de residencia, en forma temporal, es legalmente un turista.

A su vez se establece como prestaciones turísticas las actividades de personas físicas o jurídicas que tiendan a satisfacer las necesidades de los turistas. Y señala que las actividades que sean prestadas dentro del ámbito turístico, serán reputadas como tales salvo que haya prueba de que no lo sean.

La ley de 41 artículos establece las obligaciones del Estado, que debe garantizar el cumplimiento de este derecho humano dotando de infraestructura al país para su cumplimiento, como los servicios esenciales de seguridad, transporte e infraestructura, mientras que para el sector privado crea un registro de prestadores de servicios turísticos.

En ese aspecto, el Ministerio de Turismo pasa a ser un actor esencial en este ámbito con obligaciones importantes a la hora de tomar decisiones, pero también para facilitar y mejorar las relaciones turísticas entre los prestadores de servicios y los turistas.

Además de buscar las sinergias adecuadas para potenciar los servicios y colaborar con la infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de este derecho humano y que tanto aporta al desarrollo económico del país.







Recepción de Avisos Clasificados